Escándalo clave

Francisco Correa, el principal acusado por el caso Gürtel, puso ayer en evidencia la falta de explicaciones del PP sobre los muchos años en que este partido convirtió el soborno masivo y la presunta corrupción de cargos públicos en el método natural de financiación de parte de sus políticos.

Correa, para quien se piden más de 100 años de cárcel, puso el foco en la etapa en que el Partido Popular estuvo dirigido por José María Aznar, tiempo en que asegura haber pasado más tiempo “en Génova” —la sede nacional del PP— que en su despacho. Afirma que sus actividades en el edificio central del PP terminaron "en 2004 o 2005", coincidiendo con el nombramiento de Rajoy como presidente del partido; pero deslizó que a partir de entonces empezó a trabajar para el PP valenciano —claramente en la órbita de Rajoy— hasta la desarticulación de la trama en 2009, por orden del entonces juez Baltasar Garzón.

¿Significa esto que la nueva dirección del PP, capitaneada por Rajoy, supo de las andanzas de Correa y en lugar de poner fin a ellas o denunciarlas prefirió trasladarlo de puesto, como se hace con un colaborador incómodo? Esa aclaración, como tantas otras que se han hurtado a la ciudadanía, sería imprescindible.

Correa reconoció un copioso catálogo de comportamientos irregulares, tanto de sí mismo como de un friso de políticos con notables responsabilidades al lado de Esperanza Aguirre en el PP madrileño, así como de Luis Bárcenas, exgerente y extesorero de la organización central. También de Jesús Sepúlveda, exalcalde, antiguo parlamentario nacional y exmarido de Ana Mato.

Tras la declaración de Correa vendrán otras de los aludidos por él, que sin duda tratarán de contrarrestar las confesiones del jefe de la trama. Por eso, y con independencia de cuál sea el futuro de los acusados, lo que subsiste es la falta de explicaciones del PP sobre el irregular funcionamiento de este partido y el falseamiento de la competición electoral que se produce cuando el dinero ilícito financia campañas electorales y otros vistosos actos (convenciones, primeras piedras, etcétera) destinados a cuidar la imagen de los políticos.

Las consecuencias han sido duras. El PP fue sancionado por los electores con la pérdida de la mayoría absoluta en 2015 y su implicación en graves asuntos de corrupción ha complicado notoriamente sus relaciones con partidos que, en circunstancias menos oscuras, habrían sido bastante más fluidas. La corrupción ha tenido mucho que ver con los diez meses de bloqueo político acumulados en España. Por lo tanto, Rajoy y los suyos tienen mucho que explicar y que rectificar.