Los acreedores de Celsa reclaman en los juzgados el 100% del capital

El crédito de 550 millones de euros de la SEPI apuntaba en junio a un apaciguamiento de las relaciones entre la dirección de Celsa y sus acreedores. Tres meses después, aquella interpretación se ha convertido en una auténtica quimera. Las diferencias entre ambas partes son tan abismales que los fondos que manejan el grueso del pasivo de la metalúrgica española han presentado ante un juzgado barcelonés una propuesta de reestructuración en la que reclaman el 100% del capital de la compañía.

Fuentes cercanas a las fondos señalan que quieren dar un empujón a las negociaciones, aprovechando las modificaciones introducidas en la ley concursal, ahora bajo la tutela de un juez. Su decisión se debe a que, además de préstamos vencidos ya por un importe de en torno a los 400 millones de euros, en octubre vencerá la deuda marco de 525 millones que está en manos de los bancos además de otros 980 millones de euros del crédito jumbo que controlan los fondos. Y no existe confianza de que puedan afrontar esos pagos.

Celsa podrá presentar una alternativa a la propuesta de los fondos oportunistas, a los que ha acusado en los últimos meses de no tener ningún interés en la actividad industrial y el empleo generados por la empresa. De salida, la propuesta de los acreedores se basa en convertir 1.291 de euros de parte de la deuda convertible y del jumbo en la totalidad de las acciones de la compañía, propiedad actualmente de la familia Rubiralta. El resto de los vencimientos del pasivo en manos de los fondos, entre los cuales están Attestor, Golden Tree, Sculptor o Cross Ocean, alrededor de 1.100 millones, se aplazaría cinco años.

Los fondos que dirigen esta propuesta, representantes del 90% de la deuda jumbo y convertible, defienden que su propuesta mejora la propuesta de la empresa de reducción de pasivo. Las diferencias entre Celsa y los acreedores son importantes a causa de que los Rubiralta demandaban a estos quitas relevantes, inicialmente de 1.100 millones, para alcanzar un acuerdo. Su petición se basaba en que los fondos buitres habían adquirido la deuda de Celsa de los bancos con descuentos importantes. En aquella propuesta inicial, los Rubiralta aceptaban inyectar 50 millones de euros al capital.

La familia propietaria defiende que desde aquel momento se han dado movimientos para aproximar posiciones, el último acercamiento el 22 de julio. Según señala en un comunicado, Celsa asegura que Celsa está dispuesta a ofrecer una deuda adicional con un interés del 8% a través de una sociedad radicada en la Unión Europea, mientras que los acreedores demandarían 550 millones, con un tipo del 10% y a cobrar mediante una sociedad ubicada en Luxemburgo, con menor presión fiscal.

Con su propuesta presentada en el juzgado, los acreedores desechan el rescate de la SEPI, avalado por la Comisión Europea y que quedaba sujeto a un acuerdo entre la dirección y acreedores para reestructurar la compañía. Y aseguran que se mantendrá la actividad, el centro de decisión en España y la totalidad del empleo. Inyectarían asimismo capital a la empresa e incorporarían nuevos ejecutivos al consejo de administración.

La pelota está ahora en el tejado de Celsa, que debería hacer su propia propuesta de reestructuración e iniciar una negociación que será igualmente extrajudicial. Fuentes próximas a la familia Rubiralta señalan que la maniobra de los fondos no es más que otra medida de presión mientras se mantiene la negociación. En todo caso, un experto en refinanciaciones validado por el juez que asuma el caso deberá ser quien instruya las diferencias entre ambas compañías.

El caso Celsa, asegura un reputado abogado de lo mercantil, se convertirá a partir de ahora en un importante banco de pruebas de la nueva ley concursal, en la que justamente los planes de reestructuración son una de sus novedades. “Nos va a dar mucha jurisprudencia”, señala el especialista consultado, refiriéndose sobre todo a la catalogación de los tipos de acreedores y sus preferencias en el cobro de deudas.

Los acreedores han cuestionado en todo momento la gestión por parte de la familia Rubiralta de la situación financiera de Celsa, que se embarcó en la primera década de los años 2000 en una operación de compras de compañías para ganar escala y modernizar su estructura productiva. Sus dificultades se agravaron con la crisis de la covid y el cierre de los mercados: en 2020 su facturación se encogió un 20%, hasta los 3.300 millones, y entró en pérdidas, complicando todavía más sus capacidades de pago. La actual situación de encarecimiento de materias primas y de la energía no ayuda a la estructura del grupo.