El Gobierno plantea a Bruselas subidas impositivas por 7.355 millones y rebajas por 1.090 millones para 2024

El Gobierno ha enviado a Bruselas su plan presupuestario para el año que viene. En este documento se incluye un conjunto de subidas netas de impuestos y cotizaciones por valor de 6.509 millones de euros. Estas entrarán en vigor en 2024. En total, unos 5.000 millones se corresponden con el final de las medidas aprobadas por la crisis inflacionaria: se acaba la rebaja de los impuestos energéticos y la reducción del IVA de los alimentos. Otros 1.000 millones son por subidas de cotizaciones aprobadas en la reforma de las pensiones: el mecanismo de solidaridad intergeneracional y el destope progresivo de las bases máximas que están exentas. Unos 600 millones obedecen a las limitaciones que se impusieron en el impuesto de sociedades a las pérdidas compensadas entre empresas del mismo grupo (en 2023 ya aumentaron la recaudación en 840 millones). Y algo más de 200 millones por las subidas del IRPF a las rentas altas. El incremento de la presión fiscal se coloca así en los 7.355 millones en 2024. Por otra parte, al mismo tiempo hay 1.090 millones en recortes de impuestos: entre ellos 300 millones adicionales por mejorar la reducción por rendimientos del trabajo a rentas inferiores a 21.000 euros (que ya había supuesto el año pasado 1.500 millones); casi 300 por la rebaja del tipo de sociedades a pymes; 100 por la extensión de la deducción por maternidad a no cotizantes y desempleados, y 100 por el régimen especial de Baleares.

El Ejecutivo ha insistido en que este documento que ha remitido a la Comisión Europea se ha elaborado sin cambios en las políticas. Es decir: son todas medidas ya aprobadas. El paquete de ayudas por la crisis energética caduca en enero y, por tanto, habrá que esperar a que se forme Gobierno para que este decida qué medidas toma finalmente. Sin embargo, en 2024 se volverán a aplicar las reglas fiscales que obligan a corregir el déficit y la deuda pública. Y la Comisión Europea ya ha dejado claro que para cumplir con los objetivos de disciplina presupuestaria se tendrán que suprimir o focalizar estas ayudas.

Bruselas ha impuesto que el año que viene el gasto sin intereses solo pueda crecer un 2,6% una vez restadas las medidas de ingresos. Se trata de un baremo exigente en la medida en que solo las pensiones, la mayor partida de todas y que supone alrededor de un tercio del gasto público, se van a revalorizar en torno a un 4%, casi el doble del límite exigido por Bruselas. Y los funcionarios van a elevar sus salarios en al menos un 2%, otra rúbrica que casi supone un tercio del total. Solo con esos dos epígrafes se deja muy poco espacio para el resto y obliga a acometer iniciativas de ingresos, como quitar las ayudas, para poder cumplir con ese tope al gasto sin acometer ajustes. Sin más ingresos, el presupuesto solo dará para revalorizar rentas de jubilados y empleados públicos.

Además, el Gobierno logró que se suprimieran los peajes en las carreteras, una iniciativa a la que se había comprometido en el Plan de Recuperación y por la que la Comisión podría intentar solicitar medidas compensatorias a la hora de valorar la marcha de las cuentas públicas en el semestre europeo.

El Fondo Monetario Internacional ya señaló la semana pasada que España tenía que retirar todas las ayudas por la crisis de Ucrania si quería bajar el déficit al 3% del PIB, cifra a partir de la cual Bruselas obliga a imponer la disciplina fiscal. Y el FMI advertía de que al año siguiente el déficit español volvería a subir, exigiendo un ajuste a medio plazo.

Todo ello se presenta en un contexto europeo muy complejo y con el riesgo de recesión en el horizonte más inmediato de la zona euro. Incluso en estas circunstancias, en plena negociación de las nuevas reglas fiscales, Alemania está exigiendo más garantías de que se cumplirá con las reducciones de deuda. Esta postura de Berlín está impidiendo que se cierre un acuerdo sobre estas reglas. Por su parte, Francia está elevando el gasto público de forma considerable ante el descontento en la calle. E Italia ha disparado su déficit tras conocerse el coste de unas ayudas a la rehabilitación que se aprobaron con el Movimiento Cinco Estrellas en el Gobierno. Roma intentaba que se contabilizasen como una inversión a más años. Pero Europa no le ha dejado. En consecuencia, parece factible que tanto Francia como Italia no cumplan con los objetivos previstos de rigor presupuestario. España tendría así más fácil meterse en el mismo grupo y pedir todos juntos retrasos en el cumplimiento. Podría argumentar que necesita todavía mantener algunas medidas siempre que sean más focalizadas en colectivos vulnerables.

Subida de cotizaciones

La segunda fase de la reforma de pensiones aprobada este mismo año incluye tres tipos de aumentos de las cotizaciones que pagan los empresarios y los trabajadores cada mes para financiar las prestaciones de jubilación de la Seguridad Social. Si bien solo dos de estos incrementos de cuotas estarán vigentes el próximo año —el tercer aumento, una cuota de solidaridad que pagarán los salarios más altos, no se aplicará hasta 2025—. Según los cálculos del Gobierno incluidos en el Plan Presupuestario, las dos subidas que estarán en vigor en 2024 reportarán un incremento adicional de los ingresos de la Seguridad Social de unos 4.000 millones anuales.

El primero de estos aumentos ya se aplica de forma retroactiva desde enero de este 2023 y consiste en una sobrecotización del 0,6%, denominada Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), destinada a nutrir el fondo de reserva de las pensiones hasta 2032, y que reportará este año a las arcas públicas 2.922 millones. Pero además, según establece la reforma de las pensiones, el año que viene esta cotización adicional se incrementará en una décima, hasta el 0,7%, con lo que la Seguridad Social recaudará otros 780 millones más en 2024, según recoge el citado Plan Presupuestario. Por ello, el próximo ejercicio ese 0,7% del MEI supondrá unos 3.702 millones en total. De esta manera, este mecanismo pasará de recaudar el equivalente al 0,20% del PIB en 2023 al 0,24% en 2024. La reforma mandata que la cotización del MEI siga subiendo progresivamente en una décima anual hasta llegar al 1,2% en 2029.

A esta cantidad recaudada por el MEI hay que sumar un nuevo aumento del tope máximo de las bases de cotización de la Seguridad Social. Esto es: se sube la parte del salario que cotiza a los sueldos más altos. Estos tienen una parte que no paga cuota porque no reciben derecho a más pensión. Y estos topes se actualizarán en un porcentaje igual al que se establezca para la revalorización de las pensiones contributivas (alrededor del 4% el próximo año, según los planes del Ministerio de Seguridad Social), más una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Es el llamado destope de las bases máximas, que reportará a las arcas del sistema de pensiones otros 380 millones, como recoge el documento enviado a Bruselas.

En 2024, al sumar estos 380 millones del destope a los 780 por el incremento en una décima del MEI se obtienen ingresos adicionales por valor de 1.000 millones. Pero para saber cuál es el efecto completo de los incrementos de cotizaciones por la reforma de pensiones, a esa cifra hay que sumar los casi 3.000 millones que por segundo año consecutivo se recaudarán por la implantación inicial del MEI (2.923 millones en 2023), lo que elevará en su conjunto a 4.000 millones los ingresos adicionales anuales del sistema en solo dos años.

La Seguridad Social continuará también en 2024 con el despliegue progresivo del nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos aprobado en julio de 2022, aplicando la tabla de bases mínimas y máximas por tramos específicamente prevista para dicho ejercicio. Dicha tabla disminuye ligeramente las bases mínimas y máximas de los autónomos con rendimientos netos iguales o inferiores a 670 euros mensuales y hasta 1.300 euros al mes, con lo que a este colectivo les bajará levemente la cuota mensual que desembolsan a la Seguridad Social. Al grupo de autónomos con rendimientos netos de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales no se les modificarán las bases de cotización ni las cuotas el próximo año; mientras que a los que ganen más de 1.700 se les aplicará un leve aumento de bases y cuotas mensuales.

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