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El fiscal acusa a 33 dirigentes de Ekin de ser 'comisarios políticos' de la banda

El ministerio público ve indicios de delito en Josu Ternera y otro diputado

El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina ha pedido al juez Baltasar Garzón el procesamiento de 33 dirigentes de la organización ilegalizada Ekin, a quienes considera 'comisarios políticos' de la banda terrorista.

Además, ha propuesto que se remitan las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que depure 'las responsabilidades penales' de los parlamentarios autonómicos de Euskal Herritarrok José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, Josu Ternera, y Jon Salaberría, a los que no puede imputar Garzón por su condición de aforados.

En su escrito, de más de 200 folios, el fiscal explica que Ekin nació en 1998 para sustituir a la ilegalizada KAS y que tanto una como otra formaban con ETA 'una sola organización criminal que actúa en ámbitos políticos distintos, asumiendo la puesta en práctica de la estrategia político-militar común'. La dirección de la kale borroka o violencia callejera, a través de las organizaciones juveniles Jarrai-Haika; de las relaciones internacionales, a través de la red Xaki; del colectivo de presos, a través de las Gestoras Pro Amnistía; o del entramado financiero, a través del Proyecto Udaletxe; son algunas de las funciones atribuidas a Ekin.

Más información
Garzón procesa a 31 miembros de Ekin por su pertenencia a ETA

En el despacho que Josu Ternera compartía en Bilbao con otros miembros de Ekin se encontró una agenda con anotaciones de reuniones mantenidas con distintas organizaciones sectoriales del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, 'lo que evidencia la función de control y dinamización encomendada por ETA a Ekin'.

'Núcleo nacional'

El fiscal solicita el procesamiento de 31 personas por el delito de integración en banda armada y de otras dos por colaboración con ETA. Entre las primeras figura el ex portavoz de KAS y concejal de EH Xabier Alegría, quien formaría parte del 'núcleo nacional' de Ekin junto a Juan María Mendizabal y Jaime Iribarren, también ediles de EH, y a Josu Ternera. El otro parlamentario, Jon Salabarría, sería el responsable de Ekin en el 'herrialde' de Guipúzcoa, con Francisco Aramburu, mientras que la ex portavoz de Jarrai Ana Lizarralde y Paul Asensio serían los encargados de Vizcaya. Al abogado Txema Matanzas le atribuye la responsabilidad del frente de makos, dedicado a mantener el control de la organización terrorista sobre el colectivo de presos,

El fiscal solicita al juez que ordene la 'completa identificación y detención' de Aitor Zabarte, Pedro Zumelaga, Aitor Aranzabal y Mikel Garaiondo, a quienes el imputado Xabier Arregi relacionó con Ekin, y que tome declaración como imputadas a otras nueve personas. También, que se investiguen las cuentas de la abogada Natale Landa.

Por el contrario, pide que se levanten las medidas cautelares contra Pedro Jesús Martínez de la Hidalga y Lorena Somoza, dos de los 20 detenidos en septiembre en la Operación Lobo Negro.

De los 33 imputados cuyo procesamiento pretende el fiscal sólo seis siguen en prisión. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó la excarcelación de siete, incluido Txema Matanzas, el 4 de abril, el día en que Garzón ilegalizó a Ekin.

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