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Esta es la historia de Laureano y de Eleuterio, dos indígenas kichwas que viven en la ribera del río Napo, en la Amazonía ecuatoriana. Laureano está esperanzado. Puerto Miranda, la comunidad que preside, acaba de llegar a un acuerdo con la empresa petrolera estatal Petroamazonas. La compañía quiere sacar el crudo que yace bajo el suelo comunitario. A cambio, promete indemnizar a los habitantes con dinero y obras que mejoren su calidad de vida. Mientras, Eleuterio se siente decepcionado. Este leñador procedente de la comuna de San Vicente trabajó durante un año y medio para una empresa subcontratista de Petroamazonas. No le han pagado. La compañía ofreció traer electrificación y reparar la escuela de su comunidad, pero de momento no se ha cumplido nada. Laureano y Eleuterio son las dos caras de una misma moneda: las consecuencias de la explotación petrolera para las comunidades que habitan en las inmediaciones del Parque Nacional Yasuní (PNY), una de las regiones más biodiversas del mundo. Todo un dilema de difícil solución.

“El mundo nos ha fallado”, anunció el presidente ecuatoriano Rafael Correa en agosto de 2013, cuando puso fin a la iniciativa Yasuní-ITT, “la propuesta más seria y concreta en la lucha contra el cambio climático de toda la historia de la humanidad”, según el mandatario. La iniciativa Yasuní-ITT, bautizada así por los tres yacimientos petrolíferos que forman el bloque 43 o ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), fue un novedoso intento del Gobierno ecuatoriano para no explotar el crudo en la zona más remota y mejor conservada del PNY, en la Amazonía norte de Ecuador. En compensación, el país andino solicitó 3.600 millones de dólares a la comunidad internacional, la mitad de los ingresos que Ecuador recibiría en caso de explotar los 920 millones de barriles de crudo que se estima contiene el ITT. La iniciativa fracasó, pero Correa dejó claro que el dinero procedente de la explotación, cuyo primer barril se obtendrá en julio, serviría para sacar de la pobreza a los habitantes de la zona. “La Amazonía podrá con holgura salir de su retraso histórico”, manifestó.

Laureano Cerda es el presidente de Puerto Miranda. La comuna, cuyo centro se sitúa a cuatro kilómetros del campo Tiputini, en el ITT pero fuera del PNY, ha recibido 135.000 dólares de Petroamazonas como indemnización por permitir la actividad petrolera en su territorio. A la espera de repartir el dinero entre los habitantes, la comunidad ha comprado una embarcación grande que les servirá para desplazarse por el inmenso río Napo, un afluente del Amazonas. La empresa, además, ha compensado a la comuna con un pequeño centro computacional con acceso a Internet y les permite hacer uso de un barco ambulancia que, según Laureano, “ha salvado muchas vidas”. También ha prometido instalar un servicio de agua potable, sin embargo, Laureano cuenta que se está retrasando en los plazos prometidos. “Deben cumplir los convenios firmados”, asevera tajantemente el líder de esta comunidad de 160 habitantes, quien lleva 20 años trabajando con empresas petroleras.

Eleuterio Avilés es un habitante de San Vicente, una comuna cuyo territorio abarca zonas del bloque 43 o ITT, pero también del contiguo bloque 31, anteriormente concesionado a la brasileña Petrobras y explotado por Petroamazonas desde 2011. Eleuterio trabajó durante un año y medio para la empresa ARB, subcontratada por Petroamazonas para realizar trabajos de construcción en el bloque 31, situado casi en su totalidad dentro del PNY. Pero ni Eleuterio ni sus compañeros recibieron compensación alguna por su trabajo. Según narra este operador de motosierra, que ha demandado a la empresa por impago, “nos deben entre 4.000 y 5.000 dólares a cada uno”.

Las comunidades de Laureano y Eleuterio pertenecen al cantón Aguarico, en la provincia de Orellana. Este cantón ha vivido una suerte de fiebre petrolera en los últimos años. Ahora, con la bajada de los precios del petróleo, es una zona en crisis. El alcalde, Franklin Cox, se queja de que la Ley de Hidrocarburos, reformada en 2010, no se está cumpliendo en el cantón. “La ley dice que el 12% de las utilidades petroleras deben invertirse en la zona de influencia directa donde se extrae el crudo, pero esos ingresos no llegan aquí”, proclama. El alcalde, que pertenece al mismo partido que gobierna a nivel nacional, también lamenta los incumplimientos de la petrolera estatal. “Dentro de los compromisos de Petroamazonas, todavía no ha cumplido nada”.

Fin de la bonanza petrolera

Desde que llegó al poder en 2007, Correa disfrutó de casi una década de altos precios del petróleo en el mercado internacional, que superó los 100 dólares por barril durante largos periodos. No obstante, desde 2015 los precios se desplomaron, cayendo por debajo de los 30 dólares. La bonanza petrolera permitió que 1,9 millones de ecuatorianos salieran de la pobreza, gracias a las políticas sociales puestas en marcha por Correa. La caída del petróleo, un recurso que representaba aproximadamente un tercio de los ingresos del Estado, supuso un fuerte varapalo para la economía, sumida en una crisis que puede llevarle a decrecer un 4,5% en 2016, según el FMI. En mayo, Correa anunció que “el precio promedio del crudo ecuatoriano en 2016 ha sido de tan solo 28 dólares”.

Ante este panorama, son pocos los que entienden la insistencia del Gobierno en explotar el ITT. En su subsuelo, el bloque 43 alberga el 20% de las reservas petrolíferas no explotadas de Ecuador. Pero se trata de un crudo pesado de baja calidad —14 grados API—, cuya extracción resultará muy costosa por la falta de infraestructura y la necesidad de mezclarlo para poder transportarlo.

Carlos Larrea, ex asesor del Gobierno para la iniciativa Yasuní-ITT, considera que “en el contexto actual, la extracción del ITT no se justifica”, teniendo en cuenta “el monto de inversión que se necesita para construir siete plataformas y toda la estructura de oleoductos”. Este profesor de la Universidad Andina explica que, para minimizar los daños ambientales, será necesario utilizar tecnología punta, con oleoductos helitransportados que sustituyan a la construcción de carreteras. Sin embargo, el uso de esta tecnología incrementaría sustancialmente los costes de producción. “El Gobierno habla de un coste de 18 dólares por barril, pero esa cifra solo es posible si se utiliza una tecnología de alto impacto ambiental”. Además, Larrea recuerda lo ocurrido en el bloque 31, donde un estudio de la Universidad de Padua basado en fotografías satelitales demostró que Petroamazonas había construido amplias carreteras dentro del PNY, incumpliendo la legislación ambiental.

Por su parte, el exsecretario de la OPEP y exministro ecuatoriano René Ortiz, piensa que extraer el petróleo del ITT con una tecnología adecuada llevaría el precio de producción hasta los 50 dólares por barril. “Es un petróleo caro”, afirma. “Petroamazonas se está pegando un tiro al pie. La razón que hay detrás es la deuda de Ecuador con China, que tiene que pagársela con petróleo”, expone Ortiz. Según la base de datos del Diálogo Interamericano, Ecuador debe a China 15.200 millones de dólares.

EL PAIS ha contactado con el Gobierno ecuatoriano y Petroamazonas para recoger sus opiniones, pero ninguna institución ha accedido a hacer comentarios.

La lucha por la conservación del Yasuní

En su lucha contra la explotación del ITT, ecologistas de grupos como Yasunidos argumentan que la mayor riqueza que alberga el Yasuní es su biodiversidad, no sus hidrocarburos. Pese a que algunas partes del PNY llevan años siendo explotadas por empresas como Repsol o la italiana Agip, el ITT, que limita con Perú, era uno de los últimos reductos de selva virgen. El Gobierno alega que la explotación del ITT solo afectará al uno por mil del Parque. Muchos expertos desmienten este dato, por estar calculado solo en base a la deforestación y no tener en cuenta otros impactos como el ruido, la llegada de colonos o los posibles derrames.

Como alternativa a la explotación petrolera, algunas comunidades cercanas al Yasuní han iniciado proyectos de ecoturismo. Es el caso de la comuna de Martinica, que gestiona la iniciativa Yaku Warmi —‘mujer del agua’ en kichwa— en la ribera del río Cocaya. “Acá solo nos dedicamos al turismo, estamos orgullosos de tener intactos a los animales”, revela Manuel Coquinche, coordinador turístico de la comunidad. En Martinica, que forma parte del programa estatal de conservación ambiental Socio Bosque, es fácil observar delfines rosados, monos aulladores o anacondas. “Nosotros estamos bien concienciados de cómo se comportan las compañías petroleras o cualquier institución que quiera manipularnos”, declara un Coquinche convencido de que el turismo representa una alternativa real al petróleo para las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana.

El Yasuní es considerado por los biólogos como una de las áreas más biodiversas del planeta. Cuenta con una ubicación única, al converger en su seno tres aspectos clave: la línea ecuatorial, su proximidad a la cordillera andina y su emplazamiento dentro de la selva amazónica. Esto genera unas condiciones que permiten que en una sola hectárea del Yasuní se encuentren hasta 655 variedades de árboles, una cifra similar al total de especies nativas de Estados Unidos y Canadá juntos. Esta megadiversidad supone un recurso que, según Larrea, no solo serviría al desarrollo de Ecuador, sino al mundo entero. “Para combatir enfermedades como el zika, necesitamos encontrar medicamentos nuevos y el 80% de esos descubrimientos provienen de las propiedades de las plantas o animales, principalmente de las selvas tropicales”.

El Yasuní alberga a varios pueblos no contactados que están viendo amenazada su existencia por la explotación petrolera

Aimismo, el Yasuní alberga a varios pueblos no contactados que están viendo amenazada su existencia por la explotación petrolera. Además de indíegnas kichwas y waoranis —quienes habitualmente son la mano de obra barata utilizada por las petroleras—, en esta selva también habitan pueblos en aislamiento voluntario como los tagaeri taromenane. Se trata de poblaciones seminómadas que viven de la caza y que ven afectada su forma de vida con la construcción de carreteras que cortan sus territorios y con la llegada de una industria ruidosa que provoca la huida de los animales, su fuente de alimento. Según David Suárez, de la Fundación Labaka, “los detritos de la explotación petrolera acaban contaminando los ríos, que se vuelven cañerías de deshecho industrial y privan de su uso a los pueblos que viven en la zona”.

Por otra parte, las comunidades indígenas ya integradas al Estado ecuatoriano también sufren agrias divisiones internas y observan cómo su cultura se diluye con el petróleo. Suárez describe cómo “la comunidad queda reemplazada por la comunidad del dinero. Por ejemplo, en la comuna de Chiro Isla, que ha entrado mucho en la dinámica petrolera, la gente ha decidido ya no hacer asambleas”. Para Holmer Machoa, originario de la comuna de Llanchama, el principal legado de la petrolera “es que nos ha venido a dividir a las comunidades, a pelearnos entre familias, entre hermanos”.

Ajenos a las consecuencias globales del fin de la iniciativa Yasuní-ITT, los habitantes del río Napo se debaten entre la esperanza y el desencanto. Mientras algunas comunidades ven en la llegada de la petrolera una forma de mejorar sus condiciones de vida y de dejar de ser olvidados por el estado, otras se lamentan por haber vendido su territorio sin recibir a cambio lo prometido. Es el dilema del petróleo en el Yasuní-ITT. Echando la vista atrás, Eleuterio piensa que el crudo les ha traído más problemas que beneficios. En la otra orilla del río, a Laureano le brillan los ojos cuando habla del futuro. Cree que la petrolera traerá a Puerto Miranda el ansiado desarrollo. No obstante, sabe que la comunidad tendrá que luchar por ello. “Vamos a exigir que se cumpla el convenio y, si no lo hacen, tiraremos árboles al río para que no pasen sus lanchas. Hasta que cumplan”, sentencia.