Los colegios declaran la guerra a los teléfonos, pero los alumnos se rebelan: “Es como si les amputases una mano”

Emma tiene 15 años, móvil desde los 13 y una aplicación de control parental que solo le deja conectarse a internet o a las apps una hora y 45 minutos al día. Lo cuenta resignada porque no ve dónde puede estar el daño. “Somos conscientes de la adicción, pero no nos importa, es algo normalizado, los adultos lo demonizan y nosotros nos reímos, no es un problema”, afirma esta adolescente. A comienzos de curso se encontró con otro obstáculo: su instituto había instalado taquillas para depositar el móvil de forma voluntaria durante la jornada lectiva. En el centro, el público Federico García Lorca de Las Rozas (Madrid), sacar el móvil durante una clase está considerado falta grave y se penaliza con un día de expulsión. A Emma (nombre ficticio para proteger su identidad, al ser menor) lo de las taquillas le parece una medida muy drástica que atenta contra su “sentido de la independencia” y de la “posesión”. Aun así, ha pedido una porque, dice, no se fía de sí misma. “No me quiero arriesgar a ser sancionada por un descuido, no puedo permitírmelo”.

El director del instituto, Sergio Castro, cuenta que a algunos alumnos la idea de depositarlo les genera ansiedad porque “quieren sentirlo en el bolsillo”. “Es como si les amputases una mano”, dice la orientadora del centro, Sol Sansone. Emma lo confirma: el móvil es su forma de comunicarse, la imposibilidad de subir stories a Instagram en el recreo va contra su naturaleza. La idea de las taquillas es un intento por concienciarlos de que es un problema, de que el móvil no solo entorpece su rendimiento —recibir una notificación durante una lección supone una pérdida de atención de unos 20 minutos, según el informe GEM 2023 de la Unesco—, sino que puede afectar a su autoestima y elevar el nivel de conflictos al propagar formas de odio por las redes sociales sin tener que dar la cara.

Por el momento, este instituto, que ha podido instalar las taquillas gracias al Ayuntamiento del municipio, que lo ha costeado dentro de un proyecto piloto, no cuenta con un plan formativo específico para contar a los alumnos los peligros del mal uso de las tecnologías. “En los últimos años, hemos recibido peticiones de ayuda de diferentes centros por el impacto de los dispositivos en la salud mental de los chicos, se han incrementado los problemas de convivencia y las familias no siempre acompañan, está generando daños en su fase evolutiva”, señala Gloria Fernández, concejala de Educación de Las Rozas. En unos meses probará en otro centro público unas fundas individuales que inhiben la señal de los móviles, de forma que los alumnos lo pueden llevar colgando pero desactivado. Las fundas se cierran con un sistema magnético que solo el docente podrá desactivar. “Es una forma de restringir el uso respetando el vínculo que tienen con estos aparatos”, añade.

Ya sea a través de iniciativas como la de este ayuntamiento o acogiéndose a proyectos de formación para alumnos de fundaciones privadas, muchos centros educativos han iniciado su guerra contra los efectos del mal uso de los dispositivos en la vida de los menores. En Cataluña hay nueve institutos públicos que este curso están impartiendo en el tiempo reservado para las tutorías unas cápsulas de 16 horas para entender qué es y qué riesgos se derivan de la inteligencia artificial generativa —presente en los móviles de muchos jóvenes en diferentes apps—, diseñadas por la asociación sin ánimo de lucro Verificat, cuyo objetivo es luchar contra la desinformación y la manipulación en internet.

Les enseñan qué contenidos creados con IA pueden ser ilegales por no respetar los derechos de autor, cómo herramientas como ChatGPT no tienen una concepción de lo que es éticamente correcto, y los riesgos de usar la IA como un buscador. “Está diseñada para dar siempre una respuesta y puede ofrecer información inexacta o errónea, e incluso una respuesta inventada, a lo que se ha empezado a llamar alucinación de la IA”, señala Cristina Figueras, responsable del área educativa de Verificat. Pone un ejemplo: “No solo confunde autores de obras con títulos, sino que también los inventa”. La idea es que tengan claro que las respuestas que da la IA nunca se pueden interpretar como una verdad absoluta.

En una de las actividades, entrenan a la IA —con la app gratuita Teachable Machine— en la identificación de imágenes para comprobar con qué facilidad se pueden introducir los sesgos en función de la intención de la persona que entrena a la máquina. “Los alumnos suben imágenes de peces y mariposas para enseñar a la IA a catalogarlos. Después suben un pájaro y automáticamente lo etiqueta como un pez por la similitud en los colores”, explica Figueras. O hacen el “juego del teléfono escacharrado” en modo IA. “Le piden a la IA que cree una imagen de un mono, después usan una herramienta también de IA que convierte imagen en texto y lo traduce como ‘animal en un zoológico’. Por último, vuelven a convertir ese texto en imagen, y da como resultado cualquier animal presente en un zoo. Entienden así cómo se puede pervertir el contenido”.

Luca Tancredi Barone, profesor de Física y Química y Matemáticas en uno de los centros donde se imparten estas sesiones, el público Rec Comtal de Barcelona, considera inviable diseñar desde los centros contenidos tan específicos para el alumnado y cuenta que a Verificat le ha llevado seis meses la creación de ese taller, para el que entrevistaron a diferentes expertos en IA además de consultar materiales de organizaciones internacionales como la Unesco. “Ojalá tuviésemos más tiempo y recursos para incluir en nuestros programas contenidos de este tipo, es muy difícil y tenemos que recurrir a asociaciones de fuera, no podemos saber de todo”.

La actual ley educativa, la Lomloe —aprobada en diciembre de 2020—, contempla en los reales decretos de currículo desarrollados para cada una de las etapas educativas (desde infantil hasta bachillerato) siete competencias clave que deben impartirse de forma transversal en diferentes asignaturas, entre ellas la competencia digital. “Estas competencias se aterrizan en el aula de forma autónoma”, explica Mónica Domínguez, directora general de Evaluación del Ministerio de Educación, que puntualiza que es el profesorado el que a través de proyectos incluye y desarrolla cada una de las competencias como considera oportuno. Desde 2022, casi 400.000 docentes se han acreditado en España en competencia digital (de los casi 550.000 que hay en el sistema público).

Sobre los puntos a tratar dentro de la competencia digital, esta es la única referencia que se hace en el real decreto a los riesgos del consumo tecnológico para los alumnos de secundaria: “Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medio ambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías”. Con estas indicaciones, es el docente el que debe decidir qué contenidos incluye y cómo los explica.

La abogada que llevó un programa a 80 centros

En 2019, la abogada Isabel Massalleras recibió una llamada del colegio al que acudió de pequeña, La Merced, en el municipio de Lujua (Vizcaya), para recibir asesoramiento en la adaptación del funcionamiento administrativo del centro a la ley de protección de datos. Ella aceptó y su despacho lo realizó de forma gratuita dentro de su obra social, ya que el colegio, concertado, no estaba muy boyante. De ese trabajo surgió una conexión entre Massalleras, el equipo directivo y los docentes, que le contaron cómo los conflictos por el uso de las tecnologías les estaban desbordando: fotografías inapropiadas en vestuarios, niños incapaces de sostener la cabeza en las primeras horas de clase por la falta de sueño por el uso del móvil o alumnos que accedían a la plataforma online del colegio haciéndose pasar por el estudiante más brillante de la clase para presentar un trabajo plagado de faltas de ortografía, lo que supone un delito de suplantación de la identidad.

“Nos preocupó mucho esa carencia social, esos chicos no tenían paracaídas, ni filtros”, cuenta Massalleras, que junto a otros compañeros del despacho fundó la asociación sin ánimo de lucro Children on the line y se propuso crear un programa para proteger a los menores de los daños de internet. Con la colaboración de dos investigadoras de la Universidad de Barcelona y la de Deusto, revisaron la literatura científica sobre los usos problemáticos y las vías para un consumo saludable y diseñaron seis sesiones de 50 minutos en un programa al que llamaron Ciudadanía Digital.

Empezaron con sesiones presenciales en ese centro y después le dieron un formato online con vídeos, materiales y guías. El taller ya se imparte en más de 80 colegios e institutos en diferentes puntos de España, en su mayoría concertados, en las horas reservadas para la tutoría, desde infantil hasta bachillerato.

Massalleras explica en qué consisten cada una de las seis sesiones. La primera —Cómo me siento cuando uso internet—, enseña a los niños a hablar desde pequeños del bienestar asociado al uso de las tecnologías para que sean capaces de pedir ayuda cuando detecten que no les está sentando bien. Hablan sobre los tiempos razonables de uso, que varían en función de la edad y de cómo se autorregule el alumno. Se les explica la importancia de negociar esos tiempos con los padres. La segunda sesión —Cómo uso internet—, se dedica al uso seguro y al concepto de privacidad. “Les explicamos que aunque la letra de las políticas de privacidad de las apps es pequeña, difícil y farragosa, está ahí para consultarla y saber qué puede hacer esa empresa con sus datos”, señala la abogada. Conocen qué acciones pueden constituir un delito, practican cómo detectar sexting, y también que ellos pueden ser quienes cometan daños a terceros. “No deben confundir una broma pesada con un delito que les puede llevar al juzgado de menores”.

En las cuatro sesiones restantes —Quién soy yo cuando uso internet, Cómo interactúo, Lo que veo en Internet, y Cómo participo—, reflexionan sobre su identidad y su huella digital, cómo les pueden influir a futuro las fotos o contenidos en los que han sido etiquetados o cómo su reputación se puede resentir. Analizan quiénes son sus amigos de verdad frente a los conocidos, cómo se pueden distorsionar los mensajes en WhatsApp (donde es difícil captar el tono o la intencionalidad), cómo la información que encuentran en internet no es neutra, hablan de fake news y de la adicción que generan los algoritmos. “Les explicamos que no se puede copiar, que el contenido es sagrado y hay que respetar los derechos de autor... también de los filtros burbuja, cómo los algoritmos captan sus intereses y sin darse cuenta reciben mucha información sobre ello y acaban perdiendo la perspectiva”, señala Massalleras.

En las Jesuitinas de Bilbao, un centro concertado que abarca desde infantil hasta bachillerato, este programa ha empezado a dar sus frutos e incluso han cambiado su régimen de sanciones disciplinarias por uso inapropiado del móvil o las tecnologías. Han sustituido la expulsión del centro durante 24 horas por uno de los talleres extra para realizar con las familias en casa que propone Ciudadanía Digital. Josune Extremiana es la directora del centro: “Siempre hemos sido pioneros con la innovación tecnológica y la empezamos a introducir hace 15 años... luego empezaron las complicaciones: consumo de pornografía, envío de imágenes ligeros de ropa, fotos sacadas de forma tramposa a profesores para luego abrir cuentas en las redes sociales y suplantar su identidad... Solo con darles la información de los riesgos no funciona, tienen que practicar e ir calando poco a poco, si no, estamos perdidos”.

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