Reformar la Constitución

La Constitución española (CE) cumplirá 35 años de vigencia el próximo mes de diciembre. Es la Constitución de más larga vida en la historia del constitucionalismo español. Representó todo un éxito de la transición política que dio lugar a un Estado democrático, descentralizado, moderno, una de cuyas piezas clave fue el sistema autonómico, instrumento de vertebración territorial y cohesión social que fue capaz de integrar en un proyecto común diferentes identidades territoriales. La democracia española no se entiende sin el proceso de descentralización política que constituye el Estado autonómico. Lo que, en síntesis, acabo de señalar sigue siendo válido en 2013.

Cuando asistimos al intento de cuestionar la Transición, achacándole todos los males, políticos y económicos, que padecemos actualmente, planteando además la necesidad de un nuevo proceso constituyente, defiendo la validez de la CE para afrontar los retos del futuro de España. Pero defender la Constitución no es lo mismo que defender su inmutabilidad. La mejor defensa de la CE es la reforma de la misma. Ni el inmovilismo ni el enrocamiento son garantías de su eficacia futura.

El PSOE, en la Declaración de Granada, presentó una propuesta de reforma constitucional de corte federal. Inmediatamente fue acusada de ser una respuesta puntual y oportunista a la apuesta del nacionalismo catalán por la independencia de Cataluña. Para otros la propuesta socialista buscaba establecer una cortina de humo sobre “el derecho a decidir” defendido por los socialistas catalanes. Conviene aclarar los temas. La voluntad política de reformar la CE se planteó en marzo de 2005 cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero acordó solicitar al Consejo de Estado un informe sobre una propuesta de reforma constitucional. El Consejo de Estado emitió su informe en el año 2006 avalando la necesidad de la reforma en los aspectos propuestos por el Gobierno. La reforma no fue posible porque no hubo el consenso necesario. Si lo recuerdo es para señalar que la propuesta actual de reforma no es solo para dar una respuesta a la cuestión territorial provocada por la iniciativa independentista. Aunque no hubiera “problema” catalán habría que abordar la reforma de la CE.

Hace 35 años no estábamos en la Unión Europea, ni había redes sociales a través de Internet, ni la economía estaba globalizada

La reforma es necesaria para abordar las realidades del siglo XXI. Es cierto que un porcentaje importante de la población española no pudo, por razones de edad, votar la CE, pero además hace 35 años no estábamos en la Unión Europea, ni había redes sociales a través de Internet, ni éramos una sociedad de inmigración, ni la economía estaba globalizada, ni soportábamos una crisis económica y financiera, ni la desafección política había afectado gravemente a la credibilidad de las instituciones democráticas. Por otra parte, existe un evidente desgaste en el funcionamiento del Estado autónomo que ha provocado una fuerte crítica en relación con la capacidad de aquel para resolver los problemas de los ciudadanos: confusión en el ejercicio de las competencias entre las Administraciones, sensación de desigualdad en la prestación de los servicios públicos según los territorios, la utilidad del Senado, etcétera. Y un modelo de financiación autonómica que produce insatisfacción a la mayoría de las comunidades autónomas. La CE es prácticamente una “hoja en blanco” en la definición del sistema de financiación.

Son razones para abordar la reforma de la CE. Se trataría de lograr un Estado más democrático, más fuerte y más integrador con un sistema autonómico que responda a una más eficaz estructura federal. La reforma propuesta por el PSOE representa también una respuesta federal a la crisis territorial abierta con la iniciativa independentista del nacionalismo catalán. Estoy convencido que el camino a la independencia es un camino cegado, pero ello no excluye que estemos ante un grave problema que requiere una respuesta desde la CE. No para constitucionalizar el derecho de autodeterminación o “el derecho a decidir” con el que no estamos de acuerdo, sino para buscar un nuevo encaje de Cataluña, y también del resto de las comunidades autónomas, en el conjunto de España. La sociedad catalana debe sentir que sus aspiraciones de autogobierno, de financiación, de singularidad cultural y lingüística son compatibles con un proyecto común basado en la cohesión territorial y social y en la igualdad de todos.

La reforma de la CE exige un pacto político y territorial que tenga el consenso de la Constitución de 1978. Soy consciente que ese consenso, en estos momentos, no existe. El PP no está por la reforma de la CE y los partidos nacionalistas no encuentran satisfacción en una respuesta federal. Pero estoy convencido que esta respuesta se abrirá camino: entre el inmovilismo y el camino cegado a la independencia, creo que es la única posible y eficaz.

Hay una realidad que no se puede ignorar. Es evidente que actualmente el consenso territorial está roto. Con su propuesta de reforma el PSOE hace un ejercicio de responsabilidad ante los ciudadanos. Pero, en algún momento, debe abrir un cauce de diálogo con el PP y los nacionalistas vascos y catalanes. Camino difícil, pero necesario, para recuperar el consenso que haga posible un nuevo pacto territorial.

Manuel Chaves González fue presidente de la Junta de Andalucía y es diputado al Congreso por Cádiz.