¿Usted también es de los que no va a las juntas de vecinos? Estas son las consecuencias del creciente absentismo

Las juntas de propietarios agonizan y las relaciones vecinales se han perdido. No corren buenos tiempos para las comunidades de vecinos.

Las juntas causan tirria y antipatía y basta con mentarlas para que millones de propietarios tuerzan el gesto. En los últimos años, ha caído estrepitosamente la participación en estas convocatorias que se celebran una vez al año si son ordinarias —se aprueban cuentas y se renuevan cargos— o cuando proceda, si son extraordinarias ­—­para aprobar la ejecución de obras o para cambiar de administrador de fincas, por ejemplo—. Esas reuniones, que hace décadas eran sagradas, han perdido relevancia, a pesar de ser esenciales para evitar que unos pocos vecinos decidan por otros y, sobre todo, para que el edificio —el patrimonio de los propietarios— no pierda valor.

Entre el 60% y el 80% de los convocados no asiste, según los administradores de fincas consultados. “Las últimas 400 reuniones que hemos realizado nos permiten decir que acude presencialmente un 30%, casi un 5% delega la representación y un 65% no acude a las reuniones”, sostiene Roberto Ruiz, de GAF Ruiz Lizondo, que administra unas 175 comunidades en Zaragoza. Puede ser peor. “En una junta me encontré con que no vino nadie y tuve que llamar al timbre para que bajase algún vecino y poder convocar la reunión”, cuenta Alberto Izquierdo, administrador de fincas colegiado, que gestiona 280 edificios en la provincia de Barcelona.

José Francisco Martínez (44 años), propietario de un piso en Gavà (Barcelona), dice que la aprobación en la junta de derramas o la subida de la cuota le “afecta mucho”. Sin embargo, reconoce haber dejado de asistir desde antes de la pandemia por dos motivos fundamentales: el horario de la ­reunión es incompatible con su trabajo como autónomo y “hay vecinos que están esperando la junta para desahogarse y reprochar a la vecina por no sé qué quejas de hace un año”. Y añade: “Las reuniones se convierten en una especie de mítines con discursos y discusiones. Algunos se creen que están en un programa de esos de la tele”.

Los administradores de fincas coinciden en que la poca concurrencia es un reflejo de la sociedad actual, más individualista, menos participativa y colaboradora. “Es gente diversa y lo único que tienen en común es que viven en el mismo edificio”, aporta Carmela Lavandeira, administradora de fincas colegiada y abogada en A Coruña.

Muchos de esos miembros olvidan algo importante: “Nuestra casa no empieza al cerrar la puerta de nuestro piso, sino que empieza desde el portal”, sentencia Roberto Ruiz. Este administrador ha identificado los 10 motivos por los que los vecinos no asisten a las juntas: falta de tiempo, desinterés, sentimiento de que no se los escucha, comodidad de la delegación, evitar el conflicto y las tensiones, sensación de inexperiencia o falta de preparación, desconocimiento de la importancia, cambio generacional y limitaciones de la Ley de Propiedad Horizontal. “No podemos olvidar que es una ley de 1960 con multitud de remiendos”, dice Ruiz.

Francisco Javier Sojo, de 44 años, vive en Badajoz y hace más de una década que no acude a las juntas de su comunidad. “Algunos temas son interesantes y necesarios, pero siempre se acaba hablando de cosas que no están relacionadas. Además, se formaban grupos y no había manera de debatir qué cosas venían mejor a la comunidad”. Cree que “lo ideal es que se dejen de dar opiniones solo por molestar o llevar la contraria al rival”.

Hay varios factores que juegan a favor y en contra de las impopulares juntas. La asistencia fluctúa según el tamaño de la finca —­cuantos menos vecinos, mayor es la participación; en las grandes urbanizaciones la asistencia puede ser del 8% o 10%— y del peso que tenga la gente joven y de mediana edad —de 30 a 55 años—. “Las personas mayores son las que más asisten y tienen más voluntad de participar, tienen tradición de acudir a estas reuniones y están más acostumbradas al contacto humano”, comenta Izquierdo. En el resto de las edades, el nivel de compromiso con la comunidad baja considerablemente.

También hay que tener en cuenta el número de pisos alquilados que hay en el edificio, ya sea con arrendamientos tradicionales o con viviendas turísticas o de temporada (para estudiantes). “Muchos de estos propietarios no viven en el edificio y, a veces, ni siquiera en la ciudad, así que no asisten a las juntas. De hecho, cuando les toca ser presidentes es un auténtico problema para la gestión”, cuenta Lavandeira, que recomienda a sus clientes no nombrar a un presidente que no resida en la finca. “El 90% de los propietarios que tiene alquilado un piso, sean personas físicas o jurídicas, no asisten a las juntas”, coincide Izquierdo. Y menos, cuando se trata de pisos de herencias. “A veces los dueños son 15”, dice este administrador.

La mayor o menor asistencia depende, por último, de los asuntos que se traten. “La percepción general es que para los temas importantes, como la subida de cuotas o las obras, asisten casi todos los propietarios o delegan aquellos que no van. En estas reuniones, los profesionales no solo informan, sino que asesoran y aclaran las dudas sobre estas cuestiones, evitando que la junta se salga de los temas marcados y evitando, además, discusiones entre los asistentes”, dice Pablo Abascal, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE). En el análisis del administrador Roberto Ruiz se observa que “a una junta extraordinaria acude o delega un 44%, frente a un 34% que acude o delega a la junta ordinaria”. Se debe a que en la extraordinaria se tratan temas en los que hay dinero de por medio.

Acuerdos

No concurrir a las juntas es un alivio para muchos propietarios, pero no sale gratis. Tendrán que acatar las decisiones que se tomen. “De nada vale quejarse luego en la escalera, en el bar o en un correo al administrador”, indica Ruiz. Basta con que acuda una sola persona en segunda convocatoria (media hora después de la primera), siempre que hayan sido convocados a junta todos los propietarios de acuerdo con lo que establece la Ley de Propiedad Horizontal, para que el acuerdo sea válido y vinculante. Eso sí, siempre que se trate de asuntos que requieren mayoría simple, por ejemplo, la aprobación de las cuentas o los presupuestos, obras de necesidad y mantenimiento, explica Lavandeira.

Cuando se trata de cuestiones de mayor calado, como obras de eficiencia energética, limitación de viviendas de uso turístico o alquiler de espacios comunitarios, es necesaria una mayoría cualificada (que puede ser de tres quintas partes o de un tercio, según los casos). Los vecinos tienen un mes para emitir su voto a favor o en contra, aunque no hayan asistido a la junta. Si no se pronuncian en esos 30 días, su voto se sumaría al de la mayoría cualificada. “Los propietarios tienen un plazo de tres meses para impugnar el acuerdo, en caso de que sea contrario a la ley o los estatutos, resulte gravemente lesivo para los intereses de la comunidad en beneficio de uno pocos, suponga un grave perjuicio para algún propietario o se haya adoptado el acuerdo de forma abusiva”, indica la administradora. El plazo de impugnación podría llegar hasta un año en caso de que el acuerdo sea contrario a la ley, indican en el CGCAFE.

No ayuda el hecho de que las relaciones vecinales se hayan perdido, algo muy acusado en los edificios con pisos turísticos y alta rotación de inquilinos. Uno de cada cuatro españoles da un suspenso a la relación con sus vecinos: un 23% admite que habla raramente con ellos y un 22% alguna vez al mes, mientras que un 48% solo conoce el nombre de alguno de sus vecinos y un 10% el de ninguno, según un informe de Grupo Mutua Propietarios. Además, cuatro de cada 10 no han colaborado nunca con sus vecinos y el 30% no ha participado nunca en reuniones.

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