Ayuso sube apenas un 0,9% el presupuesto en la universidad pública y culmina su agonía

Desde hace semanas corría el rumor de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso iba a subir la subvención para las seis universidades públicas madrileñas apenas un 0,9%, hasta los 1.052,3 millones (9,4 millones más), y este jueves se ha materializado en la Asamblea de Madrid. Sus rectores confiaban en que no fuese así, pues habían recibido mensajes de calma. En abril estos gestores hicieron una llamada de auxilio que no se ha escuchado: necesitaban 200 millones de euros para “salvar los muebles” (un 17,9% más). La partida que dedica Ayuso a la universidad pública ―un 21% por debajo de la media española, pese a tener un 36,5% más de renta per cápita―, no da ni para cubrir los sueldos de la plantilla (se completan con lo que recaudan en tasas académicas) y la situación se agrava porque se espera que este gasto aumente un 3% por la subida vegetativa de la nominativa (IPC e incremento de los complementos de antigüedad). El Gobierno regional, sin embargo, indica en su documento que se han “asegurado” esos incrementos. Hasta la fecha, los rectorados han sobrevivido gracias a los 456,2 millones ganados en sentencias al Gobierno de Esperanza Aguirre, pero esa partida ya se ha agotado.

Se financia a 18.900 profesores, 8.900 trabajadores de administración y servicios, 159.000 alumnos de grado, 23.000 inscritos en máster y 16.300 en doctorado; es el mayor sistema universitario de España y el peor dotado por estudiante. “El objetivo es garantizar una enseñanza de calidad, fomentar la investigación, el emprendimiento, el talento y la igualdad de oportunidades”, se explica en un documento que resume el proyecto.

La cuantía total en universidades sube hasta los 1.122 millones (un 0,5% más), porque se incluyen otros conceptos como gastos en obras (7,6 millones, 12 veces menos que en 2007), becas (15,6 millones), los costes de la dirección general, fundaciones o consejos sociales: “Se mantienen las becas de excelencia, la financiación histórica para becas socioeconómicas y se crean las nuevas becas de excelencia deportiva”, se explica en el documento. Esta financiación “histórica” de las becas por renta se explica porque se duplica la cifra para el curso que viene ―de tres a seis millones―, cuando la Comunidad Valenciana, más pequeña y más pobre, reparte por ejemplo 18 millones.

La Complutense va a recibir una subvención de 375,5 millones, la Autónoma de 162,3, la Politécnica de 217,6, Alcalá de 96 y la Rey Juan Carlos de 98. Donde sí hay una subida considerable es en el apartado de planes específicos I+D+I. Transferencia tecnológica: se alcanzan los 45 millones, pero es una cantidad irrisoria si se compara con otras regiones.

Esta asfixia presupuestaria coincide con un crecimiento exponencial de plazas autorizadas en la privada de titulaciones con tanta demanda que la pública no puede absorber. De forma que en Medicina, Psicología o Veterinaria ya hay más jóvenes pagando de 7.500 a 23.000 euros anuales a las tasas públicas. Y en paralelo, el Gobierno de Ayuso va camino de abrir la decimocuarta privada. “Es la misma técnica que usan con el resto de las etapas educativas: desprestigio, ahogo económico, reproches de falta de calidad y después se ofrece la privada para quien pueda pagársela como solución”, argumenta Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea. “De aquí a 10-15 años, la clase media madrileña lo va a tener muy, muy complicado”.

“Madrid es la comunidad con más profesores por encima de los 60 años. Han imposibilitado el relevo generacional con 15 años siendo la única institución educativa en la que los presupuestos no aumentan pese a su éxito de inserción laboral y posición en el panorama internacional,. Esto es la puntilla”, denuncia Antonio Sánchez, diputado portavoz de universidades de Más Madrid. “Con una plantilla tan envejecida y con unas infraestructuras con el respirador artificial puesto, es un éxito hercúleo la calidad que mantienen”.

El gasto en universidades suponía un 0,58% del PIB madrileño en 2009 y en 2022 el 0,47%, según los datos que manejan los rectorados. Aunque Ayuso se jactó de la inversión recientemente en un pleno, lo cierto es que está a años luz del esfuerzo que hace Andalucía (0,95% del PIB) o Comunidad Valenciana (0,85%), dos regiones ahora en manos del Partido Popular. La Xunta se enorgulleció hace unos días de “una asignación sin precedentes de 538 millones de euros para las universidades, que coloca a Galicia como la comunidad más cercana a alcanzar el objetivo del 1 % del PIB destinado a la educación superior antes de 2030″. Ese es el propósito marcado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y, en el caso de Madrid, supondría más que duplicar la cuantía en cinco años, un objetivo que se antoja imposible si continúan estas políticas.

El Ejecutivo madrileño no ha ido lo generoso que en un principio se esperaba. En un acto en abril, Nicolás Casas, su director general de Universidades, hizo una valoración apaciguadora a EL PAÍS: “Somos perfectamente conscientes de la situación [financiera] de las universidades (...) Estamos intentando pisar el acelerador. El equipo lleva desde julio [de 2023] y el presupuesto estaba prácticamente cerrado y no teníamos margen de maniobra para este año. De cara a 2025, queremos sacar un nuevo modelo de financiación [plurianual]”. Sin embargo, sigue sin estar aprobado, porque se quiere incluir en su ley de educación superior que se está ultimando.

Además, cuando el pasado julio este diario adelantó que el rectorado de la Complutense había comunicado a sus facultades que debían de recortar sus gastos un 30%, el portavoz del Gobierno Miguel Ángel García, de nuevo, quiso tranquilizar a los rectores asegurando que el presupuesto de la Comunidad garantizaría “la financiación suficiente para que puedan prestar ese servicio público tan relevante que realizan las universidades en nuestra región”. Y remarcó que “garantizar la sostenibilidad del sistema público universitario” era un “objetivo fundamental” del Ejecutivo.

La ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid y la LOSU exigen al Ejecutivo regional hacer un estudio del gasto en universidades antes de dedicarle una partida, pero desde hace años la región incumple este mandato, de forma que oficialmente no queda constancia de la sangría económica que sufren los centros. Este año el grupo parlamentario Más Madrid pidió por escrito explicaciones y el Gobierno regional le contestó que los rectorados habían enviado la documentación fuera de plazo.

El caso Begoña Gómez, que salpica a la Complutense y a su rector, enrareció el ambiente y a la vuelta del verano las esperanzas de los rectores fueron menguando. Ayuso encontró un motivo para desprestigiar a la pública y la consejería se escuda en esta coyuntura cuando le pregunta la oposición. El remate fue conocer este octubre la previsión de inversión en obras y reformas para 2025 y 2026: 7,6 millones de euros, cuando solo la Complutense tenía 32 millones en 2007.