Actuar contra la inflación

Los datos de desigualdad que ofrece Caixabank Research en su portal “Economía en tiempo real” muestran que la desigualdad de rentas en España es hoy inferior a la que existía antes de la pandemia. Esto contrasta con la percepción de que las familias menos favorecidas están peor, a pesar de habernos recuperado ya del desplome del PIB en 2020. Una posible explicación a esta aparente paradoja es que la subida de la inflación ha sido asimétrica, ha sido especialmente intensa en los alimentos; y estos se llevan una fracción muy superior de la renta en los hogares de rentas más bajas. Podría ser que hoy seamos más iguales en rentas nominales, pero menos en poder adquisitivo real.

La coalición de gobierno en España, en línea con la mayoría de los países de la UE, ha hecho muchas cosas para afrontar la desigualdad. En algunos casos ha actuado vía rentas: la subida del SMI, el Ingreso Mínimo Vital y los cheques vinculados al nivel de renta. En otros lo ha hecho vía precios: rebajando impuestos sobre energía y precios, aprobando la llamada “excepción ibérica”, o bonificando los combustibles.

Haya sido suficiente o no, la realidad es que el Plan presupuestario 2024 presentado esta semana apunta a que buena parte de estas medidas van a desaparecer en enero, como parte del proceso de consolidación presupuestaria. Por eso, hace falta abrir un proceso de reflexión sobre objetivos e instrumentos. Por un lado, resulta necesario pensar en la composición del gasto y en la posibilidad de encontrar partidas en las que se pueda ahorrar, para financiar actuaciones en el frente de la igualdad. Por otro, hay que ser más selectivos en los instrumentos que se utilizan y evitar efectos desincentivo, lo que los economistas llamamos “trampas de pobreza”. Tres ideas al respecto.

Primera, subidas adicionales del SMI pueden ser una herramienta especialmente útil porque no desanima el esfuerzo laboral, al contrario; y beneficia directamente a los trabajadores de ingresos más bajos. Cierto que esa subida eleva los costes de las empresas, pero a lo mejor tendría sentido revisar las cotizaciones empresariales a la seguridad social en los tramos más bajos, para que el incremento en el coste laboral total sea asumible por las empresas.

Segunda, es urgente aumentar nuestro conocimiento sobre los ingresos de todos los ciudadanos, para poder ser selectivos en los programas de apoyo. La pandemia reveló las carencias que padecemos en este frente. La universalización de la obligación de presentar declaración en el IRPF puede ser la vía más rápida para resolverlas.

Tercera, hay que analizar muy bien todos los efectos de las rebajas impositivas y bonificaciones. Por ejemplo, el impulso al uso del transporte público mediante la bonificación de precios ha generado efectos positivos sobre la contaminación y congestión opuestos a la bonificación al precio de los carburantes. O pensemos en la rebaja del IVA de los alimentos. Aunque Miguel Almunia y otros han aportado evidencia empírica de que ha sido una actuación sorprendentemente eficaz en lo que atañe a su impacto en precios en las grandes superficies, su efecto distributivo ha sido menor que si se hubiese utilizado el dinero en programas de renta bien focalizados.

Toca reflexionar y reorientar actuaciones.

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