Empresarios y sindicatos arremeten contra el Gobierno por aprobar cambios no negociados en los convenios colectivos

Los empresarios y los sindicatos se han apresurado este martes a criticar al Gobierno por haber aprobado “por la puerta de atrás” y “sin negociación alguna” cambios en la estructura de la negociación colectiva, algo que consideran, por mandato constitucional, propio de la autonomía colectiva de los agentes sociales. Esta modificación normativa —que otorga la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos y, en algunos casos, también los provinciales sobre los sectoriales de carácter estatal— fue pactada entre el Ejecutivo y el PNV para lograr el apoyo de los nacionalistas vascos a la última investidura de Pedro Sánchez. Ante esto , aunque el Gobierno no ha sometido a negociación formal esta reordenación legal de la negociación colectiva, sí la ha incluido en el Real Decreto-ley para reformar el subsidio por desempleo aprobado este martes por el Consejo de Ministros. No obstante, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que este cambio en la articulación de los convenios era conocido desde hace tiempo por empresarios y sindicatos y había sido debatida en distintos foros.

Sin embargo el grado de negociación no ha sido el esperado por los agentes sociales. El sindicato CC OO ha sido el primero en criticar públicamente la decisión del Gobierno. Tras analizar los cambios, la central ha señalado que “suponen una intromisión en las funciones, que el artículo 7 de la Constitución Española, atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales”. Aunque en el sindicato no se cierran a negociar cambios en la estructura de los convenios colectivos y recuerdan que vienen reclamando la apertura del diálogo social “para abordar la articulación de la negociación colectiva entre empresa, sectores y territorios y la prevalencia de los convenios, que es manifiestamente mejorable”, sí han reprobado que el Ministerio de Trabajo “haya apostado por esta regulación sin contar con los agentes sociales”.

Fuentes de UGT no han entrado a evaluar el fondo de la medida pero han criticado firmemente la falta de negociación por parte del Gobierno. Así, han considerado que la prevalencia de convenios “pertenece a la naturaleza esencial de nuestra actividad (en la ordenación de las relaciones labores) y debería de pasar primero por el diálogo social”. De hecho, en esta organización también mencionan el mandato específico de la constitución para que una modificación del Estatuto de los Trabajadores que afecte a la estructura convencional colectiva “fuera tratado, debatido y abordado con carácter previo en la mesa tripartita del diálogo social”. Sin que esto, añade UGT afecte a la capacidad legislativa que la Constitución otorga al Congreso de los Diputados y a los partidos políticos que en el se encuentran.

Desde las organizaciones empresariales también mantienen la fuerte crítica a esta medida que ya profirieron en anteriores ocasiones que el Gobierno intentó dar luz verde a esta medida. CEOE y Cepyme opinan que el Ejecutivo “desprecia” el diálogo social por la forma en la que ha aprobado estos cambios normativos y recuerdan al Gobierno que la propia Constitución recoge el mandato de consultar a los agentes sociales modificaciones de este calado en la negociación colectiva. En cuanto al fondo del asunto, las patronales aseguran que la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales “atenta” contra la unidad de mercado y supondrá un “deterioro de la cohesión social y de la competitividad” de la economía y las empresas en España.

Varios intentos

No es la primera vez que el Gobierno trata de sacar adelante este cambio del Estatuto de los Trabajadores comprometido con el PNV. Ya intentó incorporar la prevalencia de los convenios autonómicos en uno de los últimos borradores de la reforma laboral, algo que al última hora desapareció del texto final y costó el voto negativo de la formación vasca. En una segunda ocasión, el Ejecutivo lo introdujo en el primer Real Decreto con el que trató de reformar el subsidio de desempleo en diciembre pasado y que el PP y Podemos tumbaron en el Congreso.

Y en los últimos meses había sido el PNV el que había sumado dos enmiendas con esta medida al proyecto de ley que desarrolla la transposición de la Directiva europea de condiciones laborales transparentes y previsibles, que ahora supuestamente se tendrán que retirar tras haberse incluido en el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros. A pesar de todos estos intentos de sacar adelante esta reforma parcial de la negociación colectiva, el Gobierno no ha planteado en ningún momento un proceso formal de diálogo con los interlocutores sociales, lo que ha despertado el citado malestar entre los agentes sociales.

Esta no es la única crítica sindical que recibió este martes el Gobierno. En CC OO han arremetido también en este mismo decreto de otras cuestiones que, según el sindicato, tampoco han sido convenientemente negociadas en el diálogo social. En concreto rechazan la forma en la que, en este texto normativo se hay modificado la extinción de los contratos de trabajo por gran invalidez o incapacidad permanente, total y absoluta. E igualmente, el sindicato ha mostrado su disconformidad por la modificación de la Ley que regula el Consejo Económico y Social (CES) que recoge también este Real Decreto-ley.

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