Centenares de proyectos renovables penden de un hilo: carrera contrarreloj de las Administraciones para evitar un fiasco

Los boletines oficiales, del Estado y de las comunidades autónomas, llevan días echando humo. La cascada de resoluciones administrativas sobre declaraciones de impacto ambiental de centenares de proyectos es una constante jornada sí jornada también. Estas prisas tienen una explicación: centenares de proyectos están el limbo y, de no recibir el visto bueno antes del miércoles, caerán al cajón del olvido. El riesgo de que eso suceda es mayúsculo, por dos motivos. Primero, porque la hoja de ruta de la descarbonización depende del rápido despliegue de la eólica y la fotovoltaica; segundo, porque los desarrolladores que hayan recibido la callada por respuesta muy probablemente litigarán, lo que abriría una peligrosa vía judicial.

Como si de una carrera contra el crono se tratase, los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y, sobre todo, de las autonomías, apuran las últimas horas para dar el visto bueno (o malo) a decenas de proyectos. El mayor cuello de botella, según media docena de fuentes del sector consultadas por este diario, está en la segunda pata, la autonómica, por lo general más rezagada.

Mientras que el Gobierno central, por boca de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se ha comprometido a que “el 100% de los proyectos cuya valoración depende del ministerio” estén “resueltos” el 25 de enero, la realidad es radicalmente distinta en un puñado de regiones en las que el atasco administrativo sigue sin resolverse. En cualquier caso, fuentes del ministerio descartan cualquier tipo de peligro para el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la verdadera hoja de ruta de las renovables: “No hay riesgo ninguno; eso seguro”.

“La inmensa mayoría de comunidades nos aseguran que están en condiciones de hacerlo, [pero] sí nos preocupa que alguna esté aún con la inquietud de si va a ser capaz o no de resolver estas tramitaciones”, deslizaba Ribera la semana pasada a preguntas de EL PAÍS. Las autonomías, sin embargo, son un grupo heterogéneo por definición. Las hay muy avanzadas, como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, por citar los tres casos más destacados, que se han podido colgar la vitola de territorios amigables para las renovables y llevan varios cuerpos de ventaja sobre el resto. Otras, sin embargo, como Galicia, la Comunidad Valenciana o Cataluña, acumulan severos retrasos que, probablemente, lleven a varios de estos proyectos a no recibir una respuesta a tiempo.

“Se ha acelerado, es indudable”, reconoce José Donoso, máximo responsable de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). “El órdago de Ribera [que se negó a prolongar por segunda vez el plazo, como ya hizo a finales de 2021] ha funcionado, pero aún no sabemos cuántos proyectos pueden quedarse en el aire”. La disquisición entre qué Administración ha de estudiar cada proyecto y, en su caso, otorgarle la declaración de impacto ambiental, depende de su tamaño: los de más de 50 megavatios (MW) de potencia instalada quedan bajo la esfera del ministerio; el resto, sobre el de las comunidades.

“Desde mediados de diciembre, sobre todo, se ha visto cierto ánimo de arrimar el hombro, una cierta reacción”, constata José María González Moya, director general de la asociación sectorial APPA. “Pero estamos en lo de siempre: falta información sobre los procedimientos que hay en curso y los que están en el filo de caducar”. A la vista del atasco total hasta hace solo unas pocas semanas, González Moya ve previsible que “una parte” de los proyectos acabe quedándose por el camino. “Aun así, tenemos esperanza en que se siga apretando en lo que queda. Sería una lástima que los proyectos serios, maduros y viables se quedaran por el camino”. Sus palabras ponen voz a un sector que lleva tiempo quejándose por la falta de medios públicos —funcionarios— para atender la avalancha de declaraciones de impacto ambiental.

Riesgo de litigios

“Algunas empresas ya han dicho claramente que, si la obtención de la declaración de impacto ambiental es por culpa de la Administración, litigarán”, apunta una fuente del sector bajo condición de anonimato. “Varios despachos de abogados han montado encuentros y webinars para informar sobre las posibilidades judiciales para hacer una reclamación patrimonial a la Administración. Es una posibilidad que existe y que nadie descarta”.

Tanto las prisas de las Administraciones como la presión de las empresas responden, en buena medida, a esa posibilidad, hoy por hoy nada remota, de acabar viéndose las caras en los tribunales. Algo que ninguna de las dos partes desearía. “Abriría un melón incierto y complejo, porque podría bloquear varios puntos de acceso a la red y eso, a su vez, podría ralentizar el despliegue de las renovables en esas zonas. La judicialización nunca es positiva para nadie: ni para el sector ni para la Administración”, advierte Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Una parte sustancial del atasco está en ese segmento, el eólico, cuyos proyectos suelen ser más complejos y difíciles de evaluar. El jefe de la AEE cifra aún en 10 gigavatios (GW) los que están riesgo de cara a la fecha límite del 25 de enero. Es la tercera parte de la capacidad total instalada en España de esta tecnología. “Después del verano era casi el doble, cerca de 19 GW. El cambio de ritmo de los últimos meses ha sido brutal; nos consta que están trabajando incluso los fines de semana y es algo que agradecemos mucho. Pero no podemos dejar caer ningún proyecto que se pudiera aprobar y que pudiera inyectar energía en los próximos años”, desgrana por teléfono. “Estamos preocupados, sobre todo, por Galicia y por Cataluña, donde algunos promotores están empezando a desistir”.

La incógnita de después del día 25

Aunque la fecha límite es este miércoles, día 25, habrá que esperar algo más de tiempo para conocer el volumen y el peso exacto de los proyectos que acaba quedando atrapado en la telaraña burocrática. Por dos motivos: porque algunos se resolverán en tiempo y forma, pero que no se notificarán en los boletines oficiales, tanto nacional como regionales, hasta varios días después. Y porque a mediados de septiembre un texto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abría la puerta a que el plazo para obtener la susodicha declaración de impacto ambiental echara a andar desde el momento en el que el titular del proyecto aceptaba las condiciones técnico-económicas y no desde el momento en el que le era asignado el punto de conexión a la red.

“Si esto es así, el plazo automáticamente se prorrogaría unos meses más; cada proyecto tendría un plazo distinto, pero sin duda se ampliaría”, aclaran fuentes del sector. “Me consta que hay distribuidoras que están comunicando a los afectados que eso es así, y otras que no. Nosotros hemos preguntado a la CNMC y seguimos esperando respuesta”, desliza Juan Virgilio Márquez, de la AEE. “Habría que aclarar si los afectados van a tener más tiempo. De momento, es algo que entra en el terreno de la interpretación. Pero todo lo que sea salvar potencia de proyectos serios a falta de una única firma final es positivo”.