Anticorrupción vuelve a acusar al BBVA de entorpecer la investigación del ‘caso Villarejo’

Nuevo varapalo de la Fiscalía Anticorrupción al BBVA en el caso Villarejo. Los dos fiscales del caso, Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, han presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicitan la prórroga, otros tres meses más, de la investigación sobre las irregularidades en los trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo para la entidad financiera, que está imputada en la causa como persona jurídica. Los representantes del ministerio público esgrimen que la investigación debe continuar porque algunas diligencias no se han podido hacer supuestamente por la actitud del banco, al que acusa de haber aportado “información parcial y sesgada”, entregado correos electrónicos “incompletos” y dificultado “cada intento de recabar las pruebas”. El juez Manuel García-Castellón, instructor de la causa, ha accedido a la medida y ha acordado prorrogar la instrucción hasta el próximo 29 de abril, pese a la negativa del propio BBVA, que consideraba que la causa, que se abrió en diciembre de 2018, se encuentra “agotada”.

No es la primera vez que Anticorrupción carga contra el BBVA por lo que considera una supuesta falta de colaboración en la causa. En julio de 2021, en otro escrito para solicitar la prórroga de la investigación, la fiscalía ya apuntaba que la presunta colaboración que el BBVA aseguraba estar prestando en las pesquisas no era real. Entonces, los fiscales admitían que la condición de investigada de la entidad impedía “que se le pueda requerir a que presente los datos, pues se encuentra amparada por su derecho de defensa”, pero también destacaba que en todos los escritos que presentan sus abogados se recalcaba “su voluntad de colaboración que (...) resulta, si no incierta totalmente, sí sesgada e interesada”. En este sentido, el ministerio público destacaba entonces que en la documentación que el banco había entregado a instancias del juez faltaban archivos y, en otros, no tenían los metadatos informáticos necesarios para “realizar la trazabilidad desde la creación del archivo hasta la actualidad”.

En este nuevo escrito, Anticorrupción repite parte de esos argumentos. Así, la Fiscalía detalla que entre las diligencias que no se ha podido practicar hasta ahora y que justifican que se prorrogue la instrucción de la causa, está la petición de nueva documentación al BBVA que en su momento debía haber entregado la consultora PwC, autora del informe forense sobre los contratos, y que esta no hizo porque aseguró que la había destruido. El ministerio público incide en que esta destrucción “se realizó sin aviso alguno” e impidió que se realizaran varias diligencias ya acordadas. Por ello, pide a la entidad financiera que entregue aquellas evidencias ya que, según PwC, es el único que las tiene en su poder. “Aunque nos encontremos ante el derecho de defensa, la circunstancia de ocultar y/o entorpecer pruebas, no solo supone obstaculizar la correcta finalización del procedimiento, sino que puede dar lugar a la adopción de medidas investigativas”, recalca el escrito.

Anticorrupción insiste también en que es necesario prorrogar las pesquisas para que el BBVA dé respuesta a los oficios librado para que ampliase la información facilitada hasta ahora sobre una cuenta de crédito ordinaria vinculada al comisario Villarejo. En este punto, la Fiscalía, como ya hizo en julio de 2021, admite el derecho del banco a no presentar aquellos datos que perjudiquen su defensa, pero recalca que la información dada hasta ahora sobre este punto ha sido “parcial y sesgada”.

Por último, el escrito recuerda que es necesario esperar a que se incorporen a la causa informes ampliatorios del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (el Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos) sobre la documentación. Lo hace después de que considere probado que el banco no aportó todos los correos electrónicos que se le requirieron y, en concreto, uno intercambiado por el directivo del BBVA Antonio del Campo y el que fuera jefe de control interno, Eduardo Arbizu, en el que supuestamente el primero informaba a este último, en septiembre de 2017, de la relación que existía entre el grupo Cenyt, empresa a la que la entidad había pagado 10,3 millones de euros por distintos trabajos, y el comisario Villarejo.

Anticorrupción concluye que el banco “en su ejercicio del derecho de defensa, dificulta cada intento de recabar las pruebas” y , por tanto, considera que su decisión de pedir la prórroga de la causa está justificada. “Cerrar la instrucción antes de ejecutar las mismas [diligencias] podría ser una puerta a la impunidad”, señala antes de pedir al juez que prorrogue la investigación judicial de la causa otros tres meses “con el firme propósito de que pueda ser la última”. No obstante. la Fiscalía deja abierta la posibilidad de pedir en el futuro: “Ello dependerá de la celeridad con que se ponga la documentación a disposición del juzgado y las partes”.

El juez hace suyos los argumentos de Anticorrupción en el auto en el que ordena prorrogar la investigación hasta el próximo 29 de abril. “Debemos concluir que, aunque ha habido un importante despliegue de diligencias practicas, lo que evidencia que nos hallamos ante una pieza dinámica, activa y compleja, la prolongación temporal de la pieza está más que justificada, a la vista [del] ingente volumen documental con que nos encontramos”.