Podemos propone un recibo de la luz en función del consumo y elevar los impuestos a yates, aviones privados y coches de lujo

Unidas Podemos ha presentado este jueves su receta para mitigar el impacto del elevado precio del gas y contribuir al ahorro energético de cara al invierno: una tarifa eléctrica progresiva en función del consumo y un incremento de los impuestos a yates, aviones privados y coches de lujo, además de fomentar las renovables y regular “la publicidad agresiva y las prácticas abusivas vinculadas de las empresas energéticas”. Estas son algunas de las medidas que el grupo parlamentario ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica, horas antes de que el portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, se reuniera con la responsable del Departamento, Teresa Ribera. La vicepresidenta tercera había convocado esta tarde a los portavoces de todos los grupos políticos del Congreso para que presentaran sus propuestas de cara al diseño del plan de contingencia que el Gobierno debe enviar a Bruselas.

La reunión se enmarca en la ronda de conversaciones que Ribera está manteniendo con distintos actores para analizar el contexto actual y recabar aportaciones sobre cómo reducir el consumo de gas en un 7%, como pide la UE, ante un invierno en el que se multiplican los riesgos de un corte en el suministro por parte de Rusia. El socio minoritario del Gobierno de coalición ha propuesto una batería de medidas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que destaca la creación de una tarifa de la luz en función de la electricidad consumida, parecida a la fórmula que se emplea en ámbito municipal para establecer el precio del agua —se basa en los metros cúbicos consumidos—. La formación morada considera que la misma lógica debe valer para el recibo de la luz, de manera que quien consume menos pague también menos. La medida está pensada para los hogares, y no se aplicaría al sector industrial o comercial.

El grupo también ha propuesto elevar la fiscalidad verde, con una iniciativa concreta para subir la imposición a yates, aviones privados y coches de lujo, de gran cilindrada y/o tamaño que usen combustibles fósiles. La idea es fijar recargos “significativos” en los impuestos que graven la matriculación y el uso de los medios de transporte mencionados, sin escapatorias para aquellos matriculados en el exterior: se les cobrará en España la diferencia entre el gravamen nacional y el ya abonado en el país tercero.

Además, propone acelerar las subastas de renovables, establecer de forma permanente un bono personal de 10 euros mensuales para todos los viajes en transporte colectivo de corta y media distancia y reforzar las inversiones verdes para reducir la dependencia del gas natural. En este bloque se incluye la instalación de placas fotovoltaicas en bloques de edificios de barrios de ingresos medios bajos por parte de los Ayuntamientos e incentivos para que las comunidades de vecinos presenten auditorias y planes de ahorro energético de forma periódica. El partido también sugiere la eliminación de las cláusulas de permanencia de los contratos del mercado eléctrico y gasístico para que los hogares puedan salir más fácilmente del mercado libre y pasarse al regulado, además de la cancelación de la deuda de los hogares vulnerables por impagos de facturas de luz y gas.

“Recomendaciones”

Por otra parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, había anunciado antes de la reunión con Ribera —en la que no ha participado; en su lugar ha acudido el secretario general adjunto del grupo en el Congreso, Guillermo Mariscal— que su grupo propondría incluir en el plan de contingencia un “informe de evaluación del impacto económico”. Los populares, como ha vuelto a insistir Gamarra este jueves, piden que las medidas incluyan “imposiciones” para el sector público, pero “recomendaciones” para el privado que estén “habladas” de antemano con los afectados.

Además, proponen alargar la vida útil de las centrales nucleares y ampliar ayudas a transporte e industria, así como reducir el IVA del recibo del gas, una medida que se pondrá en marcha en octubre, según ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.