Arranca la cotización de más de un millón de becarios no remunerados: “Es justicia social”

Desde este 1 de enero, las prácticas no remuneradas ya han empezado a contar en la carrera de cotización. Es decir, computan como tiempo trabajado de cara a la futura jubilación. Esta reclamación histórica de los estudiantes, tan acostumbrados a encadenar periodos de prácticas con la esperanza de conseguir un contrato laboral, se trasladó al Boletín Oficial del Estado el 28 de diciembre y entra en aplicación desde el primer día de 2024. “Supone una extensión de derechos a los más jóvenes”, dice el Ministerio de Seguridad Social. “Es un inicio de carrera de cotización, generación de futuros derechos. Y es, sobre todo, una toma de conciencia de la importancia que supone formar parte del sistema”, añaden desde el departamento de Elma Saiz.

Esta mejora para los estudiantes en prácticas se comprometió en la primera parte de la reforma de pensiones, con José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social y con el apoyo tanto de los sindicatos como de la patronal. Los becarios que perciben una compensación económica cotizan desde 2011 (una medida aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero), pero no lo hacían aquellos cuyas prácticas no estaban retribuidas. Según las estimaciones del ministerio, este nuevo derecho beneficiará a unos 1,2 millones de estudiantes en prácticas. “Lo valoramos muy positivamente. Es una de nuestras reivindicaciones históricas, por la que hemos peleado mucho. Es una alegría, un acierto, una victoria, una cuestión de justicia social para lo jóvenes”, celebra Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España.

Esta cotización apenas supone costes para las empresas, ya que está bonificada al 95%. Es decir, la Seguridad Social cubre la mayor parte del coste. Para las prácticas de Formación Profesional, el Ministerio de Educación asume el 5% restante. En las universitarias sí paga la empresa pública o privada que recibe al estudiante, lo que está generando problemas, según los rectores universitarios. “No estamos encontrando receptividad ni de lo público ni de lo privado. Nos dejan claro que ellos no se van a hacer cargo de la cotización”, denunciaba recientemente en una conversación con EL PAÍS María Antonia Peña, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva.

Según la CRUE, las prácticas están en peligro porque empresas públicas y privadas no están dispuestas a asumir el 5% de cotización que les corresponde. En estos casos se contempla la posibilidad de que sea la universidad quien asuma ese 5% restante. Los centros no pueden, simplemente, asumir que el estudiante no desarrolle las prácticas, ya que la nueva cotización se aplica a prácticas que forman parte del plan de estudios. Sin ellas, el alumno no se gradúa. “Nos dejan dos opciones. O quitamos las prácticas del plan o pagamos nosotros la cotización”, añadía Peña.

Bajo coste

Según especifica el texto en el BOE respecto a las prácticas no remuneradas, “la cotización consistirá en una cuota empresarial, por cada día de prácticas, de 2,54 euros por contingencias comunes excluida la prestación de incapacidad temporal y de 0,31 euros por contingencias profesionales, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual por contingencias comunes de 57,87 euros y por contingencias profesionales de 7,03 euros”. Al estar bonificado en un 95%, se especifica que la cuota empresarial será, “por cada día de prácticas, de 0,13 euros por contingencias comunes excluida la prestación por incapacidad temporal, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual de 2,89 por contingencias comunes”. Pese a este escaso coste económico, los rectores insisten en que hay empleadores públicos y privados que rechazan becarios ante esta perspectiva.

En muchas ocasiones será la universidad la que se haga cargo, un escenario en el que entra en juego la delicada situación de las cuentas universitarias. “No vamos sobrados de financiación y esto nos presiona aún más”, explica Peña. Con todo, considera que el coste de las cotizaciones puede ser “asumible” por la bonificación, pero lo que les desbarata son los costes administrativos. Fuentes de Seguridad Social puntualizan que “normalmente la gestión de altas y bajas la realiza el destino donde realizan las prácticas los estudiantes”.

En principio, este avance para los becarios iba a entrar en aplicación el pasado 1 de octubre. Sin embargo, la Seguridad Social decretó una moratoria en junio para dar más tiempo a los centros educativos para adaptarse a la nueva normativa. Este movimiento del Gobierno llegó justo después de que CRUE elevase el tono contra esta política.

Báez critica la oposición de los rectores a esta medida: “Me gustaría recordarles que también deben defender a los alumnos, que formamos parte de ella. Parece que trabajan con el despotismo de para la universidad pero sin la universidad. Que el rechazo a la cotización hubiera venido de la patronal, y no ha sido así, habría sido esperable, pero no de los rectores”. En 2011 también hubo voces que criticaron la cotización de las prácticas remuneradas con argumentos parecidos.

El vicepresidente del Consejo de la Juventud cree que no se está dando el desabastecimiento de empresas dispuestas a acoger estudiantes que denuncian los rectores. “No creemos que sea así, lo veremos con el paso del tiempo. La parte empresarial y sindical están de acuerdo, el único problema son los rectores”, dice. “Este nuevo sistema de cotización va a servir como instrumento de supervisión de las prácticas que ahora en muchos sitios no existe”, añaden en Seguridad Social, donde también destacan la mejora de la protección en caso de accidentes.

Beneficios retroactivos

Además de los futuros becarios, los que lo fueron en los últimos cinco años también se verán beneficiados. Seguridad Social plantea la posibilidad de “suscribir un convenio especial que posibilite el cómputo de la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas realizados antes de la entrada en vigor de esta norma y hasta un máximo de cinco años”. Esta política aún no se ha cerrado, así que se desconocen detalles cómo quién asumirá el 5% no bonificado de la cotización. “Esta medida está muy bien, pero es muy importante que el Gobierno la difunda en cuanto se apruebe. Esta posibilidad debe llegar a todos los posibles beneficiarios”, finaliza Báez.

Por otro lado, este representante del colectivo juvenil insiste en la importancia de que cuanto antes se apruebe el estatuto del becario. El 15 de junio el Ministerio de Trabajo y los sindicatos presentaron un acuerdo al respecto que limitaba las prácticas extracurriculares (principal foco de precariedad) a 480 horas y planteaba la compensación de gastos. La patronal rechazaba el texto, al igual que el PSOE. La norma nunca llegó al Consejo de Ministros, se celebraron elecciones generales y sigue en el cajón, pese a su presentación en sociedad. En el Ministerio de Trabajo confirmaron recientemente que se volverá a convocar la mesa de diálogo social para escuchar a las partes, con el objetivo de que la patronal se incorpore al acuerdo.

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