Garzón procesa a 31 miembros de Ekin por su pertenencia a ETA

El juez ya procedió a la ilegalización de Ekin el pasado 4 de abril, el mismo día que un auto de la Sección Cuarta de la Audiencia le enmendaba la plana excarcelando a siete de los 14 integrantes de Ekin que Garzón había mandado a prisión en septiembre pasado.

Entre los procesados hoy por Garzón se encuentran el ex portavoz de KAS Xabier Alegría, el abogado de Gestoras Pro Amnistía, José María Matanzas, y la ex portavoz de Jarrai Ane Lizarralde, esta última en prisión.

En el auto, el juez de la Audiencia dice que Josu Ternera es el máximo responsable del denominado "núcleo nacional" de Ekin junto a Salaberria, por lo que acuerda deducir testimonio de los hechos referidos a ellos y remitirlo al presidente del TSJPV, al tratarse de personas aforadas contra las que la Audiencia Nacional no puede actuar.

Entre los indicios contra Josu Ternera, obtenidos por la Policía, Garzón destaca su participación en diversas reuniones de Ekin, dos de ellas celebradas el 1 de junio pasado en la sede de HB en Bilbao y el 15 de julio de ese mismo año en el Ayuntamiento de Villabona (Guipúzcoa), así como en el proceso de fusión entre las asociaciones juveniles Jarrai y Gazteriak en febrero de 2000.

De este modo, el juez aprecia que "la asistencia a reuniones del 'núcleo nacional' de la organización Ekin y el establecimiento de directrices para las actividades de la organización juvenil Jarrai-Haika, integrada en ETA, permiten identificarle como responsable nacional máximo de Ekin".

Salaberria, según el auto, también participó en estas mismas reuniones, tal y como evidencia la agenda de trabajo del también procesado Rubén Nieto, quien le citó como representante de Ekin, mientras que el responsable de la organización en la localidad guipuzcoana de Vergara, el ex edil de EH en Lezo y ex portavoz de KAS Xabier Alegría, le identificó como responsable nacional de Ekin.

Frente carcelario

Garzón señala a De Matanzas como otro de los responsables de Ekin a nivel "nacional" y que "asiste a cuantas reuniones celebran los responsables" de la ilegalizada organización.

Según Garzón, los responsables de Ekin como Matanzas, que ejerce el control del denominado Frente de Makos (cárceles) y es responsable jurídico del bufete de abogados de Gestoras Pro Amnistía, "no sólo actúan criminalmente dando órdenes para la puesta en marcha de la 'violencia callejera' sino que hacen ostentación pública de ello y animan a otros a hacerlo".

Además, el abogado, como miembro primero de KAS y ahora de Ekin, recibe encargos de los responsables de ETA para "el desarrollo de iniciativas destinadas a 'señalar'" a quienes consideran responsables de la situación de sus presos" y que no son sólo los funcionarios de prisiones "sino toda la sociedad y, especialmente los electos municipales del PP, UA, UPN y PSEE".

Además, en un documento intervenido en el registro del domicilio del responsable de Ekin Carlos Iñigo Blasco, quien se encuentra huido, "los miembros de ETA-Ekin deciden 'señalar' a los concejales de UPN como responsables de la situación de los presos de ETA".

"A este respecto, el último ejemplo sangriento ha sido el asesinato del concejal de esa formación política en Leiza (Navarra), José Javier Múgica, el pasado 14 de julio, previamente marcado y señalado por las diferentes estructuras integradas en Ekin", destaca el auto.

Garzón sostiene en su resolución que, tras la ilegalización de KAS en 1998, Ekin nació por decisión de ETA "y no que esta nueva organización sea una iniciativa surgida en el seno de la 'izquierda abertzale'".

"Este planteamiento, a tenor del cual existe una organización, ETA, que persigue sus objetivos a través de medios ilícitos, y otras organizaciones, la Izquierda Abertzale, que persiguen idénticos objetivos pero a través de medios lícitos, ha sido la coartada con la que ETA (...) ha intentado eludir los mecanismos de la Justicia en contra de sus miembros", advierte el juez.

Petición del fiscal

El pasado 3 de julio el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina pidió a Garzón el procesamiento de 33 dirigentes de la organización ilegalizada Ekin, a quienes considera 'comisarios políticos' de la banda terrorista.

Además, propuso que se remitiesen las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que depurase 'las responsabilidades penales' de los parlamentarios autonómicos de Euskal Herritarrok José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, Josu Ternera, y Jon Salaberría, a los que no puede imputar Garzón por su condición de aforados.

En su escrito, de más de 200 folios, el fiscal explica que Ekin nació en 1998 para sustituir a la ilegalizada KAS y que tanto una como otra formaban con ETA 'una sola organización criminal que actúa en ámbitos políticos distintos, asumiendo la puesta en práctica de la estrategia político-militar común'. La dirección de la kale borroka o violencia callejera, a través de las organizaciones juveniles Jarrai-Haika; de las relaciones internacionales, a través de la red Xaki; del colectivo de presos, a través de las Gestoras Pro Amnistía; o del entramado financiero, a través del Proyecto Udaletxe; son algunas de las funciones atribuidas a Ekin.

En el despacho que Josu Ternera compartía en Bilbao con otros miembros de Ekin se encontró una agenda con anotaciones de reuniones mantenidas con distintas organizaciones sectoriales del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, 'lo que evidencia la función de control y dinamización encomendada por ETA a Ekin.