Este almacén nuclear se aplaza hasta 2016

Afligido por la audaz maniobra de Castilla-La Mancha que ha bloqueado la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares en Villar de Cañas, el ministro de Industria, José Manuel Soria, arrojó un mensaje explosivo a la opinión pública: “Si no se construye el ATC, la luz puede subir hasta el 24%”. Hay que tener una imaginación poderosa para suponer que la luz puede subir todavía más y, sobre todo, para relacionar súbitamente ATC y recibo de la electricidad. La relación existe, cualquiera sería capaz de intuirla a voleo. Pero lo que importa es encontrar el argumento preciso. Y es el siguiente: si las centrales nucleares hubiesen estado paradas durante cuatro años, el precio en el mercado de la electricidad habría subido el 24%. Es una simulación del operador del mercado y, por tanto, matemáticamente (no sabemos si industrial y económicamente) fiable.

 Ahora bien ¿por qué habrían de pararse las centrales nucleares? No será por la falta de ATC, ya que el almacén no ha existido hasta ahora y la producción nuclear no se ha resentido; los residuos se almacenan en los depósitos individuales... por el momento. El ministro quiere transmitir una amenaza real en términos estratégicos —a medio y largo plazo— como si fuera un peligro inminente. El ATC es estratégicamente necesario, entre otras razones porque los depósitos de cada central tendrán que cerrarse algún día; pero de eso a suponer que existe una influencia sobre el precio aquí y ahora hay un largo trecho; exactamente el que media entre informar y atemorizar.

El ministro Soria tendría que estar más preocupado por el futuro político del almacén después del magistral movimiento de la autonomía manchega: ampliar la Zona de Especial Protección para las Aves de la laguna del Hito para que ocupe los terrenos destinados al ATC. No es una jugada tan pueril como puede parecer a primera vista, y bien lo saben los abogados del Estado que intentan contrarrestarla. Un recurso contencioso-administrativo puede perderse y se resolverá ad calendas grecas; y cualquier alegación por parte de Enresa tendría la misma y dudosa eficacia jurídica. Se puede utilizar el cañón Gran Berta contra el acuerdo autonómico y declarar el ATC de interés público. Pero, claro, para eso habría que demostrar, en España y en Europa, que no hay otra solución que Villar de Cañas; y eso es metafísicamente imposible porque, como se recordará, había hasta ocho posibles emplazamientos.

El ATC está en lo que un ajedrecista llamaría situación de zugzwang: cualquier movimiento que haga empeora su posición. Si recurre, alarga los plazos; si declara el ATC de interés público, también, con el agravante de que tendría que presentar cálculos y viabilidad del proyecto; si no hace nada, el almacén estará clínicamente muerto. Existe una opción —avalada por Medido Ambiente, cuyos funcionarios son poco partidarios de implicarse en un proceso desconocido— que no resuelve nada, pero que suele ser la táctica favorita de los Gobiernos del PP: aplazar la decisión a la próxima legislatura. Y esta será la que se adopte.