La pérdida de poder adquisitivo y su significado

Revisión al alza de las previsiones de crecimiento, tirón del empleo: las cifras macroeconómicas confirman el momento dulce de la economía española desde una perspectiva agregada. Y sin embargo las encuestas cualitativas dibujan un panorama más complejo, con matices relevantes para la política económica. Según el Eurobarómetro del otoño pasado, casi la mitad de los europeos consideran que su nivel de vida se ha deteriorado en el periodo reciente, sin que se vislumbre un cambio de tendencia en los próximos años. En el caso de España el porcentaje de opiniones pesimistas es algo mayor y en Francia roza dos de cada tres personas encuestadas.

Las percepciones individuales pueden ser volátiles, pero también se sustentan en una realidad ineludible: el brote inflacionario ha erosionado el poder adquisitivo entre amplias capas de la sociedad. En el bienio 2021-2022 marcado por la escalada del IPC, la remuneración media por asalariado retrocedió casi un 5,5% en términos reales, y la recuperación posterior ha sido incompleta. De modo que hoy por hoy el salario medio se sitúa prácticamente en el mismo nivel que en los albores de la crisis financiera (y apenas un 5% por encima de donde estaba a inicios de siglo, siempre en términos reales). El consumo per capita también se ha desplomado en relación a la situación anterior a la pandemia, acentuando la sensación de empeoramiento de las condiciones materiales.

En los otros grandes países europeos el recorte ha sido incluso más pronunciado, explicando el malestar que se ha extendido en la opinión pública a través de todo el continente acerca de la capacidad de los gobiernos –y de la propia Unión Europea—para mejorar el día a día.

La pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación no ha sido uniforme, afectando con especial ahínco a las clases populares, por el peso de algunos de los componentes más inflacionarios como la alimentación, la electricidad o los alquileres. No debería sorprender que los colectivos con bajos ingresos consideren la recuperación de la capacidad de compra de sus ingresos como la principal de sus preocupaciones, según diferentes estudios de la Fundación de Dublín. Por su parte, las rentas altas manifiestan una mayor preferencia por otras cuestiones, como la reducción de jornada.

Ahora bien, la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores que han mantenido su puesto de trabajo durante estos años contrasta con la mejora del millón y medio de personas que se han incorporado al empleo (mayormente parados, jóvenes o inmigrantes). Es decir, hay más ocupados, pero cada uno de ellos tiende a ganar menos, una vez descontada la inflación. Esta constatación explica la contradicción aparente entre los resultados macroeconómicos, respaldados por el ensanchamiento del mercado laboral, y por otra parte la sensación individual de deterioro del nivel de vida.

Con todo, la política económica se enfrenta a la necesidad de mantener el dinamismo del mercado laboral, y a la vez atender las expectativas de mejora de los ingresos de un amplio espectro de la población, y no solo entre los colectivos más desfavorecidos. Hasta tiempos recientes, el foco de atención se centraba en el empleo de los trabajadores con bajos niveles de ingresos, los más afectados por la globalización y un proceso de cambio tecnológico sesgado en detrimento del trabajo poco cualificado. Algunos países como Alemania o Reino Unido habían logrado desplegar políticas efectivas a este respecto.

El momento actual, caracterizado por una pérdida cuasi generalizada de poder adquisitivo y un cambio tecnológico disruptivo para todo el mundo del trabajo, plantea un desafío más profundo. El problema de fondo radica en la debilidad de la productividad, que a su vez refleja la insuficiencia de las políticas que funcionaron bien en un contexto global que ha cambiado radicalmente. De momento ningún país europeo parece haber encontrado la fórmula mágica.

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