Next Generation y financiación sostenible

La adenda presentada por el Gobierno de España para consumir toda la financiación proveniente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia confirma la intención de convertir el conocido como fondo Next Generation en la gran palanca de transformación económica y social de nuestro país. De ejecutarse plenamente, las inversiones solicitadas suponen 94.300 millones de euros más, adicionales a los ya solicitados en 2021, que ascendían a 68.000 millones. Si a estos fondos se les añaden los fondos REACT —que están en el último año de ejecución en 2023— y los programas operativos de la política de cohesión (otros 37.000 millones), España contará, de aquí a 2029, con una cifra que no conocíamos desde los años dorados de los fondos europeos, allá por los años 90, cuando la ampliación de la UE hacia el este no había, todavía, rebajado el nivel de apoyo recibido desde Bruselas.

Los datos actualizados señalan que España ha recibido ya más de 31.000 millones de euros del Next Gen y que las subvenciones otorgadas, aunque todavía sin ejecutar plenamente, superan los 28.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de Manuel Hidalgo para ESADE. Es decir, pese a las dificultades de implementación, los fondos Next Gen siguen su curso y terminarán afectando positivamente tanto a la actividad económica, como, esperemos, a la competitividad y sostenibilidad de nuestro país.

Sin embargo, el nuevo tramo de fondos tiene una característica específica, y es su carácter reembolsable. En beneficiosos plazos y tipos de interés reducido, España debe devolver este dinero. Ya que no queremos que esta inyección perjudique nuestro déficit y deuda pública neta, la mejor manera de utilizarlo es a través de la puesta en marcha de instrumentos financieros reembolsables: préstamos e inversiones en proyectos que no sólo cumplan con los objetivos del Next Gen, sino que además generen retornos suficientes al Tesoro público.

La utilización de instrumentos financieros reembolsables es un reto sobresaliente: no es el afamado “maná” que cae de la convocatoria de subvenciones, sino que los operadores económicos y sociales deben pensarse muy bien su uso, porque entrará en sus balances como deuda que tienen que devolver en un plazo determinado, o como capital que restará rentabilidad a sus propios fondos. Si a esta característica unimos la necesidad de contar con el seguimiento de indicadores y objetivos de carácter económico, social y ambiental, la gestión de los mismos se hará más compleja. Esto es relevante, además, desde el punto de vista de los intermediarios financieros que deben asumir la gestión de los mismos, pues las nuevas líneas de financiación deben ser complementarias, pero no sustitutivas, de las líneas de financiación ya ofertadas por el mercado.

Así, el diseño de los fondos previstos cobra la máxima importancia. Afortunadamente, tenemos instituciones como el ICO, Cofides o ENISA con experiencia en el uso de estos instrumentos. También contamos con una notable experiencia en las comunidades autónomas, a través de instituciones como el Instituto Valenciano de Finanzas o el Instituto de Fomento de Murcia, entre otras. Entre 2014 y 2020, al menos diez comunidades autónomas ejecutaron exitosamente instrumentos financieros reembolsables con fondos europeos. Hay experiencia suficiente para sacar lecciones y evitar errores del pasado, con subejecuciones presupuestarias, desistimientos de la banca comercial, u otorgamientos de préstamos a proyectos inelegibles.

Lo más relevante de todo el desafío y la oportunidad que se abre es la naturaleza de los fondos desde el punto de vista de la sostenibilidad: con los nuevos instrumentos, España tiene la oportunidad de abrir definitivamente el mercado de las inversiones sostenibles, configurándose como un actor relevante en el contexto internacional. Si combinamos el potencial de fuego de los nuevos fondos, los avances en materia de inversiones sostenibles —como la elaboración de las reglas de información no financiera de las empresas, las taxonomías europeas para inversiones sostenibles y sociales, o la entrada de España en el Comité Global de Seguimiento de las Inversiones de Impacto— y la experiencia pública acumulada, podemos dar un salto cualitativo en la sofisticación y sostenibilidad de nuestro sistema financiero y, con él, de todo nuestro tejido productivo. Una advertencia: esto no ocurrirá de manera espontánea, sino que responderá a un cuidado diseño que requerirá indefectiblemente de interés, tiempo y recursos.