España propondrá a la UE no incluir la inversión verde y digital en el déficit y hacer permanente el Fondo de Recuperación

Norte-Sur, acreedores-deudores, Alemania-Francia. Los dos grandes debates de política económica de los próximos tiempos —la estrategia del BCE y las nuevas reglas fiscales europeas— reproducen ese viejo enfrentamiento, que reaparece puntualmente desde el diseño del euro, en los años noventa, convertido en una guerra de baja intensidad salpicada con episodios durísimos como la crisis del euro. Entonces Alemania ganó la partida: endureció las reglas, utilizó la disciplina de mercado cuando hizo falta y provocó una doble recesión con una sobredosis de austeridad. Ese último arreón dejó unas reglas indescifrables —la Comisión Europea publica regularmente un vademécum para tratar de explicarlas que en su última versión tiene 108 páginas incomprensibles hasta para los propios funcionarios— y pensadas para un mundo que ha desaparecido, de tipos de interés moderadamente positivos, inflación moderadamente alta y crecimientos igualmente moderados pero sólidos. La crisis asociada al coronavirus ha acabado de hacer saltar por los aires todo eso, aunque solo sea porque las deudas públicas están muy lejos de los listones fijados en Maastricht (60% del PIB, que España más que duplica) y tardarán muchos años en volver ahí. En Bruselas hay consenso acerca de que hay que reformar las reglas. Pero el acuerdo empieza y termina en ese deseo: el Norte ha dado el primer golpe con un documento que firman ocho ministros de la UE y que básicamente busca dejar las cosas prácticamente como están, y, a la espera de las elecciones en Alemania, el Sur tiene una opinión muy distinta: Francia quiere ambición, la Italia de Draghi empuja a favor de una reformulación menos austericida, y España se sumará a ese flanco con una propuesta que se empieza a cocinar en el Tesoro y el Ministerio de Economía.

El debate es endiabladamente complejo, pero en la futura propuesta española ganan cuerpo cuatro ideas fuerza, según las fuentes consultadas en Bruselas y Madrid. Una: una regla de gasto, con un objetivo de deuda a medio plazo que sirva como ancla para la política fiscal de los Gobiernos, y con una cláusula de escape para situaciones excepcionales como la pandemia. El objetivo sería recuperar márgenes para la política fiscal, que tanto ahora como en la Gran Recesión ha sido mucho más cautelosa que en EE UU. Dos: una regla de oro para dejar fuera del cómputo del déficit las inversiones verdes y de digitalización, en la línea de los dos objetivos del Fondo Europeo de Recuperación. Italia viene pidiendo algo similar desde hace años, ante la constatación de que cuando vienen curvas lo primero que se hace es recortar las inversiones; fuentes de Economía confían en que el vector verde “rompa completamente la dinámica Norte-Sur”. Tres: dar continuidad a todos los instrumentos temporales creados en los últimos tiempos para compartir riesgos (como el SURE, préstamos a tipos ventajosos para pagar las prestaciones por desempleo, y sobre todo el Fondo de Recuperación, financiado con deuda común). Y cuatro: lo que los anglosajones llaman ownership, evitar la desconexión entre quienes fijan los objetivos, la Comisión y el Consejo Europeo, y quienes asumen los costes políticos, los Gobiernos nacionales que tienen que imponer medidas en función de los criterios numéricos que salen de Bruselas. España pretende que los objetivos de déficit y deuda no sean cifras impuestas por Bruselas aplicando metodologías abstrusas basadas en criterios poco objetivos, como el crecimiento potencial. La idea es que cada Gobierno presente un plan a medio plazo al principio de la legislatura, con el visto bueno de Bruselas y de las autoridades fiscales independientes nacionales.

El problema de ese cuarto punto —y de los tres anteriores—, es lo que el Banco de España llama en un documento reciente al respecto su “factibilidad política”, con el Norte muy receloso en un debate que se ha convertido en una enorme piel de plátano política. Bruselas pretende dejar pasar las elecciones alemanas y llegar a la presidencia francesa de la UE antes de identificar un límite aceptable común. Pero las líneas rojas del Norte ya están claras: los halcones quieren simplificar las normas y dotarlas de más transparencia, pero poco más. El fiel de la balanza, Alemania, está atado de pies y manos por la cercanía de los comicios. Pero esa posición de los ortodoxos se topa con la ambición del Sur: el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, aseguraba el viernes que las nuevas reglas deben llevar a unas finanzas públicas “sólidas”, pero “sin matar el crecimiento”, como sucedió en la crisis del euro. Si el Pacto de Estabilidad se reactivara hoy los socios del euro deberían mantener un superávit fiscal del 1,1% del PIB (12.000 millones anuales en el caso español) durante 20 años para llegar al listón de deuda del 60% en las condiciones actuales, según el Banco de España: no hay una sola experiencia histórica de ese tenor.

La recuperación europea está en marcha. A pesar de la enorme incertidumbre, Europa reaccionó esta vez de forma muy distinta a la de 2010, con el bazuca del BCE, la suspensión de las reglas fiscales hasta 2023 y los casi 700.000 millones del Fondo. Y aun así acechan las rimas de la historia: “El gran riesgo es una retirada de estímulos prematura por un miedo a los problemas de sostenibilidad de la deuda. Ese pánico es excesivo: los tipos de interés están en mínimos, el crecimiento es bastante fuerte, va a haber inflación y eso diluye las deudas. No deberíamos persistir en el error”, apunta Paul de Grauwe, de la London School. De Grauwe cree que Europa no debe precipitarse en la activación de las reglas fiscales: en Bruselas se da por hecho que eso se hará en 2023, a pesar de que para entonces en algunos países las heridas de la crisis serán aún muy visibles. “No se pueden reactivar las reglas tal cual están porque se estaría condenando a los países a contraproducentes políticas de austeridad durante muchos años para llegar al mágico número del 60% de deuda sobre PIB”, afirma Federico Steinberg, del Real Instituto Elcano.

España e Italia apuntaron en una reunión reciente en Bruselas que la reforma de las reglas fiscales debería llegar antes de la desactivación de la cláusula de escape. El ala dura de la UE ya ha pronunciado el habitual nein al respecto: “La desactivación de la cláusula de escape y la reforma del Pacto de Estabilidad no deberían estar vinculadas. La calidad es más importante que la velocidad”, dice un texto impulsado por Austria y Holanda, los más halcones entre los halcones. “Llevamos cinco años con este debate: ese mensaje es desalentador”, según fuentes de Economía. “La Comisión debería presentar una propuesta ambiciosa, pero existe el riesgo de que alcanzar un acuerdo sea tan complicado que se termine con una reforma menor o incluso con el mantenimiento de las reglas actuales, aunque el brazo ejecutivo de la UE sea más flexible”, explica el economista Carlos Martínez Mongay. “Para que llegue una reforma ambiciosa es imprescindible que el Sur haga a la perfección sus deberes con el Fondo de Recuperación, gastando bien y haciendo las reformas en tiempo y forma”, advierten fuentes europeas, que hace unos meses pidieron a España que retrase su propuesta hasta al menos este otoño. Gastar bien y hacer reformas: ese aviso a navegantes tiene dos destinatarios. Uno de ellos es la Italia de Mario Draghi. El otro, la España de Pedro Sánchez.