El Gobierno ultima la autorización a la saudí STC para alcanzar el 9,9% de Telefónica

El Gobierno está dando los últimos pasos para la autorización a la operadora Saudí Telecom Company (STC) de la toma 9,9% del capital de Telefónica, con el consiguiente permiso para ampliar su participación desde el 4,9% que actualmente controla. La operación se consolidará más de un año después de la sorpresiva irrupción del grupo en el accionariado de la compañía española. El proceso de autorización requiere el plácet de la Junta de Inversiones Exteriores (Invex), un órgano interministerial colegiado encargado de informar sobre adquisiciones empresariales de inversores extranjeros para garantizar la protección de la seguridad, la salud o el orden público. Tras este trámite, queda la autorización del Consejo de Ministros que, fuentes conocedoras del proceso, consideran “inminente”. El nuevo contexto, con un núcleo de accionistas españoles (SEPI, Criteria y BBVA) y la mejora de las relaciones con Arabia Saudí, favorecen la luz verde con condiciones.

La Jinvex, que basa sus decisiones en la información aportada por los ministerios y organismos relevantes sobre cada operación, está compuesta por un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), otro de la dirección operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, y uno de cada ministerio, con rango mínimo de subdirector general. Este órgano, presidido por la actual directora general de comercio internacional e inversiones, Alicia Varela, rechazó recientemente la opa lanzada por el grupo húngaro Ganz MaVag Europe por el 100% de Talgo, alegando la “protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España”.

Una vez que la Jinvex emite su informe favorable, el acuerdo debe pasar por la autorización del Consejo de Ministros debido al llamado escudo antiopas aprobado tras la pandemia del coronavirus para proteger a las empresas españolas estratégicas. Esa norma señala que una inversión extranjera precisa de la autorización previa del Consejo de Ministros cuando esté relacionada con un sector crítico, como tecnologías críticas, afecte a la seguridad o implique a empresas españolas cotizadas o, sin serlo, cuando suponga una inversión de más de 500 millones de euros o supere el 10% del capital en la empresa española o se participe en su toma de control. En esos tres supuestos se encuentra la compra del 9,9% de Telefónica por STC.

Las condiciones de esa autorización son las habituales en una transacción de esta envergadura. En primer lugar, que el grupo saudí se comprometa a mantener en Bolsa a Telefónica; en segundo, salvaguardar las decisiones que afecten a la seguridad nacional y garantizar que la sede social y fiscal permanezca en España.

Cambios en el consejo de administración

La mayor operadora de telecomunicaciones árabe, controlada por el Estado saudí a través del fondo soberano Public Investment Fund (PIF), que posee el 64% de la compañía, anunció su desembarco en el capital de Telefónica en septiembre de 2023 con la compra del 4,9% del capital, y la toma de otro 5% aparcada en instrumentos derivados a la espera de la aprobación del Ejecutivo. En conjunto, la operación estaría en torno a los 2.100 millones de euros, puesto que la toma de participaciones de la multinacional española se produjo mediante pequeñas adquisiciones de acciones a lo largo de varios meses.

El cambio en la estructura de capital de Telefónica también tendrá su reflejo en el consejo de administración. Una vez que el Gobierno autorice la toma del 9,9% del capital por STC, el grupo árabe puede pedir un puesto en el consejo, como el que ya dispone la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el nombramiento de Carlos Ocaña. En principio, la autorización del Gobierno no contiene ninguna cláusula que impida que el grupo saudí obtenga ese puesto en el consejo, por lo que se da por hecho de que STC ejercerá ese derecho.

Meses después del anuncio de STC, la SEPI culminó en mayo pasado la compra del 10% del capital por 2.384 millones de euros, convirtiéndose en máximo accionista de la multinacional española, seguido de CriteriaCaixa (9,9%), STC (4,9%), BBVA (4,83%) y BlackRock (4,23%). CriteriaCaixa, el grupo industrial de la Fundación La Caixa, también ha elevado del 4,91% al 9,9% su peso en la operadora el pasado mes de julio por 1.100 millones, y ocupa un puesto en el órgano de gobierno a través de Isidro Fainé, presidente del grupo. La suma de las participaciones de SEPI, CriteriaCaixa, BBVA garantizan con creces la españolidad de la mayoría de control tanto del consejo como del accionariado, por lo que, junto al blindaje normativo, hacen imposible cualquier operación hostil de un grupo extranjero.

El anuncio de la operación protagonizada por el grupo saudí hace más de un año suscitó una ruidosa polémica por el temor de que una empresa estratégica española pudiera caer en manos extranjeras, aunque los saudíes dejaron claro desde el primer momento que no iban a incrementar su participación ni lanzar una opa, y que contaban con el actual equipo de gestión. Pero el hecho de que la compra se produjera sin conocimiento previo ni del Gobierno ni del consejo de administración de la empresa -tan solo unas horas antes de ejecutarse fue informado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete- suscitó todo tipo de temores. Incluso Sumar, como socio de Gobierno, pidió el veto a la misma.

Desde entonces, se han producido continuados encuentros de directivos del grupo saudí y ministros del país con sus homólogos de Telefónica y del Gobierno español. El último tuvo lugar a finales de septiembre, cuando una delegación de STC encabezada por su consejero delegado, Olayan Alwetaid, mantuvo sendos encuentros con los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Transformación Digital, Óscar López. El presidente, Pedro Sánchez, también se ha reunido en varias ocasiones con Bin Salmán. Por su parte, Álvarez-Pallete ha realizado varias visitas a Riad, sede central de STC, para conocer de primera mano los planes de la firma saudí.