La Comisión insta a España a reelaborar el Plan Estratégico de la PAC

El Ministerio de Agricultura ha iniciado con las comunidades autónomas un nuevo proceso de trabajos que se extenderá en las próximas semanas con las organizaciones ligadas al sector agrario, agroalimentario y al mundo rural para reelaborar el Plan Estratégico donde aplicar los más de 47.000 millones de euros previstos en la Política Agrícola Común (PAC) de 2023 a 2027. Este nuevo proceso de negociaciones responde a la obligación de dar respuesta a la larga lista de observaciones hechas desde la Comisión de la Unión Europea al documento remitido a Bruselas por la Administración española a finales de diciembre. El objetivo era que fuera aprobado en el primer semestre de este año para su aplicación en enero de 2023. Por eso, Agricultura pretende dar una respuesta lo más rápida posible para mantener el calendario previsto.

El Plan Estratégico, elaborado entre 2019 y 2021 con la participación de medio centenar de organizaciones ligadas a la actividad agraria, industria agroalimentaria y al territorio rural, concluyó en un estudio de más de 4.000 folios. A pesar del ingente trabajo llevado a cabo por los servicios técnicos del ministerio, Bruselas señala que España debe revisar el contenido del mismo para su aprobación, mejorando con precisión los objetivos planteados y definiendo un nivel de ambición adecuado en consonancia con las necesidades identificadas, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de la política verde.

La Comisión entiende que la invasión de Ucrania, con un alza general de los precios de materias primas, ha puesto de manifiesto la fuerte relación entre clima y la seguridad alimentaria. Además de la importancia de tener un equilibrio entre un modelo de actividad agraria sostenible y que a la vez garantice un suministro suficiente en volumen, calidad y precios. En esta línea Bruselas señala la importancia de disponer de un sector agrario fuerte, con una menor dependencia de los fertilizantes sintéticos, con más energías renovables, con más apoyo a la agricultura de carbono, mayor empleo del biogás, más producción de proteaginosas o de más transferencia del conocimiento a la actividad agraria.

Desde esa perspectiva global, Bruselas analizó el plan remitido por España, país al que solicita modificar o reelaborar muchos aspectos del mismo. Por ejemplo, se reclama una precisión mayor y se añade la existencia de algunos errores en la introducción de datos, dando lugar a importantes incoherencias en relación con las asignaciones financieras, como sucede en el objetivo de potenciar la agricultura ecológica.

En relación con el fomento de un sector agrario inteligente, Bruselas reconoce la importancia que da España en su plan a lograr este tipo de objetivos, pero a la vez señala la necesidad de más actuaciones encaminadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y de otros insumos externos para preservar la capacidad de producción sostenible a largo plazo y tener explotaciones viables. La Comisión se muestra satisfecha con el modelo español de ayudas, las medidas sobre convergencia en los pagos, la redistribución de las mismas o su posición para eliminar los pagos por vínculos históricos, aunque pide que se complementen esas iniciativas con análisis cuantitativos donde se muestren los posibles efectos.

La Comisión reconoce también los esfuerzos para lograr explotaciones más viables y competitivas orientadas a los mercados o el fomento de las organizaciones de los productores en origen para concentrar la oferta, pero no ve que haya justificaciones suficientes en la propuesta. De hecho, Bruselas pregunta a España por qué esta política no se apoya en otros sectores que no sean frutas y hortalizas, vino, apicultura o aceite.

Dudas de la Comisión

Punto clave en la respuesta comunitaria son las observaciones en lo referido a las políticas sobre la protección del medio ambiente, el clima o la biodiversidad, donde la Comisión, de entrada, señala sus dudas sobre la contribución efectiva del plan a ese objetivo y pide a España que demuestre mejor su ambición por la llamada arquitectura verde. En esta dirección se reclama al Gobierno la necesidad de actuar con más y mayor diligencia para actuaciones como la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero de la agricultura y de la ganadería, la gestión de las tierras, la sostenibilidad de los suelos, el empleo de nutrientes, la economía circular, el mayor uso de abonos orgánicos, la lucha contra la desertificación o el mayor ahorro de agua.

Bruselas solicita una reflexión sobre la limitada cobertura territorial de medidas para la defensa de la biodiversidad. En relación con la agricultura ecológica, la Comisión ve con buenos ojos que se haya marcado el objetivo de llegar al 20% de la superficie agraria útil en 2030, pero reclama a la Administración que aclare las medidas propuestas para ello. También que detalle cómo quiere lograr sus objetivos para mejorar la calidad del agua, su utilización, los riesgos del uso abusivo de plaguicidas, el empleo de nutrientes, los riesgos o la situación de los antimicrobianos. Entre otras muchas observaciones, Bruselas quiere información sobre cómo impulsar el tejido económico en el territorio rural, la incorporación de la mujer en la actividad agraria, el relevo generacional o el bienestar animal. Por otro lado, la Comisión sí se muestra conforme con los objetivos planteados por España sobre la extensión de la banda ancha, aunque también le pone deberes: quiere saber cómo se desarrollará esa expansión.