La Facultad de Políticas de la Complutense apoya a los denunciados en la protesta contra Espinosa de los Monteros

La junta de la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid ha publicado este lunes una carta de apoyo a los estudiantes acusados tras los incidentes surgidos el 13 de febrero, cuando cientos de alumnos boicotearon un acto convocado por el grupo estudiantil conservador Libertad sin ira al que iba a acudir el exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. En el comunicado expresa su respeto hacia la libertad de expresión: “Manifestamos nuestra solidaridad a quienes han sido denunciados por ejercer el derecho a la protesta pacífica, donde se incluyen hasta tres estudiantes de esta facultad”.

Asimismo, este organismo universitario critica “el uso interesado y tergiversado de la acusación de delitos de odio de los que se acusa a este grupo de alumnos, cuya movilización está precisamente motivada por la defensa de las personas que son amenazadas por los discursos de odio”. La junta de la facultad entiende, además, que su entidad es un espacio seguro, libre de discriminación y de cualquier discurso alimentado por motivos racistas, capacitistas, por aporofobia o religión, por razones de género, orientación o identidad sexual.

La conferencia de Espinosa de los Monteros, bajo el nombre Nueva etapa y nueva ejecutiva, estaba prevista para las 17.00 en el campus de Somosaguas, pero fue desconvocada por el decanato al detectar problemas de seguridad después de que los miembros de la comunidad universitaria se fueran concentrando antes de que comenzase el evento para protestar por su presencia al grito de “Fuera fascistas de la universidad” y “No pasarán”.

La junta de la facultad asegura que se ofreció a los organizadores del acto una sala alternativa para celebrar la conferencia, pero que estos se negaron. Por ello, se cancelaba una hora antes de celebrarse. Aún así, Espinosa de los Monteros se presentó en la facultad con un equipo de seguridad privada con la intención de entrar a la sala donde se había organizado el acto en un principio. El político acudió con un megáfono en la mano para dirigirse a los manifestantes, “desoyendo las reiteradas advertencias de las autoridades universitarias y el anuncio de que el acto había sido cancelado”, según la junta de la facultad.

El 21 de marzo, la Policía contactó con tres estudiantes de las agrupaciones Contracorriente y Pan y Rosas y tres activistas del Sindicato de Estudiantes que participaron en la protesta, además de un trabajador. El día 24 del mismo mes fueron detenidos para declarar en la comisaría de Moratalaz, acusados de delito de odio, coacciones y desórdenes públicos, quedando posteriormente en libertad.

Carlos Olmeda, de 23 años, es uno de los denunciados al que le parece positivo el pronunciamiento de la facultad, reconoce haber recibido mucho apoyo de estudiantes, docentes, organizaciones sociales y sindicatos. “Esto reafirma que la lucha y la organización del movimiento estudiantil son fundamentales”, expresa. “Era una manifestación pacífica, fueron ellos quienes vinieron a provocar”, prosigue.

El coordinador general de Libertad sin Ira, Marcel Mastroianni, muestra su descontento ante el reciente comunicado de la junta. A su juicio, los “actos de los manifestantes no fueron para nada pacíficos”, cuenta que algunos tiraban cubos de basura y agua desde el tercer piso y dice que él y sus compañeros recibieron insultos y empujones. “Hay una complicidad de las autoridades de la facultad con estos alumnos”, denuncia tras explicar que después de la protesta su agrupación abrió un expediente en la Inspección de Servicios de la Universidad.

En el escrache intervino la Policía Nacional. En vídeos publicados en redes sociales se observan enfrentamientos entre los estudiantes, algunos con la cara cubierta. Espinosa de los Monteros mostró su gratitud a los alumnos que lo apoyaron y criticó las limitaciones de la entidad educativa. “Eran más de 500. Nosotros, un par de docenas, hemos entrado hasta la cocina y les hemos plantado cara. Y volveremos”, escribió en X el 13 de febrero.

Marcel Mastroianni cuenta que se negaron a cambiar de sala porque creían que iban a seguir siendo increpados. “Las autoridades de la facultad ni siquiera dialogaron con los manifestantes para pedirles que dejasen que el acto saliese adelante”, lamenta.

Un segundo acto desconvocado

Al mismo tiempo, Libertad sin Ira se desvinculó de otro evento que había convocado el 27 de marzo, horas antes de que empezase, y que desautorizó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. A la asociación, se le informó de que su petición incumplía la normativa en diversos puntos, por lo que se les emplazó a reformularla.

Con la intención de debatir sobre los límites y retos de la libertad de expresión en redes sociales, iban a participar en el evento la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, el filósofo Miguel Ángel Quintana, director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política de Madrid, centro educativo fundado por Marion Maréchal Le Pen, y el youtuber Infovlogger, que acumula 422.000 seguidores.

Es conocido por cantar “Vamos a volver al 36″ que, junto a los Meconios, interpretó en el acto Viva22 organizado entonces por Vox. En la letra de esta canción se encuentran frases como “las feministas protestan por la violación grupal, hay 10 más que investigar, me da igual son de Senegal”.

El pasado 19 de marzo, defendía las medidas de Viktor Orbán en Hungría en contra de la comunidad LGTBIQ+ y el día 25 insultaba en sus redes sociales a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Es conocido también por sus mensajes racistas y sus faltas de respeto a las personas con sobrepeso.

“La celebración de actos parte de la existencia de interés académico. Deben respetar la libertad de expresión e impedir que el centro se use como plataforma para la difusión de discursos de odio”, expresaba la junta de la Facultad de Políticas y Sociología tras recordar que en los campus hay alumnos y trabajadores de diversas orientaciones sexuales, religiones y orígenes. “Cuidamos mucho de que siga siendo un espacio seguro para todo el mundo. Asimismo, todo acto ha de contar con un aval confiable del profesorado y no suponer un riesgo para la seguridad de la comunidad universitaria”, comunicaba el 27 de marzo.

Entre el estudiantado se encuentra una amplia comunidad LGTBIQ+, que cuenta con la primera asociación estudiantil constituida en el Estado al respecto, llamada Rosa que te quiero Rosa. También hay una gran presencia de alumnos musulmanes, una asociación de afrodescendientes, conocida como Kwanzaa, y otra de América Latina, nombrada Abya Yala. De la misma forma, existen diversas asociaciones políticas feministas y una organización como el Punto Violeta contra las agresiones sexuales.

A la asociación Libertad Sin Ira se le informó de todos los aspectos que hacían imposible la celebración del acto, recordando los aspectos normativos a mejorar para poder ser autorizados. Tras recibir esta notificación, la agrupación comunicó en sus redes sociales públicamente que, al no haber ningún acto permitido, no acudirían a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología e instaban también a personas interesadas en dicho evento a no hacerlo, enfadando al youtuber que mostraba su indignación en X.

Mastroianni asegura que dieron su brazo a torcer porque les prometieron que el acto se retomará en abril, y que no comparecieron públicamente porque habían recibido amenazas. Aún así, se muestra reticente. “No sé qué es lo que tenemos que reformular cuando íbamos a hablar de libertad de expresión. Que echen a Monedero, que ha lavado la cara a una dictadura y está acusado de acoso”, espeta.

A pesar de que el decanato se había comprometido a celebrar el acto en nuevas fechas con los ponentes iniciales, Moñino, indignada, se concentró en el campus de Somosaguas, junto a otros catorce cargos públicos de la formación. Cerca del mediodía, la entrada al edificio de la facultad estaba custodiada por agentes de la Policía, que impidieron su acceso. En esta ocasión, la protesta estudiantil y del personal consistió en organizar una coreografía en el vestíbulo.

“Música y baile masivo para ponerles en el espejo de su odio”, expresaba la sección sindical de Confederación General del Trabajo tras defender la suspensión del acto con el fin de garantizar que la Universidad “no sea tomada como plataforma de grupos dedicados a amenazar a quienes consideran inferiores”. Quisieron de esta forma mostrar también su apoyo a los estudiantes detenidos por su implicación en los incidentes ocurridos en febrero, cuando acudió al campus Espinosa de los Monteros.

El 25 de marzo en una carta al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, apeló a la autonomía universitaria y cuestionó a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Esther del Campo, instando al rectorado a investigar la decisión de no autorizar un nuevo acto de la asociación Libertad sin ira. Viciana, durante las protestas pacíficas de la comunidad universitaria madrileña, en defensa de Gaza, también instó a “sacar la política” de la facultad.

“Hoy nos atacan a nosotras pero hay que entender por qué ocurre esto. El Gobierno de Ayuso quiere imponer un recorte presupuestario y una ‘ley Viciana’. Esta busca darle más poder de decisión sobre la Universidad a las empresas, acaba por completo con la autonomía universitaria y profundiza en los ataques neoliberales y represivos”, expresa Olmeda, al que no le sorprende la carta del consejero de Educación. El próximo 28 de abril hay una huelga general educativa: “Les asusta nuestra lucha y necesitan atacarnos a las estudiantes que defendemos la universidad pública”.