Bruselas se abre a limitar temporalmente los precios de la electricidad para afrontar la crisis energética

El Ejecutivo comunitario cede y acepta estudiar que se actúe directamente sobre los precios de la luz. “Para afrontar la actual emergencia, la Comisión [Europea] revisará todas las medidas para limitar el efecto contagio de los precios del gas sobre los de la electricidad, como límites temporales de precios”, apunta el plan energético aprobado este mismo martes por el Ejecutivo comunitario. El órgano se fija un plazo poco concreto —“las próximas semanas”— para consultar a los actores implicados y proponer a opciones. Aclara, eso sí, que lo hará con “urgencia”.

Estas palabras, que suponen un matiz muy significativo sobre el discurso mantenido hasta ahora por Bruselas, se han incluido en la versión definitiva de la comunicación aprobada este martes. No estaban en las versiones previas a la reunión que sí desarrollaban, por ejemplo, el objetivo de reducir la dependencia energética de Rusia, comenzando por el aumento de las reservas hasta el 90% de la capacidad de los Estados miembro, como ha adelantado EL PAÍS. También se hace mucho hincapié en el despliegue de las energías renovables como huida de esa adicción a los combustibles fósiles que llegan del gigante de Europa del Este.

Hay poco más concreto en este documento definitivo, de 26 páginas y tres anexos, sobre formación de precios o límites. Sobre la reclamación española de cambiar la forma en que se forman los precios de la electricidad y que los liga a la tecnología más cara en cada momento —ahora, el gas— la Comisión explica que, como ya había hecho anteriormente, esperará hasta que estén listos los estudios definitivos de los reguladores.

La presión para que la Comisión actúe comenzó hace meses. Países como España, en los que los máximos históricos en el mercado mayorista, que determina la tarifa de los hogares con precios regulados, se cuentan por decenas desde el pasado verano, han exigido al Ejecutivo comunitario cambios en la regulación que permita cambiar la regulación de los precios y un freno de emergencia cuando los precios se disparan. A esto último sería a lo que parece que Bruselas comenzaría a prestar oídos en el documento presentado este martes, algo a lo que se ha visto abocada tras el giro de los acontecimientos en Ucrania. La invasión rusa ha añadido mucha presión sobre unos mercados energéticos ya muy estresados y a ella se han añadido las sanciones, que este martes han subido varios peldaños con el veto de Estados Unidos y Reino Unido a las importaciones de hidrocarburos desde Moscú.

Limitar los precios en el mercado mayorista era posible en España hasta julio de 2021. Ese mes el Gobierno español cambió la regulación para cumplir con las exigencias de Bruselas. Hasta entonces el tope máximo era 180 euros por kilovatio hora. Después de esa fecha, la banda va de -500 a 3.000 euros por megavatio hora (el precio máximo, alcanzado el lunes, se sitúa algo por encima de los 500 euros por megavatio hora).

Junto a este anuncio de estudiar la posible limitación temporal de precios en la actual situación, el documento también contempla la posibilidad de regular el mercado porque en la situación actual “con precios mayoristas de gas y electricidad altos y volátiles se puede restringir la competencia y perjudicar a los consumidores y las empresas”.

El objetivo, señala el documento, son “intervenciones de precios al por menor por tiempo limitado durante el periodo excepcional actual de inestabilidad están permitidos incluso si un Estado miembro”, señala para defender la actual regulación. Y detalla tres supuestos en que la actuación pública puede darse: protección de los clientes más vulnerables, perjuicio de la competencia o garantizar una transición hacia la competencia plena.

Además de esta medida, el plan de Bruselas incide en las ayudas o rebajas de impuestos a consumidores vulnerables y pequeñas empresas, algo que ya puso sobre la mesa en octubre del año pasado y que a España le han costado unos 7.000 millones de euros hasta ahora, de ahí que en una reciente carta remitida por las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera exigiera más ambición a Bruselas porque esta línea de acción la calificaban como fiscalmente “insostenible”. La respuesta a este argumento del Ejecutivo de Ursula von der Leyen es que este año están suspendidas las reglas fiscales y, por tanto, los Estados miembros pueden tirar de déficit y deuda.

No obstante, sí que hay un matiz muy sustancial, pues abre la puerta a que se graven los beneficios extraordinarios de las eléctricas por esta situación de altos precios, los llamados “beneficios caídos del cielo”, si no se reinvierten en renovables. Esto consiste en poner un impuesto adicional a las empresas por las ganancias extraordinarias que este encarecimiento de la luz, no vinculado a su generación, les otorga. El Gobierno español ya puso en marcha esta medida en septiembre del año pasado, cuando la crisis energética empezó a agravarse, pero la reacción de las compañías eléctricas le llevó a dar marcha atrás.

Otro campo en el que la Comisión pretende actuar es en el de las empresas y agricultores más afectados por los aumentos de precios, facilitando ayudas y liquidez para que estos puedan afrontar la situación.

España aplaude el giro de Bruselas

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha valorado positivamente las propuestas puestas encima de la mesa por la Comisión Europea. “La mejor respuesta es precisamente coordinar una capacidad de acción europea, poniendo en común nuestras infraestructuras, impulsando el ahorro, buscando una diversificación de los proveedores, acelerando una transición que nos permita emplear los recursos de los que disponemos en este momento para contar con esa capacidad de seguridad que ofrecen las energías renovables”, ha afirmado la máxima responsable del Ejecutivo de Pedro Sánchez para temas energéticos, informa Ignacio Fariza.

Ribera ha enfatizado que la guía presentada este martes en Bruselas y que será debatida el jueves y el viernes por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, incorpora varias medidas que Madrid lleva meses reclamando. “No podemos permitir que el precio del gas contamine el de la electricidad: genera un impacto mucho mayor del que hubiera generado en sí mismo”, ha subrayado. “Por primera vez, la Comisión Europea ha reconocido que esto es una situación que merece una atención especial por parte de las instituciones europeas”.

Pese a los parabienes, Ribera ha exigido acelerar en la toma de medidas: “El tiempo corre en nuestra contra. Necesitamos actuar urgentemente: la situación es suficientemente delicada como para que el compromiso de los Gobiernos y de las instituciones esté especialmente con aliviar esta situación tremenda para nuestras familias”.