Claves | Así bajará la luz tras el acuerdo con la Comisión Europea

A falta de que se concreten los últimos detalles técnicos, España y Portugal arrancaron el martes a Bruselas un pacto clave para rebajar la factura de la luz de hogares y empresas. Ambos países podrán limitar el precio del gas que utilizan las centrales térmicas para generar electricidad, una medida que arrastrará al conjunto del sistema eléctrico a niveles mucho menores que los registrados en los últimos meses. Estas son las principales claves del acuerdo:

¿En cuánto queda finalmente el tope?

España y Portugal habían propuesto que el límite del precio del gas para las centrales eléctricas fuese de 30 euros por megavatio hora (MWh), pero ambos gobiernos eran conscientes de que esa cifra era solo un punto de partida para la negociación con las autoridades comunitarias. Al final, el tope será algo más alto: 40 euros en los primeros compases de aplicación de la medida y 50 euros en la media del periodo de aplicación del mecanismo (12 meses, el doble de lo que se barajó en un principio). Aun así, ese umbral final permitirá una rebaja más que sustancial en el precio de la luz en el mercado mayorista. Hoy, el precio del gas ronda los 80 euros en el mercado ibérico Mibgas, la referencia peninsular.

¿Por qué 12 meses?

El Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en poder cerrar en los próximos días todos los flecos técnicos pendientes con la Comisión Europea para aprobar la medida en el Consejo de Ministros del próximo martes. De cumplir los plazos, el tope al gas debería estar en vigor ya a principios de mayo y extendería su vigencia hasta el mismo mes de 2023. De esta forma, cubriría tanto el verano —cuando la demanda y, por tanto, el precio, suele dispararse por la mayor necesidad de aire acondicionado— como, sobre todo, el próximo invierno —cuando la presión se redobla—. Es lo más parecido a una red de seguridad para lo que pueda llegar en los meses venideros.

¿Cuánto bajarán los precios?

Mucho. Una vez esté en marcha el tope al gas, el precio medio diario de la luz debería rondar los 130 euros en un día caro, en el que las renovables de nuevo cuño (de largo las fuentes más baratas) marcan precio en muy pocas o ninguna franja horaria y el gas impone su ley. En las horas en las que las centrales de ciclo combinado cierran precio —directa o indirectamente—, no debería superar los 140 euros, según tres especialistas consultados por este diario. Estas cifras contrastan tanto con los valores actuales —este miércoles se pagan más de 220 euros por megavatio hora, con picos de casi 270— como con los valores del pasado reciente —en marzo, el mes más caro de la historia, la luz costó más de 280 euros—.

¿A qué clientes afectará la bajada?

Los hogares y las empresas que tienen una tarifa regulada, aproximadamente el 40% del total. El precio que pagan estos usuarios está directamente ligado al mercado mayorista, que es donde se producirá la rebaja, pero también donde se ha producido el brutal estallido de precios desde el verano pasado. Los más perjudicados hasta ahora serán, por tanto, los más beneficiados cuando entre en vigor la medida.

Según los cálculos de José Luis Sancha, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, la factura de un cliente medio acogido a tarifa PVPC (mercado regulado) pasará de los 100 euros de marzo y los cerca de 70 en abril —un mes en el que todavía no ha entrado en vigor el tope al gas, pero en el que los precios bajaron por el mayor peso de las renovables— a alrededor de 50 euros en mayo, el primer mes en el que el mecanismo estará en vigor. “La mayor parte de la reducción será por el efecto de bajada del precio marginal, de algo más del 50% en el 60% de las horas. Junto a eso, habrá una pequeña subida para financiar la compensación a las centrales de ciclo combinado por la diferencia entre esos 40 euros por MWh y el coste efectivo del gas, que estimo estará en el entorno de 100″, explica.

El resto de consumidores, los que cuentan con una tarifa del mercado libre, no lograrán ninguna mejora de precios en el corto plazo. Es más: las eléctricas han amenazado con cobrar a esos clientes la compensación por el tope al gas. En cualquier caso, si el incentivo de los últimos meses era para que los clientes pasasen del mercado regulado al libre, ahora esta dinámica dará un giro de 180 grados.

¿Cómo se financiará?

El plan del Ministerio para la Transición Ecológica pasa por que sea el propio sistema eléctrico el que cubra ese diferencial entre el precio actual del gas (alrededor de 80 euros por megavatio hora) y el tope de 40/50 euros. Los consumidores tendrían que abonar una cantidad más alta por la electricidad generada con otras tecnologías, más allá de las térmicas, pero el saldo neto sería positivo para ellos, dado que el precio máximo horario caería drásticamente desde los niveles actuales. No habrá, según se ha comprometido el Gobierno por activa y por pasiva, ninguna compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco un mayor déficit de tarifa.

¿Qué pasa con las interconexiones con Francia?

La propuesta inicial de España y Portugal incluía un sistema de doble casación de precios que evitaba que los consumidores del resto de países miembros pudieran beneficiarse del mecanismo que abarata la electricidad en la península Ibérica. Este mecanismo se acompañaba, además, de restricciones a la exportación eléctrica. Pero estas precauciones se han caído durante la negociación con la Comisión Europea.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó el martes que el acuerdo con Bruselas mantiene de “forma fluida las interconexiones, las exportaciones de electricidad desde la península Ibérica hasta Francia” y que el consumidor francés tendrá que pagar lo mismo que el consumidor ibérico en este ajuste”. Aún falta, sin embargo, mucha concreción en este punto: ¿cómo evitará España la venta a Francia de energía subvencionada por los propios consumidores nacionales?

¿Seguirán otros países la senda de España y Portugal?

El interés es máximo, pero muy pocos pueden demostrar ante la UE —como ha hecho la península Ibérica— su condición de isla energética, tanto por el bajo nivel de interconexiones como por la elevada penetración de las energías renovables. Con todo, el Gobierno español cree que su plan puede acabar abriendo una espita por la que transiten otros Estados: “Si funciona, habrá otros Estados miembros que se lo planteen”, decía Ribera en una reciente entrevista con EL PAÍS.