El Gobierno destinará 500 millones a la rehabilitación de patrimonio histórico para impulsar el turismo rural

El Gobierno tiene ante sí el mayor reto del país de las últimas décadas. Lleva meses trabajando en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un texto que ya ha remitido a Bruselas y en el que se marcan las líneas maestras de la España del futuro. La estrategia dedica un capítulo al sector turístico en el que incluye una inversión de 500 millones de euros para rehabilitar patrimonio histórico con uso turístico por todo el territorio español. De esta forma, defienden fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se pretende diversificar la oferta y desarrollar reclamos en zonas de interior y rurales del país.

“La selección de los proyectos se realizará teniendo en cuenta la viabilidad y calidad de la inversión, así como el impacto sobre la eficiencia energética y la importancia de la intervención para la oferta turística del destino”, explica el documento. Para estas reformas, el texto incluye a modo de ejemplo el tipo de bienes que se podrían beneficiar, ya sean de titularidad pública o privada, aunque todavía sigue en fase de estudio y no está cerrado el catálogo final. Como ejemplo pone la propuesta para rehabilitar el Castillo de los Obispos de Sigüenza (proyecto valorado en 12 millones de euros), que pertenece a la red de Paradores, reconstruido en el siglo XII y rehabilitado por el Estado a finales de los setenta. Otra de las opciones está en Úbeda con la rehabilitación de un palacio renacentista del siglo XVI en pleno casco histórico (7 millones).

Hay otras opciones sobre la mesa, por ejemplo en León el Hostal de San Marcos (20 millones), que también pertenece a Paradores, entidad pública que ha presentado varias alternativas. “Algunos de nuestros edificios encajarían a priori en los fondos, los que son patrimonio histórico, aunque todavía no sabemos nada”, dicen fuentes de la compañía. En total, el Ejecutivo espera realizar unas 50 reformas hasta 2023: “Las actuaciones pretenden estar distribuidas a lo largo del territorio para atraer turismo a destinos no consolidados. Se prevén actuaciones en la práctica totalidad de las 52 provincias de España”, añade el texto.

El plan de recuperación cuenta con una treintena de “componentes” en los que se dividen las áreas principales que recogen las grandes reformas e inversiones a las que se compromete España. Uno de ellos, el 14, es el que trata las inversiones y proyectos que se llevarán a cabo para modernizar el sector turístico, entre las que destaca “la sostenibilidad de los destinos y productos turísticos, el fomento de la eficiencia energética y la economía circular en el sector y con ello su descarbonización, la preservación del patrimonio histórico de uso turístico, la ordenación y coordinación del mercado de viviendas de uso turístico, la puesta en marcha de planes de resiliencia específicos en destinos extrapeninsulares, la transformación digital del sector turístico o el fortalecimiento del comercio en zonas turísticas, así como impulsar la economía de la España vaciada, o rural, a partir del aprovechamiento de sus recursos naturales”.

Como parte de la mejora de la competitividad se encuadra la rehabilitación de bienes de interés cultural, muchos de ellos patrimonio público. “Es fundamental mejorar la capacidad que el patrimonio histórico y cultural español tiene para seguir atrayendo a turistas en todo el territorio. En el ámbito del producto turístico, para mantener altos índices de competitividad a nivel internacional resulta fundamental continuar atrayendo turistas a partir de una diversificación de las experiencias que el turista puede disfrutar”, incide el documento. Esta iniciativa la justifica además por el auge en los últimos años de los viajes motivados por el turismo cultural (unos 14,5 millones en 2019), que han crecido un 17% entre 2016 y 2019. “La estrategia turística que orienta este componente pretende reforzar las experiencias complementarias a los tradicionales flujos vinculados al sol y playa”, insiste el texto en otro de sus grandes objetivos: que el turismo español deje de depender tanto del litoral.

Inversión privada

Las inversiones para mantener, conservar y rehabilitar el patrimonio histórico con uso turístico pueden requerir asimismo la coinversión por parte de entidades privadas. Es decir, un compromiso de aportar una parte de la cuantía del proyecto para que así se pueda movilizar una mayor inversión total. “Podrá requerirse la coinversión de empresas en hasta un 20% del impacto total del proyecto y justificación anual del grado de ejecución. Como complemento, se elaborará una guía para la conservación sostenible del patrimonio histórico de uso turístico”, indica el documento.

Con esto, el ministerio que dirige Reyes Maroto espera contribuir a la diversificación y desestacionalización del sector, así como a combatir la despoblación en zonas del interior. Para ello, este no será el único programa que iría en esta dirección. Sobre la desconcentración se destaca la importancia de crear nuevos reclamos para los visitantes: “Desarrollar productos y destinos para atraer a turistas a nuevos destinos rurales o de interior, disminuyendo la presión sobre destinos pioneros, especialmente mediante la protección del entorno natural y del patrimonio histórico y cultural. Con ello se atenderá a un objetivo fundamental como es el reto demográfico”.

España cuenta con 17.199 bienes de interés cultural, según recoge el plan, que están repartidos por todo el país, “especialmente en áreas rurales o de interior”. Así, destaca, con un mantenimiento adecuado, permitirá a estos destinos “promocionarse y atraer turistas ofreciéndoles visitas o alojamientos en estos bienes inmuebles y mejorando sus indicadores socioeconómicos, como el desarrollo local y el empleo”. Fuentes ministeriales añaden que hay muchas ciudades que se pueden posicionar mejor y “ser destinos muy apetecibles para visitas de fin de semana”. Los 500 millones que recoge el plan como inversión objetivo se repartirán en tres años: para este ejercicio 149,5 millones, 250 millones en 2022 y 100 millones en 2023 (los 0,5 millones restantes son para la elaboración de la guía).