La Eurocámara quiere una ley europea para evitar la explotación de los becarios

La Eurocámara ha reclamado este miércoles a la Comisión que apruebe y renueve las leyes necesarias para garantizar la calidad de las prácticas formativas en la UE, de modo que los becarios cuenten con unas “garantías mínimas” en materia de duración y remuneración de dichas prácticas, así como protección social durante las mismas. La iniciativa parlamentaria europea, que ha salido adelante con una amplia mayoría pero que no tiene carácter vinculante, coincide con los esfuerzos del Ministerio de Trabajo español por cerrar el estatuto del becario, con el que se busca poner coto al abuso que sufren estos estudiantes en algunas empresas.

Con 404 votos a favor, 78 en contra y 130 abstenciones, entre ellas las de los diputados del PP, el pleno ha dado su visto bueno a un informe que reclama a la Comisión que proponga una directiva sobre prácticas de calidad. Además, quiere que se actualice el actual marco de calidad para los periodos de prácticas, que data de 2014 y fue elaborado en plena crisis económica, con altas tasas de desempleo, sobre todo entre los jóvenes.

La situación actual es diferente, con un panorama económico y laboral menos sombrío que hace una década, pero marcado ahora por una pandemia que “interrumpió muchas oportunidades educativas y de empleo, obstaculizando así la adquisición de capacidades”, sobre todo entre los jóvenes de entornos más vulnerables, señala la resolución. Además, apunta la eurodiputada socialista Alicia Homs, ponente alternativa del informe, lo de 2014 no es más que una “recomendación” que, en vista de la situación actual de abusos de las prácticas en muchos países, se ha demostrado que “no ha sido efectiva”.

Tanto la Comisión como los Estados miembros, subraya la resolución adoptada, deben “facilitar y mejorar el acceso de los jóvenes a periodos de prácticas de calidad, remunerados e inclusivos, en especial para los procedentes de entornos vulnerables, a fin de lograr el objetivo de cohesión social e inclusión de la Unión”.

A la par, indican, se deben realizar “controles rigurosos” para que las empresas no puedan encadenar periodos de prácticas “consecutivos” que acaben siendo una forma de empleo encubierta y peor remunerada.

Para los eurodiputados, se hace necesario contar además con una nueva directiva que fije “estándares mínimos de calidad” para las prácticas. Específicamente, quieren que estas cuenten con una “compensación adecuada” que cubra al menos los costes de las necesidades básicas (alimentación, alojamiento y transporte) teniendo en cuenta el coste de la vida de cada país, así como acceso a la seguridad social del Estado donde se realizan las prácticas. El estatuto del becario acordado en España por sindicatos y el Ministerio de Trabajo establece una compensación de gastos para los becarios y un límite de 480 horas en las prácticas extracurriculares. Este jueves se celebra la firma del acuerdo, pero no hay certeza de que consiga apoyo parlamentario.

También se anima a los Estados a aplicar un “enfoque interseccional” que permita un mayor acceso a los periodos de prácticas por parte de personas de entornos vulnerables, ya sean personas con discapacidad o procedente de entornos desfavorecidos. De igual modo, instan a promover las prácticas en otros Estados miembros.

Para la socialista Homs, que a sus 29 años tiene muy reciente el recuerdo de sus prácticas como entrada al mundo laboral, la iniciativa adoptada este miércoles en Estrasburgo debería constituir un “impulso” para aprobar el estatuto del becario en España que, con esa medida, dice, “va un paso por delante” de Europa. Al fin y al cabo, recuerda, si la propuesta acaba en una directiva, y la Comisión ha dado todas las señales de que quiere acelerar esta legislación, “quien quiera bloquear el estatuto ahora tendrá que adaptarse de todos modos cuando la directiva entre en vigor”.

La socialista ha lamentado la abstención de todos los eurodiputados conservadores españoles, a los que ha recriminado que “se ponen de perfil” ante un tema de gran importancia para los jóvenes, “que no se merecen esto”. Fuentes del PP replican que respaldan rotundamente la demanda de una directiva “que busca establecer una remuneración justa para las prácticas en mercado abierto y las relacionadas con la formación profesional obligatoria”. Pero consideran que el resto del informe adolece de “falta de realismo en su enfoque regulatorio y falta de consenso entre los agentes sociales y las instituciones educativas, especialmente en lo relacionado con las prácticas curriculares”, por lo que decidieron no votar.

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