Darfur y Kenia, ¿principio del fin de la Corte Penal Internacional?

Combatientes en Darfur. Ashraf Shazly AFP/Getty Images

El 13 de diciembre pasado recibíamos la noticia de que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, había decidido suspender la causa sobre el genocidio de Darfur, en la que están imputados el presidente de Sudán Omar al-Bashir y varios altos políticos de su gobierno.

En realidad, el caso parecía estancado desde 2009 momento desde el cual no se habían producido avances en la investigación del caso.

Darfur, región del oeste de Sudán, ha estado en conflicto permanente desde que en 2003 dos grupos armados: el Ejército de liberación sudanés (SLA) y el Movimiento para la justicia y la equidad (JEM), se levantaran para protestar contra la marginalización del territorio y el fracaso del gobierno en proteger a los grupos campesinos de los ataques de los pueblos nómadas y ganaderos. El gobierno de Sudán reaccionó formando una milicia árabe conocida como los Janjaweed (demonios a caballo). Estos, con el apoyo del ejército sudanés, empezaron una guerra de terror atacando aldeas, destruyéndolas completamente y forzando a sus habitantes a abandonarlas, dando inicio, así, a lo que se ha conocido como el genocidio de Darfur.

En 2007, el gobierno de Sudán y las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo para desplegar una fuerza híbrida de paz de la Unión Africana y las Naciones Unidas (UNAMID). A pesar de eso, las escaramuzas y los abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de Jartum siguen produciéndose de forma constante. Desde el inicio del conflicto, 300.000 mil personas han muerto y 2.500.000 están desplazadas, según las Naciones Unidas.

En junio de 2005, la Corte Penal Internacional dio los primeros pasos para terminar con la impunidad en Darfur lanzando diversas investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en la zona. El 4 de marzo de 2009, el presidente Omar al –Bashir era imputado como responsable directo de la campaña de asesinatos, violaciones y saqueo contra los civiles de Darfur. El auto de procesamiento también incluía al Ministro del Interior sudanés, Ahmad Harum, al de Defensa y al líder de Janjaweed, Ali Kushayb. Desde un primer momento, el gobierno de Jartum demostró que no tenía ninguna intención en colaborar con la CPI y se negó a reconocer la autoridad del tribunal con sede en La Haya.

Además, en el último mes, Sudán ha exigido a UNAMID que cierre su oficina en Jartum ante el intento de esta de investigar las alegaciones de violaciones masivas que se habrían llevado a cabo, por parte del ejército sudanés, en la zona de Tabit.

También la mayoría de los países africanos han ignorando durante años la imputación del presidente sudanés permitiéndole viajar por el continente sin, en ningún momento, detenerle para cumplir con las órdenes de la CPI.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tampoco ha puesto los medios ni los esfuerzos para dar cumplimiento a esta resolución. Esto quedó muy claro en el último informe de la fiscal jefe de la CPI al organismo, pocos días de suspender el caso. Durante la lectura de su informe en Nueva York, la señora Bensouda afirmó que justo esa inacción del Consejo de Seguridad solo “servía para envalentonar a los verdugos”

Es por esto, principalmente, por la falta de acciones y de toma de medidas concretas que, piensan diversos expertos, la fiscal se ha visto obligada a tomar la decisión de suspender la investigación sobre el genocidio de Darfur y utilizar los medios que tiene a su alcance para otros asuntos más urgentes en este momento, como una medida de presión sobre la comunidad internacional para que de verdad se tome en serio los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Darfur.

El presidente sudanés ha reaccionado inmediatamente al conocer la noticia proclamando su victoria sobre la CPI y diciendo que el tribunal ha fracasado en su intento de “humillar a Sudán”.

La decisión de la fiscal jefe de la CPI se produjo pocos días después de que la misma se viera forzada a retirar los cargos por crímenes contra la humanidad contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta. En esta ocasión, la señora Bensouda acusó al gobierno de Nairobi de intimidar a los testigos del caso, que se negaban a dar testimonio, haciendo imposible que este se pudiera probar.

Kenyatta fue acusado de crímenes contra la humanidad incluyendo asesinato, violación, persecución y deportaciones como “cooperador indirecto” en la violencia que se desató tras las elecciones de 2007, que dejó más de 1.000 muertos.

Tras esa decisión, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, resucitó la propuesta de que los países africanos miembros de la CPI se retiren en bloque del tribunal internacional. No es la primera vez que una idea similar es discutida por los jefes de estado africanos; en octubre de 2013, en una reunión especial de la Unión Africana, justo después de la imputación del presidente y vicepresidente kenianos, se puso sobre la mesa el mismo tema.

Desde un principio, la mayoría de los países africanos acusan a la CPI de perseguir prácticamente solo casos africanos. Mucho de razón tienen en eso, porque desde su puesta en funcionamiento en 2002, el Tribunal ha lanzado nueve investigaciones oficiales, todas ellas relacionadas con África. El nombramiento de una mujer africana como fiscal jefe de la CPI en 2012, hizo esperar que la situación pudiese cambiar, pero no ha sido así, y el presidente ugandés no ha perdido la ocasión para volver a reivindicar el abandono de la institución internacional. Parece que esta vez tampoco prosperará la iniciativa, pero es preocupante que periódicamente se plantee.

El abogado defensor de las víctimas del genocidio de Darfur, Nick Kaufman, ha lamentado la indefensión de estas, asegurando que desde 2009 están esperando a ser oídas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha aplaudido la acción tomada por Bensouda como medida de presión contra ese.

También recuerda que esta decisión no supone ni archivo ni el sobreseimiento de la causa contra al-Bashir y el resto de los imputados. Si un día el presidente de Sudán, o alguno de los otros imputados fuera detenido, la causa se reabriría.

El archivo de la causa contra Kenyatta y la suspensión de la del genocidio de Darfur, suponen un fuerte revés para la Corte Penal Internacional y se pone en tela de juicio su credibilidad. Al mismo tiempo, pone de manifiesto, una vez más, la falta de voluntad política y la hipocresía de la comunidad internacional para poner fin a los abusos de derechos humanos en el mundo y reparar el daño sufrido por las víctimas. Puede que los líderes mundiales y las organizaciones internacionales se llenen la boca de grandes discursos pero nunca pasan de ellos, nunca toman las acciones necesarias para acabar con la impunidad ni dotan de medios suficientes a las instituciones que luchan contra ella.