El Gobierno suspende la tramitación de proyectos renovables sin conexión para frenar “movimientos especulativos”

El Gobierno trata de poner coto a “movimientos especulativos” en el sector de las renovables. El último gran decreto del año prohíbe a los promotores de proyectos de energías verdes que inicien la tramitación de estos hasta contar con el visto bueno para la evacuación de la electricidad a la red eléctrica. Con esta medida, el Ministerio para la Transición Ecológica busca un doble objetivo: evitar la sobrecarga de la Administración, que de por sí está afrontando un enorme atasco a la hora de dar la aprobación ambiental a los proyectos que sí cuentan con acceso a la red, y el “bloqueo de emplazamientos a los agentes que realmente están interesados” en desarrollarlos.

Hasta hace dos años, el derecho de acceso a la red se otorgaba por orden de llegada de las peticiones: el primer promotor en llegar a la cola gozaba de una gran ventaja sobre el resto, prácticamente garantizándose el punto solicitado u otro a decenas de kilómetros de la planta. A finales de 2020, sin embargo, el ministerio cambió este sistema por uno de concurso en las zonas en las que Red Eléctrica de España (REE) identifica nudos con capacidad para soportar el volcado a la red de nuevas instalaciones. Si antes el orden de llegada era determinante, ahora —a pesar de que todavía no se ha convocado ningún proceso— se tienen en cuenta otros criterios, como la velocidad de desarrollo del proyecto o los beneficios que ofrece a la zona en la que se instala.

“Las expectativas generadas por dicha orden hacen que se estén observando movimientos especulativos por parte de determinados agentes que están iniciando los primeros pasos en las tramitaciones sin dar continuidad a los mismos”, se lee en el texto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Estas actuaciones, han provocado que en los últimos meses se haya multiplicado la presentación de garantías y de solicitudes para iniciar las tramitaciones de autorizaciones administrativas. Estos movimientos previos son perjudiciales para los agentes realmente interesados en construir instalaciones de generación renovable para la población en donde se ubican las instalaciones y para las administraciones”, enfatiza.

El perjuicio de esta dinámica es triple: “Para los agentes, porque se produce el bloqueo de emplazamientos con elevado recurso renovable por parte de agentes que no están interesados en construir los proyectos. Para la sociedad donde se ubica el proyecto, porque se inician tramitaciones por un número de proyectos que ni la red, ni la zona, desde un punto de vista social y ambiental, pueden absorber. Y para las administraciones, porque, en un momento en que estas se encuentran tensionadas por el elevado volumen de proyectos en tramitación, supone un empleo ineficiente de los recursos en proyectos que no podrán ser viables”, explica el texto. Esto, concluye, hace que “resulte necesario suspender las tramitaciones de aquellos proyectos que, pretendiendo evacuar en nudos de concurso, aún no dispongan de permisos de acceso y conexión”.

Mayor rango para el autoconsumo

El Gobierno también ha incluido en el decreto de este miércoles una ampliación de la distancia máxima entre el punto de generación y el de suministro para que una instalación fotovoltaica pueda ser considerada autoconsumo. Tras quedar fijada en 500 metros en abril de 2019, en octubre de este año pasó a ser de un kilómetro y ahora, de dos.

“Si bien se considera importante ser prudente en el aumento de esta distancia con el fin de evitar pérdidas excesivas, a fin de seguir impulsando el autoconsumo (...) y maximizar el aprovechamiento de superficies, (...) se incrementa la distancia en plantas generadoras fotovoltaicas ubicadas en cubiertas, suelo industrial y estructuras artificiales destinadas a otros usos como pueden ser aquellas destinadas a cubrir espacios de aparcamiento u otras”, reza el texto.

Subida de la TUR

Los consumidores del mercado regulado de gas natural sufrirán una subida media del 8,67% en su tarifa a partir del 1 de enero. La revisión, limitada desde hace meses a un máximo del 15% del alza de la materia prima, estará en vigor los tres primeros meses del año y variará en función del tipo de cliente doméstico o pyme; los de menor consumo —menos de 5.000 kilovatios hora (KWh) al año— verán incrementada su tarifa un 7,54%, hasta los 7,04 céntimos de euro por KWh; los de consumo medio —entre 5.000 y 15.000 KWh anuales— pasarán a pagar 6,75 céntimos por KWh, un 8,94% más; y los de consumo alto —entre 15.000 y 50.000 KWh— abonarán 6,54 céntimos, un 9,21% más. Estas cantidades son, no obstante, muy inferiores a las del mercado libre, en el que las energéticas llevan meses aplicando fuertes revisiones al alza.

La TUR, como se conoce coloquialmente la tarifa regulada del gas, se revisa el 1 de enero, el 1 abril, el 1 julio y el 1 octubre de cada año siempre que la materia prima suba o baje más de un 2%. Al limitar esta revisión al alza al 15%, el Gobierno afirma haber ahorrado una media de 117 euros al año en un hogar de bajo consumo, 272 euros en uno de consumo medio y 885 euros en uno de consumo alto.

En el caso de las comunidades de propietarios, que pueden acogerse a la TUR desde octubre, lejos de subir, la tarifa baja entre un 1,77% y un 2,06% —en función del consumo anual del bloque— a partir del 1 de enero. Este descenso tiene que ver con la diferente ponderación de la materia prima.