Oscar Pierre, jefe de Glovo, defiende ante el juez el modelo de autónomos pese al anuncio de regularización

A Oscar Pierre, consejero delegado de Glovo y uno de los fundadores de la compañía de reparto a domicilio, le han bastado apenas 15 minutos para defenderse en la causa penal en la que, en fase de instrucción, se le está investigando a instancias de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito contra los trabajadores. Pierre ha defendido que el modelo laboral de Glovo, basado en la contratación de los repartidores como autónomos, es correcto y se ha ido adaptando a la normativa, en especial después del pronunciamiento del Tribunal Supremo, aunque la Inspección de Trabajo y la Fiscalía consideran que se trata de un modelo fraudulento que usa a falsos autónomos y que no cumple con la Ley Rider, según explican fuentes jurídicas. La sesión se produce un día después de que Glovo anunciase que abandona precisamente este modelo de autónomos y que contratará a sus repartidores. Según las mismas fuentes, Pierre ha admitido que este movimiento, un día antes de la declaración, puede parecer una estrategia de defensa, pero ha asegurado que es casualidad que el Consejo de Administración haya tomado esta decisión ahora. Según ha explicado, se debe a su voluntad de que haya “paz social”.

A la salida de la declaración en el juzgado número 31 de Barcelona, el abogado de Pierre, Cristóbal Martell, también ha afirmado que la regularización de los trabajadores no tiene nada que ver con el proceso judicial en marcha, pese a la coincidencia en el tiempo. En la sesión, el jefe de Glovo solo ha contestado a las preguntas de su abogado y a las de la Fiscalía. También estaba presente la acusación particular —dos repartidores representados por los servicios jurídicos del sindicato CGT—. Tras la declaración, y rodeado de una docena de cámaras y otros tantos periodistas, Pierre ha salido del complejo de la Ciutat de la Justicia, con el semblante muy serio y afectado, y sin decir una palabra se ha subido a una moto y se ha ido.

La declaración se ha realizado a puerta cerrada y con gran expectación por parte de los medios de comunicación, especialmente por el anuncio, un día antes, de que Glovo cambiará por completo su modelo y regularizará a sus trabajadores nueve años después de la fundación de la compañía. El cambio de rumbo se da no solo en plena investigación penal contra el modelo laboral que ha ido defendiendo la compañía, sino tras multitud de sentencias en contra; sanciones que elevan a 267 millones de euros lo que Glovo debe a la Seguridad Social en cotizaciones impagadas; un pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2020; y la aprobación de la Ley Rider al año siguiente. Según Glovo, esta regularización afectará a todos los verticales de la empresa en las 900 ciudades en las que opera, y en España tendrá un impacto sobre unos 15.000 repartidores. La cifra real de trabajadores, sin embargo, puede ser mucho más alta, puesto que la práctica más extendida es realquilar la cuenta para trabajar en la plataforma. Según el Ministerio de Trabajo, el anuncio de Glovo implicará la regularización de más de 60.000 repartidores que han trabajado para la empresa en algún momento desde 2021.

En su declaración, según fuentes jurídicas, Pierre ha explicado que la decisión de regularizar ahora a los repartidores obedece a la voluntad de “no discutir” con las administraciones y de poder desarrollar su actividad sin tensiones ni conflictos con la autoridad laboral. Sin embargo, y pese a este giro, Pierre ha defendido el modelo de autónomos, refiriéndose al esfuerzo que la compañía hizo modificando su operativa en distintas ocasiones, especialmente cuando el Tribunal Supremo unificó la doctrina que salía de las distintas sentencias que iban reconociendo a los repartidores su relación laboral con Glovo. En esa ocasión la empresa intentó adaptar y blindar su modelo de contratación de autónomos dando más flexibilidad a los repartidores y reduciendo el control que la compañía —y el algoritmo que usa para encargar los pedidos— tenía sobre los repartidores. Pero no fue suficiente para convencer a los legisladores. En 2021, el Gobierno impulsó la Ley Rider, que obliga a todas las empresas del sector a contratar por cuenta ajena a los repartidores. Desde entonces, y hasta este lunes, Glovo había esquivado la aplicación de esta norma.

“Oscar Pierre ha dado profusas explicaciones acerca de cómo Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores. Precisamente, ha modificado su modelo de relación con arreglo a aquéllos dictados, y las últimas siete resoluciones de la Audiencia Nacional confirman ese buen hacer al haber ratificado la condición de autónomos de los repartidores”, ha señalado en un comunicado la defensa. Según la defensa, entre la fundación de Glovo y 2018, cuando la Inspección cambió de criterio, no hubo ninguna objeción al modelo laboral de la compañía. A partir de ese momento, para adaptarse a los requerimientos, Glovo cambió en dos ocasiones su operativa (lanzando, sucesivamente, los modelos Slot 2 y Flex), y la defensa argumenta que la denuncia de la Fiscalía ningún “requerimiento, acta o resolución” que tenga que ver con el modelo que desde agosto de 2021 utiliza Glovo.

En la sesión, Pierre ha asegurado que, desde la modificación tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, Glovo siempre ha actuado conforme a la Inspección de Trabajo y que ha colaborado en todo. La Fiscalía, por su parte, ha confrontado a Pierre con los distintos elementos que ha incluido en su denuncia, como algunas comunicaciones de Glovo a sus repartidores, en las que daba por terminada la relación laboral —algo que, en el régimen de autónomos, no es necesario hacer—.

Raúl Maíllo, abogado de la CGT que representa a los dos repartidores de la acusación particular, ha explicado que entre las líneas de defensa de Glovo está la afirmación de que los repartidores en realidad prefieren un modelo de autónomos, para lo que la compañía llevó a cabo una encuesta. “Pero también sabemos que en esta encuesta se preguntó a gente que dijo que no estaba de acuerdo con el modelo de falsos autónomos, y que estas respuestas no se incluyeron”, ha afirmado. Según Maíllo, el anuncio de regularización “es un triunfo de la clase trabajadora”, pero no debe alejar el foco sobre el caso que se está instruyendo. “Los hechos cometidos están cometidos con independencia de lo que ocurra. El futuro no cambia el pasado, y si has cometido un ilícito penal, lo has cometido. Pero al margen, esto no se trata de elegir tener una relación laboral o mercantil, sino que se trata de ver que si se cumplen unos requisitos de laboralidad”, ha detallado. Sobre si el anuncio de la regularización puede tener un impacto en el proceso actual, Maíllo ha expresado sus dudas: “Es complejo negar los hechos y al mismo tiempo sostener que este gesto forma parte de la reparación”.