El Círculo de Empresarios propone aplazar la edad de jubilación hasta los 72 años y la patronal se opone a la medida

El Círculo de Empresarios ha propuesto al próximo Gobierno que salga de las urnas del 23 de julio el retraso voluntario de la edad de jubilación, acompañado de un sistema de incentivo, y la eliminación de los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas y del tributo sobre el patrimonio. El lobby liberal ha presentado este miércoles su Carta abierta a los futuros Legisladores y Gobernantes en la que recomienda a los futuros legisladores y gobernantes que saldrán de las elecciones generales del próximo 23 de julio, aquellas acciones y reformas que, a su juicio, deberían acometerse de forma urgente en el transcurso de la próxima legislatura.

El punto más polémico ha sido el aplazamiento de la edad de jubilación a un tramo entre los 68 y los 72 años. “Si se jubila antes, habría una leve reducción de la pensión y si se jubila después, un incentivo”, ha explicado en rueda de prensa el presidente de la organización, Manuel Pérez-Sala. La organización conservadora cree que la reciente reforma del sistema de pensiones “no asegura su viabilidad, solo retrasa el problema, es profundamente insolidaria y exigirá un gran sacrificio a los ciudadanos en activo”. Por ello, insiste en un retraso voluntario de la edad de retiro acompañado de un sistema de incentivos y en promover el ahorro privado y la inversión.

Reacción de las patronales

La propuesta ha provocado la inmediata reacción de las patronales CEOE y Cepyme. “En los acuerdos que tenemos, en principio, no está en esa edad, pero el Círculo de Empresarios tiene toda la autonomía para hacer los planteamientos que considere”, ha señalado el presidente de la primera, Antonio Garamendi. Según el jefe de la mayor patronal española, se están introduciendo debates en el marco de la campaña electoral que, en este caso, los representantes institucionales de los empresarios no han planteado: “Es un debate que ha salido hoy y hay que parar”, ha enfatizado.

Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha señalado sobre este tema que desde la organización nunca se ha planteado esa subida de la edad de jubilación. “Por tanto, nos sorprende esa medida”, ha reconocido. Eso sí, Cuerva ha reiterado que se debe trabajar en la sostenibilidad del sistema de pensiones y eso es una realidad “que España no puede dejar de abordar”. A su juicio, se deben compaginar los gastos y los ingresos del sistema, de tal forma que no se “machaque” al contribuyente. “Yo creo que hay una opción muy buena que sería el fomento del empleo y para eso hay que apostar por las empresas y hacerlas más competitivas”, ha reiterado.

Apoyo a la mochila austriaca

De la última reforma laboral, el Círculo de Empresarios ha señalado que “lejos de solucionar los problemas ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el desempleo y ha perjudicado la flexibilidad”. Por ello, los empresarios piden una reforma “valiente, consensuada con los agentes sociales”, que dote al sistema de mayor flexibilidad, y acerque la normativa española a la de los países del entorno y a las nuevas realidades económicas y laborales.

Esto pasaría, según la organización por revisar los costes de indemnización acercándolos a la media europea, subiéndolos para los contratos temporales y bajándolos para los indefinidos para favorecer la contratación estable. También han abogado por crear una cuenta de ahorro individual bajo el modelo de la “mochila austriaca” que recibiría aportaciones periódicas a cargo de la actual cotización que recibe la Seguridad Social en concepto de desempleo.

Situar el gasto público en el 40% del PIB

En materia fiscal, el Círculo de Empresarios considera que se debe incentivar la inversión y el ahorro y cree que las nuevas figuras impositivas deben consensuarse y armonizarse con Europa para evitar distorsiones competitivas y deslocalización de bases imponibles.

“Es imprescindible mejorar la eficiencia del sistema fiscal; la recaudación en España está por debajo de la media de la UE, a pesar de tener tipos impositivos superiores, por causa de la elevada tasa de paro, el tamaño de la economía sumergida y un complejo diseño del IVA”, ha recalcado la organización.

Por ello, la organización ha propuesto reducir las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, suprimir los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas, eliminar el impuesto sobre el patrimonio y simplificar el diseño del IVA reasignando los tipos impositivos teniendo en cuenta la estructura productiva.

Ha instado, además, a que la política fiscal sea prudente, rigurosa, efectiva y eficiente para impulsar un crecimiento estable. “No podemos gastar sin medida en políticas ideológicas, electoralistas o de dudosa eficacia, pues estamos perjudicando la capacidad de financiación de nuestro Estado de Bienestar y trasladando el gasto actual a las generaciones futuras”, ha recalcado el presidente de la organización.

En este sentido, señalan que el Estado tiene que aceptar que la capacidad de recaudación de la economía española es limitada, y que el peso del gasto público debe situarse en torno al 40% del PIB.

Vivienda y energía

De su lado, el Círculo de Empresarios considera que el Estado debe desarrollar una política de vivienda compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados por la constitución. Proponen así ampliar la oferta de suelo, fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible y encontrar fórmulas de colaboración pública-privada en aquellas ciudades con demanda insatisfecha, además de agilizar trámites administrativos para reducir costes para promotores y consumidores.

En materia energética, la organización cree que debe evitarse todo tipo de intervención en el mercado, o reducirla al mínimo imprescindible. Además, ven preciso trabajar para lograr la aceptación social de la transición y el consenso de la Administración, el sector empresarial y la ciudadanía.

“La necesidad de disponer de una energía segura y flexible en las mejores condiciones, reducir la volatilidad y facilitar la estabilidad de precios para los consumidores pasa por el alargamiento de la vida útil de la generación ya instalada y la conveniencia de fomentar el desarrollo del mercado a plazo y de la contratación bilateral”, han reiterado.

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