El personal laboral en el exterior protesta en Lisboa y Oporto por 13 años de congelación salarial

El personal laboral que trabaja en centros de la Administración española en Portugal se ha sumado desde hoy a las movilizaciones realizadas en otros países por la falta de actualización salarial con dos concentraciones en Lisboa y Oporto. Los trabajadores denuncian que llevan desde 2009 sufriendo una merma de sus condiciones laborales y salariales, “teniendo como resultado empleados públicos viviendo en situación precaria y abocados a tener que buscar un segundo empleo para conseguir unas condiciones de vida dignas”, según el comunicado que han difundido este lunes.

En Portugal trabajan casi un centenar de contratados por diferentes organismos de la Administración General del Estado, que incluyen la embajada, los consulados, el Instituto Cervantes, la Oficina de Turismo de España, la Oficina Comercial o el Instituto español Giner de los Ríos. Una veintena de ellos han participado en la concentración que se ha desarrollado a las puertas de la Embajada de España en la céntrica Avenida de la Libertad. La intención del colectivo es repetir cada lunes las concentraciones ante las sedes de las distintas instituciones españolas de Portugal.

Reyes Villajos, representante de UGT de los trabajadores del exterior en Portugal, señaló que todos ellos sufren “problemas comunes” aunque hayan sido contratados por instituciones de distintos ministerios. “Compartimos el abandono del colectivo y la no revalorización de los salarios”, indicó. “Tampoco queremos que se asocie a un solo país porque es una situación generalizada”, añadió.

Los trabajadores que residen en Portugal aseguran que han perdido un 23,5% en poder de compra en 13 años debido al aumento de precios en energía, alimentación y vivienda, que se han disparado en Lisboa y Oporto por el despegue del turismo y la especulación inmobiliaria. “Hemos perdido casi la cuarta parte del salario”, subraya Villajos.

En su lista de reivindicaciones se incluyen también la actualización de las categorías laborales, la mejora de recursos tanto de personal como de medios en las oficinas españolas del exterior y un convenio que regule las condiciones de trabajo del personal contratado. “Somos una excepción dentro de la Administración del Estado por carecer de convenio”, destacó el representante de UGT.