Un antídoto contra el ‘ecopostureo’ corporativo

Aventar, además de una palabra bonita, es una maniobra agrícola muy útil. Consiste en arrojar al cielo grano y paja. El viento y la diferencia de peso se encargan de separarlos. Hace año y medio, con una unanimidad poco habitual, el Congreso aprobó una normativa —Ley de Creación y Crecimiento— con una disposición adicional para reconocer una nueva figura empresarial, las sociedades de beneficio e interés común (SBIC). Una forma de separar grano empresarial y paja publicitaria. Las SBIC son, sobre el papel, empresas que persiguen algo más que ganar dinero y se comprometen a incorporar a sus estatutos cuestiones sociales y medioambientales con mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas. Hay un problema: un año y medio después, el reglamento de la ley está por hacer. Es un riesgo porque la norma puede convertirse en un coladero para compañías que publiciten lo que no son. Centenares de empresas en España como Danone, Capsa o Basf, la farmacéutica Ferrer, Triodos Bank, Holaluz, Camper, Ecoalf, SEK Education, Isdin, Puig o MásMóvil están a la espera del reglamento, atascado en el calendario legislativo.

Hay interés. Las empresas interesadas en el sello SBIC saben que, hoy por hoy, asumir compromisos sociales y medioambientales más allá de lo que marca la ley no conlleva ventajas económicas adicionales. Pero está en el ambiente. En un futuro, la consideración SBIC, además de una mejora de imagen, puede conllevar ventajas fiscales y de contratación con las administraciones públicas. Algo interesante para compañías que trabajan en sectores que tienen difícil sumarse a las etiquetas de máxima exigencia medioambiental. Carles Navarro, director general de la química Basf en España, lo explica: “Esta figura diferente [las SBIC], que tiene reflejo en otras jurisdicciones en Europa y América, me parece muy interesante porque es algo asumible para nosotros; supone un paso adelante, algo cualitativo”.

Las SBIC pueden ser un paso intermedio, admite Navarro, en el camino hacia estándares de exigencia máxima como el sello B Corp. El B Corp es un “certificado top” para las empresas más comprometidas en lo social. Lo expide la organización sin ánimo de lucro B Lab a empresas que cumplen altos estándares sociales y ambientales, de transparencia pública y responsabilidad legal. A estas compañías se les exige legalmente que tengan en cuenta en la toma de decisiones a sus trabajadores, clientes, proveedores, a la comunidad y al medio ambiente. Y que lo plasmen en sus estatutos. Un paso más allá de la teoría empresarial utilitarista, según la cual, la acción de una empresa es moral si logra el mayor beneficio posible.

La directora ejecutiva de B Lab, Belén Viloria, explica que las SBIC españolas suponen “un espacio intermedio entre el 0 y el 100″, un lugar entre las empresas tradicionales, para las que el beneficio es el único santo y seña y las empresas más comprometidas con una nueva economía y la transformación del sistema. En lo más alto del podio, indica Viloria, se encuentran las empresas B Corp. “Son 8.000 en todo el mundo, 230 en España y otro centenar en camino”. Una élite. Aunque 8.000 empresas B Corp suponen un buen número, hay que poner contexto. Sólo en España hay más de tres millones de empresas. Y la transparencia sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Así lo ha denunciado recientemente la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que ha detallado cómo 31 de las 50 mayores empresas españolas no convocan a la prensa para presentar sus resultados anuales. Hay campo para mejorar y cambiar. Y razones para hacerlo. Viloria asegura que, según los datos de B Lab, las empresas B Corp, las más comprometidas, mejoran su nivel de ingresos anuales en un 31% de media.

Separados el grano y la paja, la sociedad premia el compromiso y la transparencia frente a la confusión generalizada. “En 2020″, recuerda la directora de B Lab, “la Comisión [Europea] realizó un estudio sobre declaraciones medioambientales en el que concluyó que, de 150 declaraciones estudiadas, el 53% eran vagas, engañosas o infundadas, y el 40% de ellas no estaban adecuadamente respaldadas”. Lo que viene a ser el greenwashing. Feo pero todavía rentable.

Las SBIC españolas se suman a figuras empresariales similares aprobadas en EE UU desde 2010 —Benefit Corporations—; Italia —Società Benefit— y Francia —­Société à Mission—. En España existe la ley, pero falta el reglamento. Un agujero, pero controlado, según afirma Patricia Gabeiras, del despacho Gabeiras y Asociados, que ha participado en el proceso de aprobación de las SBIC. En su opinión, la ausencia de reglamento, que podría ser un coladero de empresas no comprometidas, se compensa con el trabajo realizado con el Colegio de Registradores. “Se ha elaborado una guía de desarrollo y un código de buenas prácticas para crear un entorno transitorio hasta que se apruebe el reglamento”.

José Armando Tellado, consejero delegado de Capsa Food —primera compañía española B Corp—, considera importante que se apruebe el reglamento SBIC. “El ejercicio político ha demostrado que cuando se quiere se puede”, asegura. “No veo ninguna razón para que se demore un reglamento que a mi juicio es imprescindible para que un montón de emprendedores y de empresas puedan empezar a trabajar en un entorno reglado, ordenado o tener unas ventajas a cambio de esto para beneficiarnos todos como sociedad”, añade.

Respaldo mayoritario

Sobre el papel, el camino no tiene obstáculos. Tanto el PP como el PSOE reconocen que la aprobación del reglamento pendiente es importante. Celso Delgado (PP), que presidió la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el momento de la aprobación de la conocida como ley Crea y Crece, considera que la norma —y su disposición adicional— responde a “necesidades reales” y ayudaría mucho a las empresas. El diputado socialista Pedro Casares, portavoz de Economía, destaca, por su parte, el respaldo mayoritario del Congreso a la norma y atribuye el retraso en la aprobación del reglamento SBIC al calendario de la nueva legislatura. “Lo importante es la voluntad, muy mayoritaria, de avanzar en estas empresas. El paso para tener un tejido empresarial que, además de valor económico, aporte valor social y medioambiental”. Y el paso para diferenciar los valores de la publicidad.

La Unión Europea también está en ello. El debate sobre el reglamento de las sociedades de bienes de interés común en España coincide con la tramitación en la UE de la directiva green claims, una propuesta legislativa para regular las afirmaciones ambientales, conocidas por ese nombre, que las empresas hacen sobre sus productos o servicios y que pueden referirse a cualquier aspecto medioambiental de un producto o servicio, como su huella de carbono, su eficiencia energética, su contenido reciclado o su impacto en la biodiversidad. Por resumir, un antídoto contra el lavado de cara superficial de muchas compañías. Un asunto espinoso y que tiene consecuencias serias.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal