Consumo identifica más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid

Madrid sufre una avalancha de viviendas turísticas ilegales. Apenas un 6,9% de los anuncios ofertados en plataformas digitales corresponde a alojamientos con licencia, según ha detectado el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha analizado la publicidad digital de 16.335 pisos turísticos en la ciudad de Madrid y la ha cruzado esta información con los 1.131 permisos de funcionamiento para esta actividad concedida por el Ayuntamiento de Madrid —en el marco del Plan Reside, presentado en noviembre de 2024—. El resultado es que existen, al menos, 15.204 pisos vacacionales que operan al margen de la ley, por carecer de licencias. Consumo ha entregado este lunes un archivo digital al Consistorio madrileño, presidido por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, en el que se detallan estos hallazgos y ha solicitado al regidor que elimine los anuncios que infringen la normativa de grandes plataformas como Airbnb o Booking, para poner coto a esta actividad irregular de viviendas sin licencia pública.

El informe entregado por Consumo al Ayuntamiento de la capital no solo pone cifras a este fenómeno, que muchos madrileños identifican como uno de los culpables detrás del encarecimiento de la vivienda, también detalla direcciones exactas de los pisos irregulares y datos que permiten identificar a los propietarios de estos alojamientos. Las evidencias digitales trasladadas al Ayuntamiento de Madrid consisten en decenas de miles de enlaces de anuncios en plataformas de alquiler de apartamentos vacacionales, segmentados para poder detallar el número de registro o la ausencia de este, la información sobre el anfitrión y el tipo de alojamiento y estancia que se ofrece.

De este modo, han intentado facilitar al Ayuntamiento su labor de inspeccionar las viviendas, ordenar el cese de actividad y aplicar posibles sanciones. Entre los focos de irregularidad destacan la calle Mayor y la calle Preciados, donde se han detectado al menos 14 y 11 anuncios sin licencia, respectivamente.

El Ayuntamiento de Madrid anunció en febrero que se había regularizado la situación de 251 viviendas de uso turístico que operaban de manera ilegal en la capital, después de que la Agencia de Actividades (ADA) abriera un procedimiento contra ellas. En esa misma ocasión revelaron que, según sus cálculos, seguían operando alrededor de 15.000 pisos turísticos sin licencia, cifra similar a la que ha expuesto Consumo este lunes. No obstante, si se recurre a la plataforma Inside Airbnb, la cantidad total de estancias vacacionales se dispara. El portal estima que a la fecha hay más de 25.000 establecimientos en el mercado madrileño, de los cuales 16.805 corresponden a viviendas enteras (casas y apartamentos).

La investigación de Consumo

La Unidad de Análisis de Consumo lleva varios meses trabajando en la línea de las declaraciones del titular del departamento, Pablo Bustinduy, que exige que las administraciones competentes intervengan para acabar con prácticas ilícitas que “están limitando el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y expulsando de los barrios a una buena parte de la ciudadanía”. De este modo, la investigación ha abarcado otras zonas tensionadas, como Baleares y Andalucía, donde también se ha trasladado la información de los anuncios en situación irregular a sus representantes.

Por su parte, la Dirección General de Consumo se ha lanzado contra las a las empresas con centenares de viviendas turísticas bajo gestión. En diciembre de 2024 abrió un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de vivienda por no cumplir con la normativa en relación con la publicación del número de licencia, y el pasado febrero abrió expedientes a gestoras de alojamientos turísticos por actividades irregulares como hacerse pasar por particulares mientras realizan una actividad profesional.

El fenómeno de los pisos turísticos ilegales sigue siendo un dolor de cabeza para administraciones de todos los niveles. Sin embargo, Consumo sitúa a la capital como “una de las ciudades españolas con mayor concentración de pisos turísticos ilegales” y exige la puesta en marcha de medidas para acabar con esa situación, ya que es el Ayuntamiento quién puede actuar por tratarse de incumplimientos de la normativa municipal. En tanto, cita el ejemplo de ciudades como Barcelona — que han logrado eliminar miles de anuncios ilegales y devolver parte de estas viviendas al mercado residencial — o Ibiza, donde el Consell ha puesto en marcha una estrategia de identificación de viviendas ilegales para agilizar las inspecciones y sanciones correspondientes.

En Madrid, el Plan Reside — que según lo previsto por el Ayuntamiento entrará en vigor en agosto—, prohibirá los pisos de uso turístico dispersas en edificios residenciales del centro. Hasta ahora, estos solo estaban permitidos si tenían una entrada independiente, pero con la nueva medida se aspira a que se concentren en bloques exclusivos para este tipo de viviendas. De este modo, los edificios residenciales podrán destinarse al turismo solo si es su único uso y además se impedirá la conversión de bajos y locales comerciales en unidades de uso vacacional. Se pretende que esta nueva norma, además del centro, afecte a los llamados “ejes tercializados”, que son zonas donde se concentra la actividad económica.