El Gobierno estima que el aval para comprar vivienda beneficiará a unas 50.000 personas

El Gobierno estima que unas 50.000 personas podrán beneficiarse del plan para avalar públicamente el 20% de la compra de la vivienda a jóvenes y familias con hijos que anunció este domingo el presidente, Pedro Sánchez. “Hemos hecho un cálculo aproximado”, ha explicado este lunes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al término de una reunión que ha mantenido el Ejecutivo con representantes del sector de la vivienda. “En un primer cálculo situamos hasta 50.000 personas beneficiadas”, ha abundado la ministra, quien no obstante ha dicho que los avales podrían llegar a más familias “si cumplen los requisitos”.

Las condiciones, según fuentes del Gobierno, todavía se están acabando de perfilar. Se conocerán, como el importe total del aval, después de que el Consejo de Ministros acuerde este martes la posibilidad de que Transportes y el ICO firmen un convenio para abrir la línea de avales. “Los detalles de esta medida se expondrán mañana [por el martes]”, ha insistido la ministra Sánchez antes las reiteradas preguntas sobre los detalles del convenio.

En el anuncio que hizo el domingo el presidente, durante un mitin en Santa Cruz de Tenerife, se apuntó a que la medida se dirigiría a compradores de vivienda de hasta 35 años o que tuvieran menores al cargo. El requisito económico que se puso es que los perceptores del aval no superasen unos ingresos de 37.800 euros anuales. Es decir, 4,5 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), lo que en principio se valoraría individualmente, para los casos en que la hipoteca la pida una pareja. Y la parte con aval público llegaría “hasta el 20%”, que es la parte que normalmente no cubren las hipotecas, ya que los bancos tienen como límite general prestar solo hasta el 80% del valor de la vivienda.

Pero habrá más condiciones, que son las que se están ultimando y las que, según las mismas fuentes del Ejecutivo, podrían “adaptarse” por territorios. En concreto, esto se haría con el importe máximo de la vivienda, debido a las grandes diferencias que hay entre unas comunidades autónomas y otras, o incluso entre ciudades dentro de una misma comunidad. Puesto que el aval público solo se podrá pedir para viviendas hasta un determinado precio (a diferencia de lo que sucede en algunas de las comunidades del PP donde ya funcionan medidas similares), el Gobierno ve lógico que ese tope sea flexible y se adapte a los precios de cada mercado inmobiliario.

Lo que no variará, en principio, son los requisitos de ingresos y características del hogar que deben tener los demandantes. Estos serán igual para toda España. Todo ello a expensas de terminar de perfilar la medida en un Consejo de Ministros que se prevé tenso, tras las duras críticas de Unidas Podemos a estas ayudas. Críticas a las que la ministra de Transportes ha querido restar importancia, asegurando que “es una buena medida que no se puede leer ni entender aisladamente del resto”.

Su comparecencia ha servido para repasar cinco ejes en políticas de vivienda, que son los que el Gobierno ha presentado en su reunión con la patronal de los constructores, sindicatos, colegios profesionales, representantes del tercer sector y algunas empresas públicas. A la misma han asistido, además de la ministra de Transportes, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El Ejecutivo ha defendido el aumento presupuestario que ha hecho en esta legislatura en políticas de vivienda (gran parte con financiación de los fondos europeos), la futura ley de vivienda que está cerca de concluir su tramitación parlamentaria, el fomento de la rehabilitación de vivienda y la apuesta por ampliar significativamente el parque de alquiler social y asequible. Todo esto, además de la línea de avales públicos para comprar casa, que se ha convertido de momento en el último anuncio de relumbrón en materia de vivienda durante la precampaña de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo.

Raquel Sánchez ha asegurado que todas estas propuestas han tenido una “acogida excelente” por parte de los representantes del sector de la vivienda que han asistido. Y ha defendido la “interlocución constante” del Gobierno durante la elaboración de la ley de vivienda, ante la pregunta de por qué no había en el encuentro representantes de los grandes propietarios de vivienda de alquiler ni de los sindicatos de inquilinos.

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