Algo se mueve

Algo se mueve en Cataluña. Es la posición del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre el futuro del procés independentista. Antes, durante y después de la Diada se ha distanciado de la idea de un referéndum “unilateral” —ilegal y en rebeldía— sobre la independencia.

Sin oponerse a él contundentemente, Puigdemont deja entender que descarta del todo el llamado RUI por el que viene clamando su aliado antisistema, la CUP, que pregona la desobediencia a las instituciones y el desacato a la ley, y sin embargo le ha prometido su apoyo en su próxima cuestión de confianza.

Vuelve el president al inicio del procés al propugnar un referéndum “con todas las garantías”, “factible”, “seguro” e “integrador”. Algo solo posible si su contenido fuese constitucional (eludiendo preguntar sobre la ruptura del Estado); su ámbito, el de toda la ciudadanía española; su carácter, consultivo; y su convocatoria, pactada, y a cargo del Gobierno, según el artículo 92 de la Constitución.

Y si no fuese factible, optaría por convocar para 2017 unas elecciones que teñiría del carácter de “constituyentes” —en realidad, autonómicas—, otro sucedáneo imposible, similar al de las fracasadas elecciones “plebiscitarias” del 27-S de 2015.

Pero lo sustantivo de la nueva posición del jefe actual del nacionalismo catalán no son esos barroquismos. Sino que pone coto a la CUP. Que sortea una proclamación formal separatista. Que considera de facto inválida la consulta del 9-N, pues propugna repetirla “con todas las garantías”, sonoro correctivo al protagonista de la misma, su predecesor Artur Mas. Que reconoce que con la secesión exprés no se va a ninguna parte, pues carece de mayoría, sentido y reconocimiento internacional, amén de recibir un (aunque notable) menor calor popular, como se vio en esta Diada. Y que hay que hacer más política (abrirse a otros sectores) y repetir menos los viejos dogmas.

Con ello pretende agregar al movimiento de Ada Colau, que dice ser soberanista y pretender el “derecho a decidir”. Pero la (poco elaborada) idea de un referéndum de autodeterminación de los comuneros y de Podemos —primero de Cataluña y después, en las autonomías que se encaprichen del modelo— es ajena a la Constitución y al Derecho internacional, que solo reconoce tal cosa a las colonias y a los territorios perseguidos por la violencia y la dictadura.

Por supuesto que hay salida al problema: basta buscarla. Y por supuesto que los ciudadanos deben ser consultados sobre su futuro, pero no en festivales binarios, ilegales y aptos para toda demagogia, como se ve en consultas de otros países.

Hasta ahora, la mejor propuesta para salir al encuentro del malestar de los catalanes por las trabas a su autobierno, su financiación y su peso cultural es la de una reforma federal de la Constitución que han formulado los socialistas. No en vano la mayor parte de la población mundial vive en países de régimen federal. No en vano el federalismo es un excelente instrumento para reconocer las diferencias y cohonestar lo diverso: no para separarlo.

Debería el PSOE, ante la estéril cohabitación de la ausencia de propuestas de la derecha y las imposibles ensoñaciones secesionistas, retomar con fuerza su propuesta, cuya sensatez le honra, aunque la propague con cautelosa sordina.

Una propuesta que en su momento incluye referendos, desde luego, pero sobre textos pactados, constitucional y estatutario. Y quizá alguno adicional, si se abre paso la idea de un retoque constitucional por la vía rápida (previo a una reforma global) mediante una disposición adicional específica. Lo que resulta insensato es que esta cuestión —el primer problema político del país— concite tanto silencio.