El retraso en aprobar el gran cambio en la enseñanza dispara la preocupación en los centros: “No podemos avanzar casi nada”

A tres meses del final de curso, los centros educativos desconocen la mayoría de los detalles del gran cambio en la forma de enseñar, evaluar y organizar los cursos que empezarán a aplicar en septiembre. El retraso en la aprobación de las normas que deben regular la transformación (los nuevos currículos) por parte del Gobierno y las comunidades autónomas está haciendo crecer la preocupación en colegios e institutos, que tienen problemas para organizarse. Los alumnos no saben qué tipos de Bachillerato podrán elegir en sus centros el curso que viene. Y los directores temen que la tardanza, que dificulta formar al profesorado en el nuevo modelo de aprendizaje, alimente la desafección de los docentes hacia el cambio.

A la directora Carmen Peris se le acelera la voz al hablar del tema. “Tenemos paralizado el plan de transición de los alumnos que vendrán de primaria, la previsión de optativas que habrá en secundaria, las clases que dará una parte del profesorado… ni siquiera sabemos qué ramas de Bachillerato tendremos. Todo esto supone una reestructuración del centro importante, pero de momento no podemos avanzar casi nada”.

Peris dirige el instituto público de Albal, un centro grande (1.200 alumnos), con chavales de clases sociales dispares, situado en la zona más industrial del área metropolitana de Valencia y relativamente nuevo. Su preocupación es generalizada. El Gobierno solo ha aprobado las normas que regirán las etapas de infantil y primaria. Le falta publicar los decretos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Y cuando lo haga, el proceso aún estará lejos de concluir, porque cada comunidad autónoma deberá desarrollar su parte del currículo, exponerlo al público y decidir sobre las alegaciones antes de publicarlo. Como en la práctica llevan meses trabajando en sus textos, es posible que estén listos antes del verano. Pero algunos directores, como Olga Catasús, que dirige un colegio en Cartagena (Murcia), lamentan que es muy probable que en su territorio el proceso concluya coincidiendo con el inicio del próximo curso o incluso más tarde.

El retraso tiene consecuencias para los planes de alumnos como Carla y Francesc, de 16 años, que estudian cuarto de la ESO en el instituto de Albal y no tienen claro qué elegir el año que viene. “No sé si hacer el Bachillerato Humanístico o el de Ciencias. Me gustaría saber más sobre el nuevo Bachillerato General, que al no ser ni uno ni otro, igual me conviene, pero de momento nos han explicado poco”, dice Carla después de salir de clase en la biblioteca del centro, habilitada como aula. Lo que más les suena de la reforma educativa son los cambios en la selectividad, y lo que les ha llegado (que serán “exámenes menos de memorizar y más de evaluar de forma práctica”, comenta Leire, de 15 años) les parece bien, aunque les inquieta la idea de ser los primeros en probar el nuevo modelo, en junio de 2024.

Esteban Álvarez, presidente de la asociación de directores de institutos públicos de Madrid, expone los problemas que se está encontrando: “En las reuniones informativas para el alumnado que se incorporará el año que viene y sus familias, no sabemos decirles en qué consistirá el Bachillerato o cuántas horas tendremos de Educación física o de Francés. La nueva ley de educación permite ahora agrupar materias en ámbitos, pero tampoco podemos informar sobre eso porque no sabemos qué hará la Comunidad de Madrid. En realidad, no podemos informar prácticamente de nada”.

Un portavoz del Ministerio de Educación afirma que elaborar los currículos siempre da mucho trabajo e incluye trámites que dilatan su aprobación, como el análisis de miles de alegaciones y los dictámenes de organismos como el Consejo de Estado. Los borradores de la parte del currículo que redacta el Gobierno, añade, se conocen desde el verano, lo que ha permitido a comunidades autónomas y editoriales de libros de texto trabajar en paralelo y no debería haber problemas para que estén listos para el próximo curso.

El nuevo sistema de enseñanza aspira a que los alumnos adquieran más competencias, es decir, que terminen la educación básica sabiendo aplicar los conocimientos que les han enseñado. Y la tardanza en aprobarlo, advierte Pedro Huerta, secretario general de la mayor patronal de la enseñanza concertada, Escuelas Católicas, tiene un riesgo añadido: “Entre los docentes se está generando desafección. Un decir: ‘Bueno, que vengan y digan lo que quieran, pero yo tengo que planificar ya mi curso’. Es un problema, porque el currículo puede estar bien explicado en un documento, pero al final quien lo tiene que aplicar es el profesorado”. A diferencia de lo que sucedió con la aprobación de la actual ley educativa, la organización que dirige Huerta apoya, en líneas generales, el currículo elaborado por el ministerio que dirige Pilar Alegría, en el que encuentra “muchos aspectos positivos”.

Una de las consecuencia del retraso en rematar los currículos es que buena parte de los territorios no están formando al profesorado para impartirlos. Cristina Peris calcula que en su instituto un tercio de los docentes están “muy motivados” con el cambio, mientras que el resto son, en distinto grado, reacios o se mantienen a la expectativa. Pero la ausencia de una “pedagogía” a tiempo sobre el nuevo sistema de enseñanza puede hacer, afirma, que el rechazo crezca y la transición al nuevo sistema se alargue más de lo deseable. Sobre todo teniendo en cuenta que las plantillas vienen de dos años de sobreesfuerzo por la pandemia. Fuentes del ministerio señalan, por su parte, que la transformación educativa que se ha puesto en marcha necesitará en cualquier caso tiempo para calar en la práctica docente.

Uno de los pocos territorios que está formando sistemáticamente a sus profesores pese a no contar todavía con los nuevos currículos es Navarra. Los docentes, explica Idoia Sara, jefa de sección en el Departamento de Educación del Gobierno foral, tienen que completar obligatoriamente una formación de 10 horas dividida en tres partes: “Un conocimiento somero de los principales cambios que supone la nueva ley educativa, la Lomloe, un bloque centrado en el aprendizaje por competencias, y un tercero que incluye los cambios en la evaluación”. Este último punto es importante porque los nuevos decretos de currículo hacen hincapié en que la evaluación debe ser continua y basarse en “instrumentos variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje”. Esto es, que no deben girar primordialmente en torno a los exámenes, como ha sucedido tradicionalmente. Pero convertir esa declaración en realidad supone, sigue Sara, “un reto importante”. “El profesorado necesita que se le clarifiquen conceptos, mostrándole los tipos y momentos de la evaluación. Es necesario proporcionarles una formación teórica y también herramientas que les permitan llevarlo adelante”.

Aplazamiento descartado

El Ministerio de Educación descarta aplazar un año la entrada en vigor de los nuevos currículos, como han pedido las comunidades de Madrid y Castilla y León, gobernadas por del PP. El ministerio no se ha pronunciado sobre el anuncio realizado por Cataluña de que dejará en manos de los centros educativos la decisión de aplicar o no las nuevas normas el curso que viene, pero fuentes del Gobierno recuerdan que la nueva ley educativa, la Lomloe, incluye un calendario de implantación de obligado cumplimiento, que contempla que los currículos han de empezar a aplicarse en septiembre en los cursos impares desde primaria hasta Bachillerato y un año más tarde en los pares. En infantil se implantará en todos los niveles en septiembre.

La prórroga en la aplicación de unos nuevos currículos tiene un precedente cercano. En 2014, el entonces ministro del PP José Ignacio Wert aceptó retrasar los de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato presionado por el conjunto de las comunidades. Fuentes autonómicas ven improbable que un frente así se repita, porque la mayoría de los territorios quieren derogar cuanto antes los currículos de Wert.

A la Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (Anele) también le preocupa el retraso en la publicación de los decretos del ministerio y el hecho de que “muchas de las comunidades” no les hayan hecho llegar los borradores de la parte de los currículos que les corresponde. Su presidente, José Moyano, asegura, con todo, que los libros de texto y demás recursos educativos estarán listos para el inicio del curso. “Pero las cosas no se están haciendo como se tenían que hacer en un cambio tan importante y trascendente para el país”, añade, “sin tiempo para que los profesores lo puedan estudiar, profundizar y organizarse”.

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