El nuevo diseño del impuesto a la banca dispararía la factura fiscal del BBVA si absorbe al Sabadell

El nuevo diseño del impuesto a la banca añade un inconveniente extra a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. El PSOE ha pactado con Junts una enmienda que modifica el acuerdo sobre el gravamen que ya alcanzaron hace unas semanas. La principal novedad es que crea un nuevo tramo —para los bancos más grandes, con más de 5.000 millones de ingresos— a los que se aplicaría un tipo impositivo del 7%, lo que afectaría a CaixaBank, Santander y el BBVA, mientras que deja a los que facturan entre 3.000 y 5.000 millones con un 6%. El Banco Sabadell, con 4.811 millones de la suma entre el margen de intereses y las comisiones bancarias en 2023, se queda en este segundo grupo por menos de 200 millones, pero si la opa hostil del BBVA y su posterior fusión sale adelante el banco resultante superaría ampliamente ese umbral de los 5.000 millones de ingresos, lo que dispararía la factura del impuesto.

El detalle de la nueva tasa al sector financiero —que prolonga, con determinadas modificaciones, durante tres años el gravamen introducido en 2022— es aún una incógnita. El PSOE acordó con Junts y PNV un diseño progresivo, de modo que los bancos que más ingresan por margen de intereses y comisiones son los que más impuesto pagarían. Bajo el primer diseño, CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell abonarían un 6% por tener una facturación de más de 3.000 millones. Semanas después, ambos partidos acordaron una enmienda transaccional que modificaba ligeramente el texto, con la introducción de ese consabido nuevo tramo del 7% para los bancos más grandes, de más de 5.000 millones de ingresos. No obstante, estos cambios decayeron durante la votación de la comisión de Hacienda, el pasado lunes. La decisión definitiva sobre el impuesto se dilucidará en el Pleno del Congreso de este jueves.

Los socialistas han retomado esta negociación y ultiman un acuerdo tanto con Junts como con el resto de los socios para reintroducir esta enmienda transaccional. Al haber decaído la anterior en comisión, solo podrá ser votada por el Pleno si tiene el beneplácito de todos los grupos parlamentarios, lo que se antoja difícil por la previsible oposición del PP y Vox. Así las cosas, el Gobierno y sus socios aprobarán previsiblemente el plan fiscal con la primera redacción del impuesto a la banca y después esperan modificarlo a través de un decreto ley que sentará las bases también de la prolongación de la tasa a las energéticas. Será entonces cuando este incremento del impuesto para los bancos más grandes quede definitivamente instaurado, previa convalidación por el Congreso de los Diputados.

Su diseño parece hecho a la medida del Banco Sabadell. La entidad catalana obtuvo una suma de comisiones y margen de interés de 4.811 millones en 2023. Esto supone que pagase el 6%, unos 289 millones de euros. El BBVA, por su parte, con una cifra de ingresos de 7.784 millones, abonaría ya el 7%, en torno a los 545 millones. La situación se agravaría aún más en el caso de que la opa hostil del banco vasco sobre el catalán triunfe, puesto que la entidad combinada declararía una base de ingresos de unos 12.600 millones, por lo que pagaría 880 millones por la tasa, solo por debajo de la factura para CaixaBank, de unos 913 millones. El BBVA en solitario pagaría 545 millones.

Esto le da un argumento más a la férrea defensa que la cúpula del Banco Sabadell —comandada por el presidente, Josep Oliu, y por el consejero delegado, César González-Bueno— ha llevado a cabo durante los últimos meses frente al BBVA. En la opinión de estos banqueros, el Sabadell vale más en solitario que la oferta elevada por los de Carlos Torres, a razón de una acción del BBVA y 0,29 euros en dividendo por cada 5,02 títulos del Sabadell. Para ello, el banco catalán se basa en sus perspectivas de crecimiento, que ha ido mejorando en los últimos trimestres y apunta que volverá a hacer a finales de año, así como la promesa que repartirá 2.900 millones a sus accionistas durante los ejercicios de 2024 y 2025.

El hecho de que el Sabadell vaya a pagar, si continúa en solitario, una factura fiscal muy inferior no hará sino apuntalar estas razones. Durante la ronda de presentación de resultados del tercer trimestre, a finales del mes de octubre, los máximos responsables de los grandes bancos españoles cargaron duramente contra el impuesto. La única excepción fue la de González-Bueno, quien se limitó a pedir tiempo para analizar el texto que se aprobase finalmente. No es, ni mucho menos, la primera piedra que el Gobierno pone en el camino del BBVA para hacerse con el Sabadell. El Ejecutivo, por boca del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado su frontal oposición a la transacción, que podría complicar endureciendo las condiciones que imponga competencia o vetar definitivamente en caso de que la opa triunfe y el BBVA prosiga con la fusión.

Está por ver, no obstante, si otro socio indispensable del Gobierno como es el PNV sale al rescate del gran banco vasco y vota en contra de este diseño. No solo por la penalización del BBVA, sino también porque no contempla la posible cesión a las Haciendas forales como la vasca, sino el reparto de la recaudación entre las Comunidades Autónomas. Esto impedirá al Gobierno vasco a bonificar la tasa, lo que eximiría al BBVA de pagarla.

Sea cual sea el diseño final, el sector ya está armando la defensa legal contra la tasa. Tal y como hicieron en 2022, preparan recursos jurídicos tanto a nivel sectorial, canalizados a través de las patronales del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y CECA, como a nivel particular. Entre sus argumentos vuelve a estar el hecho de que grave los ingresos y no el beneficio o la posible afección a la rentabilidad de las entidades. Ambas patronales ya anticiparon en una nota de prensa que remitieron conjuntamente que se planteaban recurrir la medida.

La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, ha repetido sus argumentos en los últimos días. “El 75% de las necesidades de inversión de Europa las cubre hoy el sector bancario. Este impuesto, lo que nos está trayendo es menor capacidad de competir”, ha indicado en una entrevista en TVE. Un día antes reclamó al Gobierno que facilite procesos normativos “ordenados y transparentes que den confianza a los ciudadanos, a los inversores y al mercado”