La CEOE ve “impresentable” que el Gobierno suba las bases máximas de cotización al margen del diálogo social

El Gobierno ha recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 un aumento de las bases máximas de cotización del 8,6% (unos 355 euros) que ha irritado a las patronales, y, en menor medida, también ha molestado a los sindicatos. En primer término, porque a esta alza se sumará también la sobrecotización del 0,6% que supone el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) diseñado por el Ministerio de Seguridad Social como elemento asegurador de la sostenibilidad del sistema de pensiones, y que elevará el incremento hasta el 9,2%. Y en un segundo plano, por haberse aprobado de manera unilateral. El Gobierno no ha dudado a responder a ese lamento a través de miembros del Ejecutivo como las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz o el ministro José Luis Escrivá.

A través un comunicado publicado este viernes, la patronal CEOE se ha mostrado tajante contra el aumento de las cotizaciones, y ha advertido de que esta decisión repercutirá sobre el empleo y generará entre las empresas una situación de “desconfianza e inseguridad jurídica”. Además, ha calificado de “inadmisible e impresentable” la decisión del Gobierno, por considerar que se ha adoptado “de manera unilateral y a espaldas del diálogo social”. “Existe una mesa específica con los interlocutores sociales para tratar este tema y se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social”, subraya la organización empresarial.

Con la misma rotundidad que la CEOE se ha manifestado también la patronal de las pymes, integrada en este organismo. También por medio de un comunicado, Cepyme ha advertido de que estas alzas “afectan significativamente” a las pequeñas y medianas empresas, cuyos costes laborales “han registrado crecimientos en los últimos años de más de un 6% anual”, lo que ha provocado una “pérdida de competitividad con nuestros países vecinos”. En su nota, Cepyme ha lanzado también un recordatorio: “Un país con una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea (12,48%) debería incentivar y no penalizar el empleo”.

Ante estas reacciones, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha replicado que es “normal y habitual” que se alinee la subida de las pensiones más altas con la de las cotizaciones máximas “para garantizar el equilibrio de todo el sistema”. Un razonamiento que ha compartido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien, tras participar en un acto en Canarias, ha apuntado que la subida de las bases máximas es algo que se produce anualmente y que desde el Gobierno “llevan tiempo explicándolo”. En esta línea, ha sostenido que, para asegurar la sostenibilidad del sistema y que las pensiones futuras de base máxima mantengan la contributividad, estas tienen que subir “más o menos” como la inflación. También ha recordado que en 2013 y 2014 la base máxima subió un 5% “con la inflación negativa”, y que entonces no se produjo “ningún comunicado de nadie”.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha alejado de este tono académico para atacar con dureza a la organización que preside Antonio Garamendi. “A la CEOE, al señor Garamendi, no le gusta la igualdad. Quiere seguir protegiendo a las rentas salariales más elevadas”, ha aseverado la también ministra de Trabajo. Díaz se ha mostrado sorprendida por la reivindicación de la patronal del diálogo social “cuando lleva desde el 5 de mayo sin sentarse a negociar la necesaria subida salarial de los convenios colectivos ante los niveles actuales de la inflación”. Por ello, ha reclamado a los empresarios que “tengan un poco de comprensión con la igualdad”, porque “las rentas salariales más elevadas son las que más tienen que cotizar”.

Reforma aprobada

Para los sindicatos, la voluntad del Ejecutivo de aumentar las bases máximas de cotización, actualmente en los 4.139,40 euros mensuales —lo que quiere decir que todo aquel trabajador cuyo salario supere esta cifra no cotiza por la parte que excede a esta cantidad— responde a la intención de agrandar también la pensión máxima, algo que, por el momento, no se ha aprobado. El propio Ministerio de Seguridad Social ha reconocido en varias ocasiones que existen distintas palancas para tratar de no poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones a lo largo de los próximos años —especialmente complicada se antoja la siguiente década con la jubilación de los baby boomers—, y que una de ellas es la que tiene que ver con el reajuste de las bases máximas de cotizaciones y las pensiones resultantes. Con el alza del 8,6%, la base máxima de cotización en 2023 pasará a ser de 53.944,6 euros anuales.

Durante un acto de protesta celebrado este viernes frente a la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Madrid, Pepe Álvarez, secretario general de UGT ha reconocido un cierto grado de sorpresa por la incorporación de este aumento dentro de la ley de Presupuestos. “Creo que debería haberse consultado”, ha dicho, aunque posteriormente ha negado, como afean los empresarios, que se hubiera hecho al margen del diálogo social. “En estos momentos no existe ninguna mesa específica con nosotros para hablar sobre esto”, ha reconocido. Sin embargo, ha querido enviar un mensaje a la patronal por sus protestas: “La CEOE tiene que ser consciente de que las pensiones tienen que subir, porque hay una ley que así lo dice, y que ellos firmaron”.

“Las empresas españolas han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener el empleo y amortiguar, más en el corto plazo, la escalada de la inflación. Este nuevo golpe al tejido productivo, en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico”, lamenta la CEOE.

El anuncio del crecimiento de las bases máximas de cotización se ha producido en un momento de enorme tensión entre el Gobierno y los empresarios. Singularmente, después de que el Ejecutivo haya aprobado una batería de impuestos sobre las grandes empresas con los que gravar sus ingresos. Entre ellos destacan el tributo que afectará a los beneficios cosechados por la banca en los ejercicios 2022 y 2023; y la creación de un impuesto específico sobre las empresas energéticas. Aunque finalmente no salió adelante, la propuesta de Yolanda Díaz de establecer un tope a los precios de una cesta básica de la compra también soliviantó a los empresarios. “Parece mentira que un miembro del Gobierno haya promovido un cártel”, le replicó Garamendi. “Si estuviéramos aquí en esta sala hablando de pactar precios, tendríamos a la policía en la puerta esperando”, afirmó el líder de los empresarios.