El Gobierno planea retirar la rebaja de impuestos al gas y la electricidad pese al riesgo inflacionario

El Gobierno aprobó una batería de ayudas para combatir las consecuencias de la guerra de Ucrania. Redactó hasta seis decretos ley y usó los Presupuestos para tratar de aliviar el impacto de los precios energéticos y la consiguiente inflación. Entre otras, se rebajó la tributación de la factura de la luz, se reforzó el bono social térmico y eléctrico, se redujo el IVA del gas y de los alimentos básicos, se concedieron cheques a los hogares vulnerables, se repartieron ayudas sectoriales, se bajó el IRPF para rentas inferiores a los 21.000 euros, se bonificaron los carburantes y se subvencionó el abono transporte y la gratuidad de Media Distancia, Cercanías y Rodalies. El Ejecutivo retirará casi todos estos paquetes de ayudas a final de año: las rebajas energéticas, las ayudas al transporte y la bajada del IVA de los alimentos no llegarán a 2024. Así estaba previsto en los decretos aprobados y así se comunicará a Bruselas en el próximo plan presupuestario que el Gobierno enviará antes del 15 de octubre. Tan solo mantendrá la bajada del IRPF y la gratuidad de Cercanías. Todo lo demás decaerá el 31 de diciembre. La decisión supondrá un incremento en la recaudación de impuestos y tendrá un notable impacto sobre los costes energéticos y la inflación.

Fuentes del Ejecutivo en funciones confirman que, a día de hoy, no se prevén cambios de calendario y que ese es el plazo marcado en el Programa de Estabilidad que se envió a Bruselas en primavera, aunque reconocen que hay preocupación sobre el impacto que la decisión pueda tener en el corto plazo sobre los precios. El Banco de España ha calculado que los precios energéticos podrían dispararse un 25% interanual en primavera, en parte por los efectos base, en parte por el encarecimiento del petróleo y en buena parte por la retirada de las medidas energéticas. De la inflación promedio que el supervisor estima para el año que viene, que se sitúa en un aumento del 4,3%, en torno a 1,5 puntos son por la supresión de todas las medidas. Es decir: casi un tercio de las subidas de precios del año que viene. Semejante incremento podría hacer que el Gobierno que se forme reconsidere el levantamiento total y plantee hacerlo de una forma escalonada para suavizar el repunte del IPC, o que se mantengan algunas medidas, pero mucho más focalizadas en colectivos vulnerables. Pero esto no está ahora mismo sobre la mesa del Gobierno en funciones.

Por un lado, el brote de inflación que se desató a raíz de la invasión rusa se ha moderado. De hecho, la subida de precios en España ha sido la menor de la zona euro durante los últimos meses, con una tasa que en agosto ha subido ligeramente hasta el 2,6% por el repunte de la cotización del petróleo, lejos del 5,6% del bloque de la moneda única. Por otro, el año que viene deberían restablecerse las reglas fiscales. Bruselas comienza a pedir que, de forma gradual, se reconduzcan las cuentas públicas tras los gastos incurridos por la pandemia y la guerra de Ucrania. Y para el año que viene, su exigencia es que se retiren las medidas extraordinarias y generalizadas adoptadas para paliar la crisis energética, que según la Autoridad Fiscal, están valoradas en unos 13.000 millones al año, equivalentes a cerca de un 1% de PIB. De esta forma se conseguiría reducir el déficit presupuestario desde el entorno del 4% del PIB hasta el objetivo que tiene marcado el Ejecutivo del 3%, un agujero que representa cerca de 40.000 millones de euros. En ausencia de otros ajustes, esta meta se antoja inalcanzable sin la retirada, total o parcial, de estas ayudas. Solo las rebajas de los tributos energéticos suponen cerca de 7.000 millones de euros al año, según datos de la Agencia Tributaria.

El Gobierno ha comunicado a Bruselas que reducirá el déficit este año hasta el 3,9% del PIB y lo recortará en nueve décimas adicionales en 2024, hasta el ansiado 3% que fijan las reglas fiscales europeas, ahora suspendidas y en proceso de revisión. De no alcanzar esta meta, se podría enfrentar a las consecuencias de un procedimiento por déficit excesivo.

Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), detalló el jueves durante un desayuno informativo sobre la recomendación que Bruselas hizo a España en primavera: “Hay una recomendación específica para muchos países, que también viene para España. Se nos dice que tienen que retirarse ya las medidas para hacer frente a la crisis energética y la crisis de precios. Y lo que a continuación añade en una coletilla es que, si fuera necesario prorrogar alguna medida o poner alguna otra sobre la mesa, ahora sí se exige la máxima focalización posible”.

Las primeras medidas impulsadas para frenar los precios de la energía se diseñaron a mediados de 2021, cuando el gas empezó a encarecerse con la recuperación de la demanda poscovid y los atascos en las cadenas de suministros. Pero fue a partir de la invasión rusa en Ucrania, en febrero de 2022, cuando el Gobierno diseñó ayudas más amplias. Entre ellas, la bonificación al carburante —que ya se eliminó para todos los automovilistas y que se está retirando ahora de forma gradual para los profesionales—, la bajada de los impuestos eléctricos —que incluye una reducción del IVA al 5%, del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica—, y la disminución del IVA al gas natural, pellets de biomasa y leña para calefacción. Los sucesivos paquetes que se fueron aprobando también contemplaron desgravaciones en otros ámbitos, desde el IVA de los alimentos básicos a la gratuidad del transporte de Media Distancia, Cercanías y Rodalies. En su conjunto, este escudo ha supuesto un desembolso de fondos públicos de unos 35.000 millones de euros desde 2021, según los datos contenidos en el Programa de Estabilidad hasta el pasado mayo. La partida más cuantiosa, con un coste total de 18.000 millones, es la rebaja de los impuestos energéticos.

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