El nuevo impuesto a las grandes fortunas afectará a los contribuyentes de 10 comunidades

El nuevo impuesto a las grandes fortunas está a punto de ver la luz: esta semana se aprobará previsiblemente en el Congreso y luego pasará al examen del Senado. El Gobierno espera tenerlo listo antes de que termine el año para cobrarlo ya en 2023. Se exigirá a quienes tengan un patrimonio superior a los tres millones de euros, pero solo se aplicará en aquellos territorios que bonifican el impuesto sobre el patrimonio o contemplan para ello tipos inferiores a los anunciados para el nuevo gravamen. Se trata, en total, de 10 comunidades, según desglosan los economistas Diego Martínez, Manuel Díaz y Carmen Marín en un documento publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea): Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, Asturias, Cantabria, Murcia, Islas Baleares y las haciendas forales de País Vasco y Navarra.

Estas disparidades se deben a que la nueva figura, bautizada como impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, se solapa con el impuesto sobre el patrimonio. Ambos tributos tienen carácter estatal, pero el segundo está cedido a las comunidades autónomas, que se quedan con el 100% de su recaudación y que tienen competencia para aplicar bonificaciones, deducciones y tipos distintos a los que prevé la norma general. Por ello, con el objetivo de evitar la doble imposición, el impuesto sobre el patrimonio que gestionan las autonomías será deducible en el nuevo gravamen de solidaridad. Con ello, Hacienda pretende recaudar 3.000 millones en dos años, el tiempo durante el cual prevé mantener en vigor el tributo, cuyos ingresos irán a financiar medidas para luchar contra la inflación.

Situación de partida

El impacto será dispar por territorio, en función de la situación de partida. En los últimos años ha habido una carrera a la baja en el impuesto sobre el patrimonio, que ha encontrado su máxima expresión en la Comunidad de Madrid, la primera en bonificarlo al 100% y dejar en la práctica de recaudarlo. Andalucía le ha seguido la estela y acaba de anunciar la misma rebaja; Galicia ya contempla una bonificación del 25%, que ampliará al 25%. Otras comunidades, por el contrario, tienen tipos superiores a los que fija la norma estatal.

Por esta razón, el análisis de Fedea concluye que el nuevo tributo no tendrá efecto en La Rioja, la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Castilla y León, por aplicar en el impuesto sobre el patrimonio tipos iguales o superiores en todos los tramos. El nuevo gravamen de solidaridad contempla unas tasas progresivas, del 1,7% de tres a cinco millones de euros, del 2,1% entre los cinco y los diez millones, y del 3,5% en adelante. Al igual que en el impuesto sobre el patrimonio, hay un mínimo exento de 700.000 euros y están exentos activos y bienes como los primeros 300.000 euros de la vivienda habitual, la empresa familiar o las deudas.

En Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, Asturias, Cantabria, Murcia, Islas Baleares, País Vasco y Navarra, el umbral a partir del cual se exigirá el nuevo impuesto no es el mismo. Fedea calcula que en Baleares la cantidad a partir de la cual se empezaría a pagar es de 209,9 millones —el archipiélago tiene un tipo máximo un 0,05% inferior al nuevo tributo—; en Galicia, afectaría a las riquezas a partir de 8,6 millones de euros. En Bizkaia, el umbral son los 9,6 millones, en Navarra los 10,6 millones; en las diputaciones forales de Álava y Guipuzkoa los 13 millones. En Asturias, Murcia y Cantabria se abonaría a partir de los 23,9, 25 y 26 millones de euros, respectivamente. En Madrid y Andalucía, la riqueza neta a partir de la cual empezará a operar el impuesto de solidaridad será de 3,7 millones de euros (3 millones de euros más 700.000 del mínimo exento).

Como ejemplo, Fedea calcula que contribuyentes con patrimonios netos de 4, 7,5 y 15 millones de euros, descontados los 300.000 euros de la vivienda habitual, pagarían 5.100, 70.408 y 278.364 euros en Andalucía y Madrid en concepto de impuesto de solidaridad. En Galicia lo abonarían solo las fortunas por encima de los 15 millones (73.000 euros), y también en las comunidades forales. La factura más cara, sin embargo, seguirá siendo el impuesto sobre el patrimonio que se paga en Extremadura, seguida por la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

Efecto armonizador

Con el nuevo impuesto, el Gobierno lograría por la puerta de atrás un efecto armonizador que anularía el efecto de bonificaciones y rebajas, al punto que varias de comunidades han asegurado que recurrirán la medida en los tribunales porque limita su autonomía financiera. El documento de Fedea concluye que las autonomías que bonifican el impuesto sobre el patrimonio o contemplan tipos inferiores tienen más incentivos a recuperarlo o subirlo, para quedarse con la recaudación.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas, ya había señalado la semana pasada que los patrimonios medianos también tendrán que pagar el nuevo tributo en Galicia y, si la riqueza es muy elevada, se verán afectados contribuyentes de comunidades como Asturias, Cantabria, Cataluña y Murcia, por tener un marginal máximo inferior a 3,5%.