La Rioja, Asturias, la Comunidad Valenciana y Extremadura invierten solo la mitad de lo que presupuestan

Las comunidades mejoraron el año pasado su cumplimiento en materia de inversión: ejecutaron, en promedio, más del 70% de los importes que tenían presupuestados para la partida, 10 puntos porcentuales más que el ejercicio previo y el primer incremento desde la pandemia. El grado de ejecución, sin embargo, fue muy dispar, y varios territorios se quedaron por debajo de la media. La Rioja, Asturias, la Comunidad Valenciana y Extremadura fueron los menos aplicados: solo invirtieron la mitad de lo que tenían previsto.

Las inversiones reales engloban infraestructuras, como tramos de carreteras, o transporte interurbano, como metros o tranvías, obras hidráulicas, construcciones sanitarias y educativas de competencia exclusiva de las comunidades. Cada año, en función de las necesidades, los gobiernos autonómicos destinan a esta rúbrica un importe inicial en sus presupuestos, que a lo largo del ejercicio suele ser modificado, casi siempre al alza. Por eso se distingue la ejecución sobre los créditos iniciales, que es el importe destinado a la partida a 1 de enero, de aquella sobre los créditos totales, que incluye las modificaciones presupuestarias y que a menudo es menor a la primera.

Por ejemplo, la ejecución sobre los créditos totales en 2023 fue unos ocho puntos inferior a la inicial (un 62,1% frente al 70,2%), debido a que la mayoría de las autonomías amplió la partida destinada a las inversiones durante el año. Es así que, a mayor denominador —el volumen de recursos para inversiones— e igual importe ejecutado, el porcentaje se reduce.

En Madrid, por ejemplo, la tasa pasa del 82,6% al 68,6%, y en Cataluña, que tiene el mayor porcentaje de ejecución sobre créditos iniciales, del 94,4% al 63,5%, porque ambas ampliaron durante el año los fondos destinados a inversiones. Al contrario, el porcentaje sube del 75,8% al 83,8% en Galicia —que pasaría a ser la autonomía con mejor tasa de ejecución—, porque se restringió la partida, al igual que en Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. La conclusión, sin embargo, es siempre la misma: las administraciones autonómicas casi nunca llegan a agotar los importes previstos. Es decir, ejecutan menos de lo que estiman en sus cuentas.

Eso significa que hay proyectos que se quedan en el aire porque directamente no arrancan o porque se produce algún cortocircuito en la tramitación. Es el caso de la reforma de la Unidad de Cardiología en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, licitada por un millón de euros de fondos europeos y que no llegó a ejecutarse en 2023 porque no hubo puja, o de dos obras de carreteras, también en Cataluña, con un coste de siete y cinco millones, que tenían que haber comenzado el año pasado y que se han iniciado al comienzo de este año, informa Dani Cordero.

“Siempre se presupuesta más y se suele ejecutar cerca de dos tercios. Se pinta el dinero con mucha facilidad, pero es muy difícil gastarlo bien, en tiempo y forma”, resume Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

En los últimos cinco años, la media de ejecución sobre créditos iniciales en el conjunto de las comunidades ha sido del 69,7% —63,7% si se consideran las modificaciones presupuestarias—, pero ha habido cierta volatilidad entre un ejercicio y otro. Si en 2023 el porcentaje rebasó el 70% —se invirtieron 10.762 millones de euros de los 15.320 que los ejecutivos autonómicos habían inicialmente previsto en sus cuentas—, el ejercicio previo ni llegó al 60%. En 2021, la tasa fue del 68%, una caída de 14 puntos con respecto al año de la pandemia, que se cerró con el mejor resultado del lustro: un 82%, una tasa probablemente dopada por la reducción de los trámites administrativos y la necesidad de mantener a flote la actividad durante la crisis sanitaria. Antes de la llegada de la covid, el cumplimiento fue del 68,7%, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

“Es un comportamiento ciclotímico, un poco de dientes de sierra, porque el año se queda corto como ejercicio presupuestario”, abunda Martínez López, quien explica que el manguerazo que ha supuesto el Plan de Recuperación ya anticipaba una caída en la ejecución tras 2020: “Ha llegado tanto dinero que las comunidades y el Estado no han sido lo suficientemente rápidos para ejecutarlo”.

Conceptualmente, la partida de inversiones se financia principalmente con tres fuentes: el ahorro bruto de las comunidades —el saldo entre ingresos y gastos corrientes—, cuando lo hay, las transferencias de capital recibidas de otras administraciones, sobre todo fondos europeos, y los impuestos sobre el capital, como los que gravan sucesiones y donaciones y patrimonio, una aportación que se ha ido reduciendo cada vez más en los últimos años. La baja ejecución no solo puede implicar una merma en los servicios para los ciudadanos, sino que genera problemas a efectos presupuestarios, subraya el catedrático, porque el gasto financiado con fondos comunitarios no contabiliza en la regla de gasto. “Hay comunidades que no solo no gastaban los fondos europeos, sino que, además, eran penalizadas implícitamente con una regla de gasto más rigurosa”.

Estos datos solo hacen referencia a la inversión que los mismos gobiernos regionales realizan en sus territorios, y no contabilizan aquella que la Administración del Estado ejecuta en las comunidades, un asunto que suele levantar ampollas a nivel autonómico. El último dato disponible de un año completo es el relativo a 2021, en el que el Estado llevó a cabo el 67% de las inversiones territorializadas previstas en los Presupuestos.

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