Ser pobre en el país más feliz de América Latina

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Cristóbal Colón se precipitó al nominar a Costa Rica. Según la teoría más extendida, la llamó así al pensar que encontraría grandes cantidades de oro en el litoral. Pero no había ni rastro de metales preciosos y pronto se convirtió en una de las provincias más pobres y atrasadas del imperio español. Mucho tuvo que cambiar hasta llegar a ser uno de los países más prósperos de América Latina y, también, el más feliz, como ratifica cada año la ONU. Con dicha o sin ella, sin embargo, una quinta parte de sus habitantes vive en la pobreza, algo que el Gobierno trata de solucionar con un programa integral de asistencia para sacar del pozo a los que sufren una situación más extrema.

Al ver la casa de Víctor Manuel Garbanzo nadie diría que se encuentra en esta circunstancia. Su hogar está entre el 6% que vive en la pobreza extrema en este país centroamericano de 4,6 millones de habitantes. Es decir, sus ingresos per cápita están por debajo del precio de la canasta básica, un conjunto de alimentos seleccionados de acuerdo con su aporte calórico y su frecuencia de consumo. Pero impoluta, coqueta, presidida por un hermoso jardín de flores de colores y con un huerto tropical en la parte trasera, su vivienda casi recuerda a una apacible residencia vacacional.

Las apariencias engañan. Las cosas se empiezan a aclarar cuando muestra el rancho (algo parecido a una chabola de madera) destartalado e insalubre donde vivía con su familia hace solo unos años. Y se terminan de entender al oír su historia. Aquejado de una enfermedad dermatológica difícilmente compatible con su ocupación de jornalero, durante años le ha faltado incluso qué comer. Las peonadas de sol a sol en la región del Brunca, en el sur del país, en el litoral pacífico, le causan ampollas que le dejan la piel rajada al secarse, así que tiene que estar largas temporadas retirado del campo y sin aportar ingresos a su familia. Paula Rodríguez, su esposa, inmigrante nicaragüense, de vez en cuando hace labores agrícolas o trabajillos que van saliendo, pero solo cuando tiene con quién dejar a su pequeña Daniela, de dos años. Poco tiempo antes de eso cuidaba a David, que ahora tiene 15 y quiere estudiar Informática.

Una quinta parte de los 4,6 millones de costarricenses es pobre. A un 6% no le alcanza ni para comprar los alimentos básicos

¿Y de dónde sale entonces la casa? La respuesta está en el Estado. La Constitución costarricense establece que sus ciudadanos han de residir en una vivienda digna y los Gobiernos, en la medida de lo posible, tratan de hacerla cumplir. Los subsidios que presta desde hace tres décadas han posibilitado que entre 250.000 y 300.000 familias accedan a una. A pesar de ello, las estadísticas oficiales dicen que todavía un 10% de la población vive hacinada. Aunque ni son inmediatas ni benefician a todos los que lo necesitan, tras una evaluación la Administración aporta ayudas tanto para comprar lotes (terrenos) cuando la familia no los tiene como para edificar su casita.

La familia Garbanzo-Rodríguez, además, fue una de las 27.334 que entró hace casi dos años dentro del programa Puentes al Desarrollo. Es la principal estrategia del Ejecutivo para terminar con la pobreza y reducir la desigualdad. "Ayuda a las familias a recuperar sus capacidades funcionales, incentivando sus emprendimientos y dando oportunidades concretas para romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza", señala Patricia Jara, especialista en protección social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que colabora con el Consejo Presidencial Social y brinda asistencia técnica al Instituto Mixto de Ayuda Social, que ejecuta este programa.

Con las estadísticas oficiales, designó los 76 distritos más necesitados. La mayoría están en la región Brunca y en la provincia de Limón, en la costa caribeña. Son áreas rurales donde la tasa de pobreza duplica holgadamente a la urbana (un 36% frente a un 16%). Allí la población se encuentra dispersa, al contrario que en el Valle Central, que alberga a la mayoría de los habitantes del país (un 65%) y a sus mayores ciudades gracias al crecimiento —económico y demográfico— que aportó la industria cafetera a partir del siglo XIX.

Así que, aunque obviamente esta zona central no está libre de miseria, el programa se ha concentrado en las áreas rurales, al menos en su primera fase, que comenzó hace casi dos años y está ahora tocando a su fin. En esos 76 distritos se localizaron y evaluaron los hogares en pobreza extrema (en realidad muchos) para determinar cuáles necesitaban más urgentemente la ayuda.

Los subsidios que el Gobierno presta desde hace tres décadas han posibilitado que entre 250.000 y 300.000 familias accedan a una vivienda digna

A cada familia se le asigna lo que llaman un cogestor, un trabajador social que la acompaña y establece hasta 41 metas —en función de cada caso— y trata de que se alcancen en esos dos años. Pueden ser préstamos para un emprendimiento, ayudas con el acceso a salud o educación, formación laboral de acuerdo con las aptitudes del beneficiario, una subvención para la casa o el lote, mejorar la que tienen si está deteriorada, equipar el hogar con internet o una computadora… Además, cada hogar seleccionado recibe en este periodo un pequeño sueldo o pensión de 75.000 colones mensuales (unos 125 euros).

“La idea es que la familia tenga cubiertas sus necesidades básicas mientras nosotros les asesoramos para que sean capaces de explorar espacios de inserción laboral que les permitan progresivamente la independencia económica. También les damos orientación, ya que es frecuente que ni siquiera sepan muy bien a qué ayudas pueden acceder”, explica Karolina Carrillo, una de las cogestoras del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el organismo público encargado de implementar el programa en Pérez Zeledón, una de las dos provincias de la región Brunca.

Allí, Carrillo visita a una de las familias de las que se siente “más orgullosa” por sus progresos en estos años. Es la de Shirley Herrera, una mujer de 34 años que saca adelante a sus cuatro hijos de 13, 11, 10 y un año. Todos ellos vivían hacinados en un “ranchito” dentro del terreno de la casa de sus padres, que reciben una modesta pensión de 128.000 colones mensuales (unos 211 euros). “Dormíamos los cinco en un cuarto, con colchones en el suelo”, cuenta mostrando la precaria edificación de tablones que aún sigue en pie junto a su nueva casa.

El inicio del programa le pilló en pleno embarazo de su hija pequeña. A los seis meses ni siquiera había ido al ginecólogo porque pensaba que, al no estar trabajando, no tenía derecho. Una de las primeras medidas de su cogestora fue buscarle un médico para que la viera y, a partir de ahí, se pusieron con el papeleo para construir su casa dentro de la parcela de sus padres. “Ahora su situación no es ideal, porque son cinco en solo dos dormitorios, la idea es poder ampliarla, pero han mejorado sustancialmente”, explica Carrillo. Becas para el colegio de los hijos y un curso de repostería que le permite ingresar de vez en cuando algún dinero con la venta en el barrio son otros cambios en su vida.

El programa Puentes al desarrollo trata de dar las herramientas necesarias a las familias en extrema pobreza para que salga de esa situación

Pero la ayuda pronto se acabará y Shirley sigue sin tener trabajo. Aunque la idea de Puentes al Desarrollo es conseguir la inserción laboral y la independencia económica de los beneficiarios cuando su primera fase toca a su fin (ahora están seleccionando hogares para la segunda), son muchas las familias que no han conseguido el objetivo. En esos casos, el cogestor hace una evaluación. Si los beneficiarios han puesto de su parte, se puede prorrogar; de lo contrario, se retira la asignación mensual y el apoyo del trabajador social.

En opinión de Jorge Vargas Cullell, director de la ONG Estado Nación, uno de los grandes déficits de Costa Rica, un país que destina un 23% de su presupuesto a programas sociales —muy por encima de sus vecinos—, es que no ha habido un verdadero “plan ambicioso” de empleo. “Se queda en programitas pilotos de pequeña escala. Se generan fuertes tensiones porque lo que el mercado no genera no puede corregirlo la política social; no es su función, puede asistir, capacitar, pero el 80% del empleo está en el sector privado”, explica.

Al borde de completar el plazo, Garbanzo pone muchas esperanzas en que le prorroguen la ayuda de 75.000 colones mensuales: “Sin ella, lo volveríamos a pasar mal”. Con su casa mejorada gracias al programa, un caballo que le ayuda en las labores agrícolas comprado con un préstamo que tramitó su cogestor, un pequeño huerto que les aporta algunas frutas para el autoconsumo y unas cuantas aves que venden y comen a partes iguales, todavía no tiene suficiente para ser independiente. “100 pollos”, repite una y otra vez. “Con eso sí podríamos salir adelante, porque las ventas irían dando para el pienso y para comprar más”, relata en una especie de cuento de la lechera en el que a él sí le salen las cuentas.

Hugo Elizondo, el trabajador social que le asiste, le contesta que tienen que estudiar un préstamo, pero para ello él o su esposa deberían asistir a un curso de emprendimiento. En su caso, sería previo paso por la escuela de adultos para aprender a leer, ya que es analfabeto. “Fui ocho años al colegio, pero solo peleaba”, ríe. Para poder recibir hay que capacitarse y mostrar voluntad. Esa es la tabla de salvación para continuar dentro del programa. “Si otros han podido, usted también”, le replica Elizondo cuando Garbanzo arruga el gesto ante la idea de aprender a leer a los 57 años.

Uno de los problemas son los desplazamientos. La casa de la familia Garbanzo está bastante apartada de Golfito, la ciudad más cercana. Se llega tras unos 45 minutos por caminos de tierra. Casi nada en comparación de las tres horas que hay que caminar por la selva para llegar a algunos poblados indígenas, o las siete que ha de recorrer un compañero de Elizondo en otra zona. Para los habitantes, estas distancias son un obstáculo más: tienen que prosperar en un entorno de oportunidades muy limitadas con comunicaciones muy deficientes.

En la parcela contigua a la de los Garbanzo-Rodríguez, Elisabeth Sánchez se las arregla para ir un día por semana a un curso de estética que le ha pagado Puentes al Desarrollo. A punto de finalizarlo, ya recibe a clientas en casa para cortarles el pelo y tramita un préstamo para abrir un pequeño salón de belleza. Entretanto, ella y su familia —marido y tres hijos— aguardan un inminente desahucio de la casa donde viven. “Ya tenemos preparado un sitio donde están mis padres cuando eso suceda, pero también solicitaremos la ayuda para conseguir nuestra propia casa”, explica.

Los resultados preliminares del programa dan lugar a la esperanza. El número de personas en pobreza extrema se ha reducido casi a la mitad y un 10% ya ni siquiera son pobres, según un nuevo índice multidimensional que mide variables más allá de los ingresos, como son el acceso a educación, sanidad y protección social, el estado de la vivienda o el uso de internet. El dato proviene de una encuesta a 400 de las familias beneficiarias, pero todavía hace falta una evaluación más exhaustiva cuando concluya la primera fase. Según el director de la ONG Estado Nación, ese ha sido precisamente uno de los déficits de los programas gubernamentales anteriores: que no había evaluaciones adecuadas: “Cada Administración ha puesto en marcha una táctica para reducir la pobreza, pero muchas veces la burocracia ha fallado y no se sabía ni cuántas ayudas recibía una familia”. En el Gobierno actual dicen que ese es precisamente uno de los cambios de paradigma de Puentes al Desarrollo, además de una visión integral en cada familia para acompañarlas a salir de la pobreza.

Este reportaje ha sido posible gracias a la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).