La vuelta a clase en los institutos: alumnos a menos de 1,5 metros y con mascarilla

Las autoridades educativas llevan semanas dándole vueltas a cómo lograr el regreso de todos los alumnos preuniversitarios a las aulas el curso que viene en un modelo completamente presencial. Ese fue el objetivo que se marcaron en el acuerdo que suscribieron el Ministerio de Educación y las comunidades (salvo Madrid y Euskadi) el 11 de junio. Para conseguirlo, las autonomías, que tienen la competencia en la organización del curso, obtuvieron este martes el visto bueno a una de sus peticiones. El Gobierno, en una guía de recomendaciones elaborada por los ministerios de Educación y Sanidad, aceptó que los grupos de alumnos de convivencia estable —las llamadas burbujas, en las que los estudiantes no tienen que guardar distancia ni llevar mascarilla— puedan alcanzar un tamaño de 25 personas (la ratio máxima legal) si lo decide el territorio, y que estas puedan funcionar en todos los cursos de infantil y primaria. Inicialmente el Ejecutivo contempló que las burbujas fueran de un máximo de 20 y solo hasta cuarto de primaria. Y antes todavía, el primer número que se barajó para una clase fue de 15.

Para solucionar el problema de espacio en los institutos, las comunidades quieren ahora que los alumnos puedan estar en clase a una distancia inferior a 1,5 metros, en aquellos centros donde no sea posible asegurarla, a cambio de que lleven puesta la mascarilla todo el tiempo. Así figura en los borradores de planes de contingencia que están elaborando y que ya han remitido parte de ellas al Gobierno. Los planes también contemplan endurecer gradualmente las medidas de seguridad si se produce un agravamiento de la situación sanitaria.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) elaboró un informe para el regreso a las aulas en mayo en el que establecía una distancia de dos metros, aunque sus autores aceptaron que 1,5 metros podían ser suficientes. Los pediatras también defendieron para los niños más pequeños la fórmula de las burbujas, que consiste en crear grupos cerrados en los que los alumnos de una clase interaccionan con normalidad entre ellos, a cambio de no mezclarse con los de las demás aulas a lo largo de la jornada lectiva en ningún espacio del centro. Están ideadas para que, ante la aparición de un brote, pueda aislarse solo al grupo afectado sin necesidad de cerrar toda la escuela. Los médicos apuntaron que se trataba de una figura pensada para grupos de alumnos relativamente reducidos, en torno a 10, aunque los miembros del grupo de trabajo para la vuelta a la escuela de la AEP tienen opiniones distintas sobre si el sistema sigue siendo útil cuando el tamaño de la burbuja aumenta hasta 25 alumnos.

Las autonomías consideran de forma muy mayoritaria y al margen de su color político que limitar las burbujas a 10 alumnos en infantil y primaria y mantener 1,5 metros dentro del aula en los institutos resulta incompatible con un regreso presencial de todos los estudiantes. Las clases de bachillerato llegan a tener hasta 40 alumnos en lugares como Castilla-La Mancha y hacer cumplir esa distancia obligaría, por ejemplo, a dividir en tres aulas ese tipo de grupos. CC OO estimó que duplicar los grupos requeriría, solo en la red escolar pública, la contratación de 165.000 profesores adicionales, con un coste de 5.151 millones de euros al año. Una cantidad que los Gobiernos autonómicos ven inasumible y que seguiría sin solucionar el problema de nuevos espacios donde alojar a los grupos desdoblados.

Al margen del obstáculo material, las consejerías de Educación cuestionan el planteamiento teórico: no ven adecuado planificar el inicio de curso en condiciones de una elevada excepcionalidad cuando en numerosos ámbitos la llamada nueva normalidad ha implicado un aumento de los aforos y el uso general de la mascarilla cuando no es posible mantener la distancia interpersonal. Las comunidades son partidarias de diseñar un protocolo gradual que permita subir peldaños de restricciones hasta llegar, en el peor de los casos, a un nuevo cierre total de las aulas. Y están convencidas de que el marco legal está de su parte.

La guía difundida por los ministerios de Sanidad y Educación con elementos de seguridad e higiene para la organización del próximo curso escolar fue presentada como unas “recomendaciones”. Ello se debe a que una vez que decayó el estado de alarma los territorios recuperaron sus competencias en materia sanitaria, a excepción de lo que contempla el decreto de nueva normalidad, aprobado el 9 de junio y pendiente de convalidar por el Congreso, respecto a los centros docentes, que señala: “Deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”. Es decir, que permite adoptar medidas alternativas a los 1,5 metros, como las mascarillas, según la interpretación realizada por las autonomías y que están incorporando a sus planes de organización del próximo curso.

El texto del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación del 12 de junio incluyó una mención expresa a dicho decreto de nueva normalidad a petición de las comunidades. Y también se añadió a solicitud de estas el párrafo que establece que: “Las Administraciones educativas seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias estatales y autonómicas”, “así como la distribución competencial existente”.

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