Las comunidades dispondrán de más recursos que nunca en 2022: recibirán 112.213 millones del sistema de financiación
Hacienda transferirá a las autonomías unos 3.000 millones para compensar el impacto que tuvo en sus cuentas el cambio del sistema de gestión del IVA en 2017, tras una sentencia del Supremo que da la razón a las autonomías
Las comunidades autónomas recibirán el próximo año adelantos a cuenta del sistema de financiación por valor de 112.213 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,3% respecto al presente ejercicio. Se trata de la mayor cantidad de dinero desde que se empezó a aplicar el sistema de reparto de fondos públicos para que las comunidades puedan gestionar los servicios públicos transferidos, como la sanidad, la educación, o las prestaciones sociales, entre otros. Ha sido uno de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el cónclave donde los consejeros regionales y la ministra de Hacienda debaten los asuntos económicos, donde ha caído una lluvia de dinero a las comunidades. Además, de los anticipos del sistema de financiación, Hacienda perdonará 3.900 millones de las liquidaciones negativas del año 2020 y transferirá otros 3.000 millones por el IVA pendiente de 2017.
El CPFF se ha celebrado este miércoles de forma telemática, después de un año sin convocarse, para aprobar los objetivos de déficit público del próximo año, marcado por el Gobierno en el 0,6% del PIB para las comunidades, una décima menos que lo previsto para este año. En el orden del día también estaba previsto acordar el reparto de los 13.500 millones de euros del fondo para la covid-19, la inyección de dinero que transfiere el Estado central a las autonomías para aliviar el incremento de gastos derivados de la pandemia. Las autonomías son las responsables de la prestación de los servicios sanitarios y las que más están cargando con la gestión de la pandemia. “El dinero se distribuirá por el criterio de población ajustada, la opción que eligieron la mayoría de comunidades autónomas”, explican fuentes presentes en la reunión.
El criterio de población ajustada es una variable que tiene en cuenta factores como la edad de la población o la superficie y que se aplica ya en el reparto del grueso de los fondos del sistema de financiación. El pasado mayo Hacienda consultó a las comunidades sobre qué criterios preferían emplear para repartir la transferencia extraordinaria de 13.486 millones que se comprometió a inyectarles. El departamento dirigido por María Jesús Montero les ofreció dos opciones: el peso relativo del PIB o la participación relativa de cada comunidad en la población ajustada. Y la mayoría de las comunidades se decantaron por esta última. El 70% de estos recursos se entregarán en septiembre y el 30% restante, en noviembre.
El encuentro se preveía tenso por la nueva ofensiva de los consejeros populares con la gestión de la ministra de Hacienda. Además, por primera vez los focos (virtuales) estaban puestos en el nuevo consejero catalán de Economía y Hacienda, Jaume Giró, de Junts, que anunció su asistencia después de que en los últimos cuatro años los consejeros catalanes hayan rechazado asistir al órgano multilateral. “Ha tenido un papel muy activo”, ha destacado la ministra María Jesús Montero.
Durante la reunión, la ministra de Hacienda también ha anunciado que en 2022 transferirá unos 3.000 millones de euros a las comunidades para paliar el perjuicio económico que les supuso el cambio normativo por la entrada en funcionamiento en 2017 del sistema de gestión del IVA aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este nuevo sistema, denominado Suministro Inmediato de Información (SII IVA), consiste en que las grandes empresas tienen que informar a la Agencia Tributaria de sus operaciones de compra venta en menos de cuatro días. El cambio se hizo hace cuatro años y provocó que al repartir los fondos recaudados por IVA de ese año las comunidades perdieran un mes de ingresos en favor del Estado. La actual ministra de Hacienda se ha resistido desde entonces a devolver ese dinero a las comunidades. Los consejeros regionales se lo han reclamado insistentemente, e incluso recurrieron a los tribunales. Ahora, tras una decisión del Tribunal Supremo que da la razón a dos comunidades, Castilla y León y Galicia, Hacienda anuncia la transferencia de estos 3.000 millones de euros pendientes.
La reunión celebrada este miércoles ha sido tensa por el malestar de algunos consejeros con el reparto de los fondos. El consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, lamentó que la reunión “llega tarde y mal”. Y reclamó que se reserven 4.200 millones de euros del fondo covid 2021 para las autonomías peor financiadas. La Comunidad Valenciana y Andalucía también han reclamado que se tenga en cuenta su infrafinanciación por habitante.
La ministra de Hacienda transferirá además alrededor de 3.900 millones de euros para cubrir las liquidaciones negativas de 2020. En el sistema de financiación autonómica, el Estado anticipa cada año a las comunidades los recursos en función de la previsión de recaudación de los impuestos cedidos. A los dos años se liquida el sistema y las autonomías han de devolver el dinero si la recaudación es inferior a los anticipos, como ocurrió con la financiación de 2020, cuando se les concedió fondos como si la economía estuviese creciendo un 1,6%, y que se tendría que reintegrar en 2022. Así que el Gobierno ha decidido compensar esta liquidación negativa. Otras veces se ha aplazado a 20 años, ha recordado la ministra María Jesús Montero. Y ha añadido que gracias a todas estas decisiones las comunidades mantendrán la misma capacidad de gasto que en la pandemia.
El próximo lunes 2 de agosto el Ministerio de Hacienda celebrará con los comunidades una conferencia sectorial específica para tratar los fondos europeos, de los que las autonomías tendrán que gastar una parte importante.
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