Murcia reinterpreta el sistema de admisión de alumnos de la ‘ley Celaá’ para poder mantener el distrito único municipal

Uno de los objetivos de la ley estatal de educación de 2020, la Lomloe, es que los niños se matriculen en el centro escolar más cercano a su domicilio para garantizar un reparto heterogéneo e igualitario de los alumnos y reducir así la segregación escolar. Este curso, la Consejería de Educación de Murcia eludió la delimitación de áreas escolares, manteniendo un distrito único en cada municipio, adelantando el proceso de admisión de alumnos a mediados de diciembre (habitualmente se hace en marzo), unos días antes de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado. Y para el próximo año escolar, Murcia ha aprobado una normativa que le permite, en la práctica, seguir manteniendo ese distrito único en cada localidad y que ha sido calificada por asociaciones de padres y sindicatos como un auténtico “fraude de ley”.

En la exposición de motivos, el nuevo decreto de admisión de alumnos deja claro que su “objetivo principal” es “garantizar el derecho a la libre elección” de centro escolar. Y así lo corrobora el director general de Planificación Educativa de Murcia, Víctor Marín, que insiste en todo caso en que la norma cumple escrupulosamente con la Lomloe, puesto que la proximidad al centro es uno de los criterios prioritarios a la hora de matricularse (5 puntos), junto con el nivel de renta (3 puntos) y tener otros hermanos matriculados en el mismo colegio (hasta 11,5 puntos). La ley estatal dice exactamente: “Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro; proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales y la renta per cápita de la unidad familiar”.

La cuestión es que ese máximo de cinco puntos por proximidad lo podrá recibir en la práctica cualquier familia para acceder a cualquier colegio de su municipio, con independencia de si vive más cerca o más lejos, pues el Gobierno regional se reserva la delimitación de unas áreas de escolarización que pueden seguir abarcando toda la localidad. Así, el decreto establece que la consejería, “oídas las administraciones locales, delimitará […] áreas de escolarización y zonas escolares”, cuya amplitud estará determinada por “la tendencia de las necesidades de escolarización, las características urbanas, las condiciones de acceso y transporte escolar, la evolución demográfica, la capacidad de los centros existentes y la oferta educativa”. Esos criterios que determinan la amplitud de las zonas no estaban incluidos en la primera versión del texto, lo que generó críticas por parte del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que exigió a la comunidad autónoma especificar las condiciones, y hacía una advertencia: identificar la zona escolar con el término municipal “convierte en absolutamente inoperante el criterio prioritario de proximidad”. La Consejería de Educación introdujo en el decreto esa recomendación del Consejo Jurídico sobre las características de las zonas, pero también un importante matiz: cada área escolar podrá ser “una zona escolar por sí misma” o bien “ser tenida en cuenta con otras áreas próximas para formar su zona escolar”. Eso se traduce en que las áreas escolares limítrofes formarán una zona geográfica amplia en la que la puntuación podrá ser la misma para todos.

Una zona de más de 30 kilómetros

Sirva como ejemplo Murcia capital, donde vive un tercio de la población de la comunidad autónoma (esto es, unos 460.000 habitantes): se han establecido siete áreas escolares, pero su ampliación uniendo las áreas próximas entre sí dan lugar a zonas escolares “que tienen una extensión de más de 30 kilómetros”, explica el concejal de Educación del Ayuntamiento, Antonio Benito. “Hemos pasado del distrito único al único distrito, es un fraude de ley”, advierte tajante. Una opinión similar tiene José Manuel Fernández, responsable del sindicato de docentes mayoritario en la región Sterm, que considera que establecer zonas tan amplias agrava el problema de la aparición de “colegios gueto”, que recogen al alumnado con menos recursos, mientras que otras familias se desplazan a centros más lejanos para evitarlos.

Para Clara García Sáenz de Tejada, portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Juan González, la mayoritaria en la comunidad autónoma, con unos 500 colegios asociados, esta laxitud en las zonas sirve además para impulsar la educación privada y concertada, que acaba por acoger a alumnos de familias más acomodadas y no a los que residen cerca de esos centros. Lo consiguen no solo dando la misma puntuación por proximidad a alumnos de otros barrios, sino también a través de los puntos extra que conceden los criterios considerados complementarios: familias numerosas y monoparentales, alumnos con discapacidad, progenitores que trabajen en el centro, alumnos nacidos en partos múltiples, víctimas de terrorismo o violencia de género o acogimiento familiar, todos ellos contemplados en la Lomloe, a los que se suman otros dos aportados por la Región de Murcia: solicitar el centro en primera opción y cumplir con un criterio elegido por el propio centro dentro de un listado que incluye ser hijo o hermano de antiguos alumnos o cursar una etapa educativa previa en el centro. “Cuando un alumno ya no recibe puntos adicionales por vivir cerca del centro y tampoco los puede recibir por criterios complementarios como estos, se ha eliminado el derecho a la libre elección del centro, porque no todos los alumnos pueden elegir”, resume Nacho Tornel, responsable de Educación de Comisiones Obreras.

Para el director general de Planificación, en cambio, en ningún caso la aparición de esos centros gueto es achacable a las zonas escolares amplias. Desde que se aplica el distrito único municipal, defiende, un 95% de las familias obtienen plaza en el centro que eligen en primera opción, lo que supone “un elevadísimo grado de satisfacción”.

Además, destaca que el Ministerio de Educación se ha mostrado conforme con las directrices dadas por Murcia. Durante el periodo de alegaciones, el ministerio solicitó varios cambios al borrador del decreto, en su mayoría relacionados con la puntuación que se daba a algunos criterios complementarios en el baremo, porque superaban a la puntuación concedida a los criterios prioritarios, algo que ya ha sido corregido. “En ningún caso el ministerio se refirió a los criterios de zonificación por los que ha optado la Región de Murcia. Las zonas no tienen por qué ser incompatibles con la libertad de elección y la propia Lomloe recoge ambos principios, y también la libertad de las comunidades autónomas para elegir cómo aplicarlos”, zanja.

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