El 'Gran Hermano' se instala en Gran Vía

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno su intención de instalar 31 cámaras de vídeovigilancia en la Gran Vía -en el tramo que va desde la Red de San Luis a la plaza de Callao, incluida la calle Montera- y en la plaza de Soledad Torres Acosta. El permiso ya está solicitado ante la Delegación de Gobierno y el Consistorio espera que la red espía esté funcionando a finales de año. El objetivo de la medida, según el alcalde, es luchar contra la degradación, la delincuencia y la inseguridad, así como disuadir a prostitutas y camellos.

Se trata de 30 cámaras móviles y una fija, que estarán protegidas por una carcasa antivandálica, si así lo permite el Ministerio del Interior a través de una comisión en la que están representados el poder judicial, el Ministerio Fiscal y la Federación de Municipios de Madrid. Las cámaras, que tendrán una capacidad de almacenamiento en disco duro de un mínimo de siete días a 25 imágenes por segundo, se colocarán próximas a las farolas y sobre báculos. El coste de la red ronda el medio millón de euros y es la solución propuesta por el Ayuntamiento para mejorar la seguridad en un área, situada en pleno corazón histórico, comercial y turístico, que el alcalde ha reconocido como "conflictiva y deteriorada" y para la que considera necesarias "medidas inmediatas". Según Gallardón, que ha comparecido junto al delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, las cámaras permitirán aumentar la eficacia del servicio especial de vigilancia intensiva puesto en marcha por la Policía Municipal en esta zona en marzo de 2004.

Son 50 efectivos que operan en tres turnos para cubrir las 24 horas del día, un operativo que se traduce en que el porcentaje de intervenciones policiales, detenidos y denuncias es el doble que en el resto de barrios de centro o de cualquier otro distrito de la capital. Así, en tres años y dos meses se han realizado 125.612 intervenciones, 1.539 detenciones y 110 denuncias por tenencia de armas. En esta misma zona, el número de intervenciones de la Policía Nacional es también muy importante: 1.447 infracciones penales en 2006, 450 de ellas corresponden a delitos contra las personas y el patrimonio.

Un "fuerte apoyo vecinal"

Gallardón ha recordado que los sistemas de videovigilancia cuenta con un "fuerte" apoyo vecinal, razón que considera "suficiente" para que el informe de Interior sea favorable. La idea no es nueva: en Madrid ya existen aparatos que recogen lo que ocurre las 24 horas. En diciembre de 2005 se colocaron 12 videocámaras fijas en los accesos de la Plaza Mayor, ocho móviles en las galerías del perímetro de la plaza y otras cuatro móviles en el recinto interior. Según el alcalde, este sistema de videovigilancia ha tenido un éxito probado. La gestión se realiza desde el centro de integración CTV policial, en el que se reciben todas las imágenes actualmente disponibles, como las de la plaza Mayor, el Museo al Aire Libre de Eduardo Dato, las Unidades de la Policía Municipal y las cámaras de tráfico.

Al margen de las cámaras, Gallardón ha informado de que estudia la posibilidad de expropiar las licencias de los sex-shops del entorno de la calle de la Montera. El consistorio madrileño espera las conclusiones del estudio jurídico que ha encargado paraaveriguar si es posible. El alcalde ha admitido que se trata de licencias que, "desgraciadamente", se encuentran en regla, pero ha indicado que la actividad de los sex shops es "absolutamente incompatible con los esfuerzos de recuperación" de la zona que las autoridades están haciendo.

En su opinión, la expropiación de esas licencias contribuirá a que el flujo de personas que utilizan tanto la prostitución como las tiendas relacionadas con la venta de artículos sexuales no localicen el centro de Madrid como el espacio preferente para este tipo de actividades. Del mismo modo, Gallardón ha señalado que el Ayuntamiento tiene también la intención de acabar con la utilización de viviendas por parte de los proxenetas, estableciendo controles en las pensiones y a través de las comunidades de propietarios, de forma que no se adquieran inmuebles destinados a esos objetivos.