Criptomonedas: ¿solución o problema?

Desde el nacimiento del bitcoin se han creado más de 9.000 criptomonedas. En cierta forma la situación recuerda a la Era de Libertad Bancaria de Estados Unidos anterior a 1863, donde cada banco emitía su propia moneda. En aquel momento quedó claro que el dinero producido privadamente no es un medio efectivo de intercambio y está sujeto a pánicos financieros.

Las criptomonedas se pueden dividir en dos grandes tipos. En primer lugar, están las criptomonedas fiduciarias, siendo el bitcoin la más conocida, aunque ether la ha superado en volumen de contratación. Estas monedas, basadas en técnicas criptográficas, son emitidas privadamente, sin ningún activo que las respalde y están denominadas en su propia unidad de cuenta. Asimismo, destaca su alta volatilidad. Además de los elevados riesgos que plantea como activo de inversión, el bitcoin supone un claro derroche energético, ya que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), consume un 0,36% de la electricidad mundial o, en otros términos, representa el consumo total de electricidad de países como Chile o Bélgica.

A pesar de estos problemas, se ha extendido la idea de que una cartera diversificada debería contener una pequeña proporción de criptomonedas y algunas entidades financieras han comenzado a ofrecer vehículos de inversión que las incluyen. Una significativa proporción de las transacciones en Robinhood, la aplicación de trading que causa sensación entre los pequeños inversores, está relacionada con criptomonedas.

Un segundo tipo de monedas digitales son las denominadas monedas digitales estables o stablecoins. En principio, este tipo de monedas pretende ser una forma de dinero respaldado uno-a-uno con la moneda fiduciaria del gobierno correspondiente (es decir, su valor se vincula al de divisas ya existentes). Según el FMI, su capitalización de mercado se ha cuadruplicado en 2021 hasta los 120.000 millones de dólares. Estas monedas digitales estables pueden tener diferente respaldo: desde efectivo y activos muy líquidos y seguros (depósitos bancarios o letras del Tesoro de EE UU) a otros criptoactivos, pasando por activos no equivalentes al efectivo (bonos corporativos, papel comercial, etcétera). Incluso algunas no tienen un colateral específico y mantienen su convertibilidad incrementando o reduciendo su oferta en función de las condiciones del mercado.

El Grupo de los 30 (los principales supervisores bancarios) y el FMI han expuesto algunas dudas sobre el respaldo efectivo de esas monedas: los datos no están auditados por una entidad independiente, la información suministrada sobre dicho respaldo es insuficiente y se aprecia un significativo riesgo de liquidez (sólo una tercera parte del colateral es efectivo y activos muy líquidos como las letras del Tesoro estadounidense).

Además de su elevada volatilidad, hay problemas tecnológicos que impiden que las criptomonedas sean medios de pago efectivos: primero, tienen un problema de escalabilidad, ya que, al diseñarse como cadena de bloques, para cumplir su promesa de confianza descentralizada, precisan que todos los usuarios descarguen y verifiquen el historial completo de transacciones. Esto genera un reto tecnológico notable, ya que, para procesar un número de transacciones que podemos considerar estándar para un sistema nacional de pagos, millones de usuarios deberían intercambiar ficheros cuyo tamaño se acercaría a un terabyte, lo que podría bloquear internet. Segundo, mientras que, en los sistemas de pago tradicionales, una vez que se ha producido el registro de la operación en la contabilidad del banco central, ya no puede revocarse, las criptomonedas sin permisos no garantizan la firmeza de los pagos individuales. Resumiendo, el sistema de confianza descentralizada requiere un enorme consumo de potencia computacional y es vulnerable.

Los riesgos planteados por los criptoactivos están creciendo vertiginosamente al aumentar significativamente su capitalización de mercado, las inversiones realizadas por clientes minoristas (según Asufintech, un millón de españoles han invertido ya más de 6.000 euros en criptodivisas), las exposiciones del sector financiero tradicional a estos activos y su uso en pagos y liquidaciones. El tamaño del mercado se ha multiplicado por 10 (siendo ya parecido al de los bonos high-yield estadounidenses).

Para el FMI, con una transparencia y control limitada o inadecuada, siendo además estos activos especulativos y muy volátiles, el sistema cripto está expuesto a fraudes a los consumidores (Financial Times señalaba recientemente que los inversores han perdido más de 10.000 millones de dólares este año por robo o fraude en estos mercados) y riesgos de integridad del mercado.

En los últimos meses, hemos visto otros problemas planteados por estos criptoactivos y sus operadores. Un ejemplo reciente es el de uso de información privilegiada en OpenSea, el operador más importante del mercado digital de tokens singulares y no fungibles. Esta práctica, en el mundo regulado de los valores, podría haber supuesto una infracción penal. En este caso, la empresa pidió disculpas. Otro ejemplo lo tenemos en el caso de DeversiFi, una plataforma de comercialización de criptoactivos, que efectuó recientemente un pago erróneo de 24 millones de dólares. El incidente se resolvió positivamente solo por la buena voluntad de los participantes, pero, a medida que crezca la actividad y aumenten estos problemas, la confianza en el sistema puede resentirse.

Para mitigar los riesgos planteados por las monedas digitales, las principales instituciones internacionales, como el Consejo de Estabilidad Financiera y el FMI, están proponiendo recomendaciones adaptadas a sus características: las autoridades nacionales deben regular y supervisar, con proporcionalidad, las monedas digitales; debe haber una gestión eficaz de riesgos, incluyendo medidas sobre seguridad cibernética, medidas antiblanqueo y requisitos de idoneidad de los gerentes; los operadores deben tener sistemas de información que garanticen la salvaguarda de información; deben cumplirse requisitos estrictos de transparencia que permitan a los usuarios y partes interesadas entender el funcionamiento de la moneda digital; la información suministrada debe estar adecuadamente auditada; etc. En general, se considera que habría que llegar a una regulación similar a la aplicable a los operadores que suministran productos parecidos (depósitos bancarios, pagos digitales, fondos del mercado monetario, etc.).

La Comisión Europea ha propuesto recientemente un Reglamento de mercados de criptoactivos que exigirá una autorización administrativa para los emisores y suministradores de servicios en dichos activos en el Mercado Único. La Comisión ha presentado también una propuesta de reglamento sobre prevención de blanqueo en el que se incluye como sujetos obligados a todos los tipos y categorías de proveedores de servicios de criptoactivos. Asimismo, ha propuesto prohibir la apertura o uso de una cuenta anónima en criptoactivos. Por último, la Comisión ha planteado la regulación de las transferencias usando criptoactivos, lo que supondrá el suministro de toda la identificación completa de emisor y receptor de dichas transferencias.

Concluyendo, ante el riesgo que suponen estas nuevas actividades (desprotección de los consumidores, integridad del mercado, ciberataques, etc.), ya hemos visto que la regulación es una opción que están planteando las autoridades. El presidente de la Reserva Federal ha dicho de las criptomonedas que han fracasado como sistema legítimo de pagos y que están peligrosamente desreguladas. China ha sido más drástica y prohibió en septiembre las transacciones con criptomonedas privadas. En el resto del mundo parece claro que más pronto que tarde se regularán las criptomonedas o se les hará competir con las monedas digitales de los bancos centrales.