Testaferros, fútbol y un yate llamado ‘El Duende’: el agente Quique Pina confiesa una trama millonaria para eludir a Hacienda

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve meses de prisión a Enrique Pina Campuzano, Quique Pina, el empresario y agente de futbolistas que presidió el Granada F. C. durante su regreso a la élite y que llegó a controlar el Cádiz. El tribunal le ha impuesto esta pena después de que el acusado, sus padres y su hermana —que se sentaron el 28 de noviembre junto a él en el banquillo— cerrasen un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El pacto, que implica también el pago de una pequeña multa, evita su entrada en la cárcel, pero supone que los cuatro admiten que impulsaron “diversas maniobras de vaciamiento patrimonial” para eludir su millonaria deuda con Hacienda, creando todo un entramado de “testaferros” y empresas “instrumentales”, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El relato de hechos probados resulta demoledor para Pina, detenido en 2018 y enviado a prisión por orden de la Audiencia Nacional por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales en la compraventa de futbolistas —en una investigación (Operación Líbero) que aún no se ha juzgado y de la que deriva la causa por la que ahora lo han sentenciado—. El fallo desgrana la trama de pufos urdida durante años por el exdirectivo y sus familiares para evitar pagar los 3,2 millones de euros que debían abonar a Hacienda como responsables tributarios del C. F. Ciudad de Murcia, que el empresario también presidió. Según ha confesado, pese a que se les notificó en 2010 que tenían que hacer frente a esa deuda, idearon una “mecánica compleja y perfectamente planificada” para esconder su patrimonio mientras llevaba una vida a todo tren —que incluía el disfrute de vehículos de alta gama (Porsche, Aston Martin...) o un yate de 500.000 euros—.

La resolución describe cómo Quique Pina utilizó dos “sociedades interpuestas carentes de actividad real” (Quique Sport S. L. y Calambur Intermediaciones S. L.), que él controlaba, pero en las que figuraba su hermana Elena como administradora única, para el desvío de los ingresos generados por su actividad “como gestor de clubes de fútbol profesional o como intermediario, asesor, representante y agente de jugadores”. Unas compañías a las que adscribió viviendas, coches y la embarcación; y a las que recurría para disponer de “grandes cantidades de dinero en efectivo” y “satisfacer sus gastos personales, como los corrientes de su vivienda habitual”.

“De este modo, Pina eludió que la Agencia Tributaria pudiera acceder a su patrimonio real para el cobro de las deudas”, prosigue la sentencia, que afirma que esta operativa funcionó al menos desde 2010 a 2018, cuando lo arrestan, momento en el que era consejero delegado del Cádiz C. F. Así, entre 2010 y 2017, Calambur llegó a facturar 12,6 millones de euros (sin incluir el IVA) derivados de la actividad del empresario, mientras que él solo declaró 257.000 euros en el IRPF en ese periodo.

El directivo usaba también Calambur para poseer acciones o participaciones de otras sociedades: de la propia Quique Sport (tenía el 96,68% del capital, valorado en 350.000 euros) y de Locos por el Balón S. L., a través de la cual llegó a controlar el Cádiz. De hecho, en este punto, la sentencia destaca que después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) emitiese una resolución para impedir que se hiciese con el club gaditano la empresa ya relacionada con el entonces presidente del Granada, este activó varias operaciones de compraventa para “desvincularse aparentemente”, aunque realmente retomó el control de Locos por el Balón “a través de un testaferro de su máxima confianza”, Alfonso David García Buitrago, quien en 2016 le vendió el 50% de la mercantil, manifestándose en esa operación que esa compañía ya tenía el 64% del capital del equipo andaluz.

El capitán dado de alta como “jardinero”

El murciano Quique Pina, 53 años, no destacó como futbolista y nunca llegó a la élite. Pero, tras retirarse de los terrenos de juego, emprendió una meteórica carrera como mediador y agente que le permitió llevar una vida de lujo. “Hice montones de operaciones, como los fichajes de Riquelme y Saviola por el Barcelona; Albert Luque y Tristán, al Deportivo; Juninho por el Atlético; Cristian Vieri, también por el Atlético...; Solari, Turu Flores, Iván Helguera, Anelka…”, presumía en 2014 en el diario As. Su actividad en los despachos le permitió ponerse al mando del Ciudad de Murcia, el Granada y el Cádiz.

En ese tiempo, Calambur funcionó a pleno rendimiento. La Audiencia considera probado que Pina percibió a través de esta empresa “retribuciones en metálico o especie” como directivo del Cádiz y del Granada, y como intermediario en el traspaso de jugadores de entidades como el Udinese, el Hércules, el Villareal, el Leganés o el Valencia. Incluso usó la sociedad para “camuflar” una indemnización de dos millones de euros que recibió cuando dejó la presidencia del equipo nazarí. Esa compañía adquirió los vehículos de lujo que disfrutaba y un yate de medio millón, bautizado como El Duende. Según la sentencia, el pago de esta embarcación se hizo mediante dos trasferencias desde la cuenta del Granada, cuyo “único autorizado” era el empresario; y el club llegó a costear los salarios del capitán y el marinero de la nave, a los que dio de alta como “jardineros”.

A través de Quique Sport tenía 10 bienes inmuebles, incluyendo su vivienda en Molina de Segura (Murcia), con un valor catastral de 273.000 euros. Por su parte, para evitar el pago de la deuda con Hacienda, los padres de Pina vendieron su casa por un valor declarado de 160.000 euros —pese a que su valor era 80.000 euros superior— a Jorge Cordero, un empleado que el empresario tenía en el Granada. “El precio nunca fue abonado por el comprador, que nunca hizo uso de la vivienda, en la que siguieron residiendo los vendedores y usándola como tal”, recalca el tribunal. Los progenitores ocultaron 40.000 euros en efectivo en una caja de seguridad, y se les encontró en 2018 otros 24.000 euros en “sobres y paquetes” en el registro de su casa.

Por todo ello, el tribunal ha castigado con nueve meses de cárcel a Quique Pina y a sus tres familiares por un delito agravado de frustración de ejecución, tras el pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Al primero le impone una multa de 6.750 euros; y al resto, de 4.500 euros; además del pago de las costas. Antes del juicio, Pina depositó en el juzgado 2,9 millones para extinción del principal de la deuda. Según consta en la sentencia, la Audiencia Nacional suspende su entrada en prisión al resultar la pena menor de dos años y ninguno tener antecedentes.