El sindicato CSIF llamará a la huelga a 600.000 funcionarios si el concierto de Muface queda desierto

El sindicato de funcionarios CSIF convocará una huelga el próximo lunes, en caso de que en cinco días el concierto sanitario para empleados públicos de Muface quede desierto (el 27 de enero termina el plazo para que las aseguradoras concurran a la licitación). La fecha del paro aún no se conoce pero sí que estarán convocados más de medio millón de trabajadores del Estado afectados por la crisis de la mutualidad sanitaria. La única aseguradora que aún sigue analizando si le compensa presentarse es Asisa, y apurarán hasta el lunes para comunicar la decisión que han tomado. Adeslas y DKV, que estaban presentes en el convenio aún vigente, han optado por no acudir, ante el temor de perpetuar unas pérdidas crónicas.

Muface es una mutualidad administrativa dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Desde hace 50 años permite a los funcionarios mutualistas (mayoritariamente docentes), escoger si quieren tener sanidad pública o privada —a través de las compañías de seguros que se presentan al concierto, bianual o trianual—. 1,5 millones de personas, entre servidores públicos y sus familiares directos, tienen este tipo de cobertura. El 70% de los mutualistas escogió en 2024 sanidad concertada. Ahora, si el concierto quedara desierto se corre el riesgo de que todos tengan que ser atendidos por el sistema nacional de salud, lo que congestionaría una atención que ya está muy saturada.

Desde CSIF explican que, si Asisa no acude a la licitación, “convocarán el paro en la primera quincena de febrero”. La huelga afectaría a todos los ámbitos con personal estatal afectado por la crisis en Muface: personal docente y universidades, centros de la Administración General del Estado (ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno) y Correos. Descontando a los mutualistas jubilados y a los policías nacionales, que no pueden hacer huelga, habría algo más de 600.000 funcionarios llamados a la huelga.

En los próximos días, delegados sindicales de CSIF pondrán en marcha una campaña informativa y de concienciación en los centros de trabajo. La gran incertidumbre sobre el futuro de la atención médica de empleados públicos y familiares ha disparado las consultas. “Atendemos todos los días a cientos de funcionarios por que no están recibiendo la correcta atención sanitaria y les ayudamos a tramitar las quejas”, apuntan en la entidad.

El inicio de la crisis que vive Muface comenzó en octubre, aunque la infrafinanciación de este contrato público es crónica. El convenio vigente vencía a finales de 2024 y Función Pública lanzó una licitación en octubre, para el concierto 2025-2027, donde se recogía una mejoría del 17% de la prestación que cobran las aseguradoras. Pero, por primera vez en medio siglo, ninguna acudió. Ante esta situación inédita, se lanzó una segunda licitación, con un incremento acumulado de las primas del 33,5% (casi 4.500 millones de euros en tres años), pero ni DKV ni Adeslas se han presentado. Y ha quedado Asisa sola ante el peligro.

Óscar López, ministro de Función Pública y líder de los socialistas madrileños, siempre ha trasladado el mensaje de que la situación estaba bajo control, de que se había hecho un gran esfuerzo presupuestario y de que, en el peor de los casos, se podría extender la actual prórroga del convenio 2021-2024 hasta septiembre de este año. Pero las aseguradoras se han negado a participar y la situación cada vez se hace más insostenible. Máxime, con el ministerio de Sanidad, controlado por Sumar, abogando abiertamente por acabar con la excepcionalidad de Muface y atender a todos los empleados públicos a través del sistema nacional de salud.

En las últimas semanas, el único avance que se ha vivido en las conversaciones entre el Ejecutivo y el sector asegurador, ha sido la propuesta para buscar algún tipo de compensación de las pérdidas generadas por la prestación de la atención a los mutualistas. Adeslas, Asisa y DKV calcularon que habían generado unos números rojos en los tres últimos años cercanos a los 600 millones de euros, por la escasa dotación del concierto y la fuerte inflación. En el caso de Adeslas, ha calculado que si se hubiera presentado a la licitación actual, perdería 250 millones de euros en tres años. Y DKV entre 70 y 100 millones. Función Pública ha trasladado al sector que estaría dispuesta a buscar fórmulas para compensar esos números rojos.

La gran incógnita ahora es si Asisa quiere y puede presentarse en solitario al nuevo convenio, teniendo en cuenta que el resto de aseguradoras han huido despavoridas. Además, hasta ahora Asisa solo atendía 367.000 beneficiarios de Muface y, en caso de presentarse en solitario, tendría que dar cobertura al triple, a más de un millón de funcionarios y sus familias.